El combate a la corrupción ¿Arma política?
JUAN GÓMEZ
El martes pasado el gobernador electo de Zacatecas, David Monreal Ávila, puso el dedo en la narrativa que caracterizará a su próxima administración que iniciará el 12 de septiembre, al puntualizar dos temas torales: la presunta corrupción en el Issstezac y en el Fideicomiso Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Economía a cargo de Carlos Fernando Bárcena Pous.
A 28 días de que rinda protesta ante la 64 legislatura zacatecana, el gobernador electo construye la nueva narrativa sobre la base de presuntos actos de corrupción en algunas áreas de la actual administración.
Es un escenario muy parecido al que intentó construir Miguel Alonso Reyes cuando asumió el cargo de gobernador constitucional del estado.
En su toma de protesta (12 de septiembre de 2010), Alonso Reyes descargó toda su ira personal en contra de su antecesora, la perredista Amalia García Medina, cuando dijo:
La sociedad está agraviada por la insensibilidad, el abuso de poder, la indolencia, el nepotismo y la corrupción.
Frente a la ex mandataria y hoy diputada federal electa por Movimiento Ciudadano, Alonso Reyes ordenó a su nuevo gabinete “verificar las cuentas públicas y el destino de los recursos”.
La suerte estaba echada. Amalia García sería perseguida jurídicamente con la intención de privarla de su libertad. No pudo Alonso Reyes.
El 20 de septiembre de 2012, dos años más tarde, la ex mandataria zacatecana obtenía el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se declararan nulas las auditorías que se practicaron a su gestión, y en las que supuestamente se habían detectado irregularidades por 1,500 millones de pesos.
Algo similar podría ocurrir en cuanto a la construcción de una narrativa gubernamental por presuntos actos de corrupción en la administración de Alejandro Tello Cristerna.
Por cierto, el mandatario estatal ha sido muy escrupuloso respecto a las acusaciones que ha recibido por parte de integrantes de Morena.
El 20 de noviembre de 2019 Tello Cristerna dio a conocer que había interpuesto una denuncia por difamación ante la Fiscalía General de la República, en contra de la senadora Soledad Luévano Cantú.
La legisladora zacatecana de Morena había publicado en su cuenta de Twitter que “Miguel Alonso y Alejandro Tello recibieron miles de millones de pesos del fondo minero y esos recursos se perdieron entre moches, desvíos y diezmos”.
Ante esta publicación el mandatario replicó “no voy a permitir que se me calumnie, que de manera irresponsable se me señale por malos manejos del Fondo Minero, no lo voy aceptar. No aceptaré que se manche mi nombre o el de mi familia”.
La última denuncia por calumnias que presentó el gobernador Tello Cristerna fue el 19 de mayo del presente año, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y una queja administrativa ante el Instituto Electoral del Estado (IEEZ) en contra de Lucía Venegas y Blanca Lilia Rodríguez Barragán (secretaria general del Comité Ejecutivo estatal de Morena).
Ambas personas lo habían denunciado mediáticamente, por presunta intervención con recursos públicos en el proceso electoral pasado.
El discurso político de la transición que se construye en este momento es muy diferente. No alude directamente al mandatario estatal, pero puntualiza presuntos actos de corrupción en el Issstezac y en el citado fideicomiso a cargo de Carlos Fernando Bárcena Pous, el secretario de Economía que impresionó al gobernador Tello por su dominio del idioma inglés, pero que no respondió a la expectativa, sino todo lo contrario.
Monreal Ávila señaló que en el Fideicomiso Zacatecas se hicieron 200 movimientos irregulares, entre los que destaca la venta de terrenos a 50% por ciento sobre su costo real –“están en ganga los terrenos del (gobierno del) estado”-.
Los terrenos que se vendieron en casi 50 millones de pesos están ubicados en: parque industrial Osiris; Parque Industrial Aeropuerto, así como la venta y transacciones en el complejo de naves microindustriales La Zacatecana; autorizaciones al esquema de pagos en tarifas de agua potable, saneamiento y descarga sanitaria de 2018 hasta marzo de 2021 y deudores diversos, de acuerdo a lo que detectó en esa área la comisión de recepción.
El gobernador electo también mencionó que se han detectado irregularidades en el proyecto de movilidad del transporte público Platabus y en el registro de 280 movimientos administrativos para el otorgamiento de bases y recategorizaciones.
Al respecto Monreal Ávila sostuvo: no voy a permitir actos de corrupción, ni que los funcionarios salientes hagan su Año de Hidalgo a costa del patrimonio del estado.
Así se está construyendo la nueva narrativa con la que iniciará la próxima administración morenista en Zacatecas, en la que el gobernador Tello empezó con unas finanzas asfixiadas por el fuerte endeudamiento que le dejó su amigo Miguel Alonso, lo que se complicó con el freno que metió el gobierno federal desde 2018, al desaparecer los fideicomisos y suspender las obras de infraestructura programadas en el estado, entre las que destaca la construcción de la carretera de cuatro carriles a Aguascalientes.
Lo que es un hecho es que la corrupción en Zacatecas no ha sido controlada. La creación del Sistema Estatal Anticorrupción no ha dado los resultados esperados y proyecta una gran frustración social.
En la pasada sesión ordinaria del Comité Coordinador de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, Arturo Nahle García los exhortó a asumir de manera más efectiva su función.
Estas sesiones deben ser más productivas; para que nos exijan, para que nos pidan cuentas, para que nos truenen los dedos a las instituciones que conformamos este sistema.
El magistrado lamentó la renuncia de dos de los integrantes del sistema, motivos que no ha dado a conocer el organismo, las causas y los motivos de la salida.
¿Cómo combatir la corrupción con instituciones débiles, ineficientes, en un escenario en el que prevalecen las venganzas o vendettas políticas?
Al tiempo
Twitter: @juangomezac
