El aguinaldo en las universidades «en crisis»
MARÍA DEL SOCORRO CASTAÑEDA DÍAZ
Esta semana, la penúltima de 2018, ha tenido increíblemente, algunos episodios que tienen que ver con uno de los puntos más delicados, más sensibles, más sagrados de las personas: el trabajo. La Ley Federal en la materia, exactamente en su artículo tercero, enuncia que el trabajo “[…] es un derecho y un deber social” Pero, además, esa misma ley en el Artículo 87 deja muy claro que “los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos”. Pero por favor que alguien se lo vaya a explicar a los señores rectores de las 10 universidades públicas “en crisis” que hay en el país, que en los últimos días, gracias a su irresponsabilidad, por poco dejan sin aguinaldo a miles de trabajadores, entre académicos y administrativos.
Y bueno, aquí el asunto se complica, porque antes de hablar de los aguinaldos de los trabajadores universitarios, habría que contextualizar y recordar que en México actualmente hay 10 universidades públicas que tienen un déficit de alrededor de 19 mil millones de pesos. La lista de las instituciones está integrada por “la Michoacana, la Veracruzana y las autónomas del estado de México, Morelos, Benito Juárez de Oaxaca, Sinaloa, Juárez de Tabasco, Chiapas, Zacatecas, y Nayarit, con un total de 540 mil estudiantes, cifra que representa 32 por ciento del total de la matrícula en universidades públicas estatales”, según datos reportados por el diario de circulación nacional La Jornada en noviembre de este año.
Triste situación, sin duda, porque, además, parece dar razón al economista Eduardo Loría Díaz de Guzmán, quien en su libro La competitividad de las universidades públicas mexicanas. Una propuesta de evaluación, explica que “la mayoría de las instituciones públicas de Latinoamérica ni siquiera han cuestionado su propio desarrollo y su función dentro de sus sociedades respectivas”.
Como sea, las universidades, como formadoras de profesionistas que, idealmente, en el corto o mediano plazo serán una parte productiva de la comunidad, tienen una responsabilidad social que, Martínez y Picco (citados por Núñez y Alonso) definen como el “conjunto de actuaciones […] resultado de la ejecución de su Proyecto Institucional, donde declara explícitamente – a través de su visión y misión – la orientación y coherencia de sus valores y actividades con la búsqueda de la felicidad de los seres humanos; y de la consolidación de una sociedad más justa y equilibrada con objetivos de largo plazo que permitan lograr las condiciones necesarias, suficientes, para que nuestro planeta Tierra sea un hogar confortable para las futuras generaciones”.
Y así suena muy bien. Nada más noble que contribuir a tener un mundo mejor, a partir de la formación de las y los jóvenes. El problema es cuando, a la indiferencia de las propias instituciones, a la falta de compromiso con su verdadera misión, se suma la defensa de intereses que van más allá de lo académico y que se refleja en manejos dudosos de los recursos económicos que deberían ser sagrados, porque representan ya no digamos el desarrollo de las universidades, sino hasta su propia supervivencia.
De acuerdo con el ya citado investigador Loria Díaz, “a las autoridades universitarias y ejecutivas del país les ha quedado muy claro que la estabilidad política de la UNAM y de las universidades estatales es materia de seguridad nacional”. Este razonamiento, 12 años después de su publicación, sigue siendo válido, sobre todo si se considera la importancia de formar a un estudiantado tan numeroso en el país, y se toma en cuenta la esperanza que representa para ellos y sus familias la posible movilidad social que lograrán una vez que hayan concluido su formación profesional. Ese ya es un motivo para desear la existencia sana y serena de las universidades públicas. Está claro que formar a las juventudes es una manera de contener situaciones que podrían representar un peligro para la estabilidad del país. Más vale que las juventudes estén en las aulas. Esa es una de las formas de mantener en buenas condiciones el tejido social, es inútil negarlo.
Pero, además, para conseguir la buena formación del estudiantado, es conveniente que las y los profesores e investigadores tengan la garantía de que podrán desarrollar serenamente su trabajo, que serán respetados sus derechos y que en ninguna circunstancia se verá alterada su situación laboral, de por sí ya precaria, en algunos casos.
Sin embargo, todo parece indicar que se ha malentendido la existencia misma de las instituciones públicas de educación superior, que se fueron convirtiendo, con el paso del tiempo, por una parte, en la cuna de una élite cuyos privilegios parecen justificarse a partir de la preparación académica, y, por otra, en la caja chica de los gobiernos federales y estatales.
Vamos por partes. Cuando hablo de que las universidades públicas son cuna de una élite, me refiero a que en muchos casos y con honrosas excepciones, los académicos se convierten en personajes a quienes su posición en las universidades les permite demasiadas ventajas, principalmente económicas, que poco tienen que ver con la noble tarea de educar o investigar. La alta burocracia universitaria existe, y es vergonzosamente ostentosa. Una nota publicada en el diario de circulación nacional El Universal, realizada con base en una revisión de los portales de transparencia de las instituciones, señala que “al menos 14 rectores de universidades públicas del país perciben un salario neto mayor a los 108 mil 248 pesos” que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador fijó como su percepción mensual .
