El campo. Veinte años de TLC y seguimos peor

JOSÉ NARRO CÉSPEDES *

El jueves pasado, en la ciudad de México, se movilizaron alrededor de 18 mil campesinos pertenecientes a 16 organizaciones nacionales, para exigir un nuevo Acuerdo Nacional para el Campo y la instauración de nuevas políticas públicas diseñadas para combatir el hambre, toda vez que la llamada Cruzada Contra el Hambre ha producido más hambre que la que combate, ya que esta es, y así ha sido demostrado, una herramienta electoral.

Hace 20 años (1993) se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los gobiernos de México, los Estados Unidos de América y Canadá que se firmó en 1993 y entró en vigor el 1 de enero de 1994.

Antes de que entrara en vigencia, se declaraba en los tres países que traería muchos beneficios. Se decía, por ejemplo, que el TLC aumentaría el crecimiento económico, crearía empleos, ayudaría al medioambiente, y reduciría la migración desde México hacia el Norte. También se prometía que México, con su participación en este tratado, se convertiría en un país desarrollado, del Primer Mundo.

Nada más alejado de la realidad. Y en cuanto al campo, este ha sido devastado con el TLCAN, además de que los gobiernos no le han dado la importancia que merece el campo mexicano, como prepararlo para competir con sus contrapartes de Estado Unidos y Canadá.

Desde la apertura total del Tratado en 2008 México pasó de ser autosuficiente en la producción alimentaria a depender de las importaciones estadounidenses, por lo que pareciera que el exterminio del campo ha sido planeado por administraciones insensibles, convencidas de que es mejor comprar productos a otros países.

Ante la situación de abandono, el TLCAN se ha traducido en la expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus parcelas que se vieron obligados a emigrar a Estados Unidos en busca de trabajo, o peor aún, unirse a grupos del crimen organizado que operan en nuestra nación.

Además el gobierno ha dejado en el abandono el financiamiento a la agricultura, cancelando programas de educación y asistencia técnica para agricultores y reduciendo de manera agresiva los presupuestos destinados al campo.

Aunado al TLC, en 2003 se firmó el Acuerdo Nacional por el Campo, el cual fue pensado como la creación de políticas de Estado encaminadas a dignificar al campo.

A decir del entonces presidente Vicente Fox, fue el inicio que el campo necesitaba para comenzar a ser competitivo y equitativo en su desarrollo integral y hoy a diez años este acuerdo está prácticamente agotado y hay que ir por un nuevo acuerdo.

En la firma del Acuerdo Nacional por el Campo, no se revisó el TLC, ni se le hicieron adiciones a partir de los diagnósticos realizados por las organizaciones campesinas y el Gobierno de la República.

Resultado de la implementación del TLC y el Acuerdo Nacional para el Campo, no hay financiamiento en el campo, seguimos teniendo el 0.7% de crédito en el campo y el que hay lo dan a un sector elite de productores y se ha fortalecido a los acaparadores y al coyotaje, quienes se enriquecen a costa de la descapitalización de los productores rurales.

Desde hace 20 años, la banca no tuvo presencia en la actividad agrícola y dejó de invertir en la producción de granos básicos, la ganadería y se dejó a la suerte de la contratación de créditos con proveedores o con algunas microfinancieras.

Así, se observa un incremento en las importaciones de alimentos, toda vez que el eje rector del Acuerdo tenía que ver con garantizar la Seguridad y la Soberanía Alimentaria, pero hoy lo que tenemos es el panorama de que dentro de 15 años, tendremos una dependencia del 70% en los alimentos.

A diez años de la firma del Acuerdo Nacional por el Campo, existe un incremento de personas en situación de pobreza y de 2006 a 2012 se duplicó la pobreza alimentaria en las zonas rurales y urbanas.

Por ello, es forzosa la revisión de los acuerdos firmados con el Gobierno de la República, pues estamos igual o peor que antes, como si no hubiera no hubiera pasado nada.

Así, un Nuevo Acuerdo para el campo es tiene que actualizar el diagnóstico, tratar de precisar metas muy precisas en materia de productividad, señalar con mucha claridad la cantidad que debe de canalizarse por la vía del financiamiento, y hacer un uso más eficiente del gasto público.

Es un hecho, hoy la Secretaría de Agricultura se ha convertido en una fábrica de pobres, toda vez que el 80% del presupuesto se lo otorga al 10% de los productores y las reglas de operación publicadas están diseñadas para sectores de agricultores medios o grandes.

Este esquema ha conducido al empobrecimiento de la gente y al rezago, por lo que hay una situación de emergencia.