Así, podemos observar los 191 mil 843 pesos del director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, quien encabeza la lista, pasando por los 128 mil 746 del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, que aparece en el séptimo lugar.
Y no es por intrigar, pero parecería que lo que se reporta por transparencia no evidencia los ingresos reales. Ni está todo lo que es, ni es todo lo que está. Tampoco se trata de fingir inocencia. Las remuneraciones de estos seres privilegiados en realidad podrían ser mayores de lo que parecen.
Y muchas personas podrán saltar y decir airadamente que esas percepciones obedecen a la gran preparación, al esfuerzo personal, a la importante labor que por años esas personas han realizado a favor de la ciencia. Me atrevería a decir que eso no es tan cierto. Seguramente a lo que menos se han dedicado nuestros fabulosos rectores es a la academia, porque de hacerlo, no habrían tenido mucho tiempo para llegar al lugar que hoy ocupan. Más bien todo hace pensar que los rectores (parecería que el cargo es casi exclusivo de los varones, con excepción de las rectoras de las universidades autónomas de Quéretaro, de Occidente y la Veracruzana, detalle que tampoco es cosa menor) se han dedicado a la gestión, a la burocracia y a la grilla, más que a la formación del estudiantado o a la investigación científica. Y con todo respeto, eso no sería mérito suficiente como para contar con autos de lujo, choferes, guardias de seguridad, pago de comidas en restaurantes de primera y en hoteles de cinco estrellas cuando viajan al extranjero y, por supuesto, un trato casi monárquico. Y es que además, lo hemos visto quienes de una u otra manera hemos podido, por alguna circunstancia estar cerca de un Rector, éste es infalible, con esa infalibilidad que avalan los lacayos a quienes también les toca percibir un salario que es más alto mientras más cerca estén del dirigente, que se convierte en un funcionario de primerísimo nivel, rodeado de otros tantos que tienen la posibilidad de ser nombrados con alguno de esos nuevos títulos nobiliarios: licenciado, maestro, doctor, linaje reconocido por la sociedad mexicana, que parece muy necesitada de marcar distancias, diferencias, clases.
Y así, en los excesos, en la manera equivocada de entender a las universidades, algunos de sus máximos dirigentes, esos doctores que deberían hacer de todo para cumplir su responsabilidad social y entregar buenas cuentas a la comunidad que tanto espera de los nuevos profesionistas, se han convertido en cómplices de un sistema corrupto y han caído en situaciones tan vergonzosas como la llamada “Estafa Maestra”, fraude que se concretó “entregando 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales” y en el que “participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios” , pero que en una entrevista concedida a la publicación mexiquense Alfa Diario, descalificó así, sin más, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, diciendo que no es más que una investigación periodística (como si eso fuera poca cosa). De entrada, se trata de una investigación que obtuvo el premio “Ortega y Gasset 2018” , pero para el Rector mexiquense, trata “temas poco informados” porque desde su punto de vista “ahí están los datos” (de una primera auditoría relacionada con el caso) y según él, el tema de la investigación periodística sólo tiene que ver con una primera etapa de la auditoría, mientras una siguiente fase se refiere a que el Órgano Superior de la Federación determine la responsabilidad y luego se establezca una sanción. En esa entrevista, el Rector Barrera dijo simplemente que la investigación de Animal Político y la asociación Mexicanos contra la corrupción y la impunidad “no se apega a un sentido ético, más bien yo llamaría un fraude periodístico y sé lo que estoy diciendo, cuando tratas de aparentar una cosa que no es verdad”.
Y así, entre lujos excesivos, presuntos fraudes y formando parte de un sistema que les permitía de todo, los rectores de diez universidades llegaron al ajetreado fin de año de 2018, de frente a la famosa Cuarta transformación. Y ahí las cosas cambiaron.
No estoy aquí para relatar el drama de los trabajadores universitarios que vieron pisoteado su sagrado derecho a recibir el aguinaldo. Simplemente diré que el pago de la prestación llegó para las universidades en problemas un día después de lo que marca la ley, y el anuncio de la erogación del recurso se dio el 20 de diciembre a las 11:30 de la noche, rayando el caballo. Ver la fotografía de los rectores sonrientes y felices, y leer que, por ejemplo, en el caso del Rector de la UAEM hubo hasta quien le agradeció haber gestionado los recursos ante el gobierno de la República, es una vergüenza casi tan grande como saber que en el presupuesto asignado a las instituciones estaba considerado el rubro de Servicios Personales, que en el caso de la universidad mexiquense tenía considerados 4 mil 423 millones de pesos que simplemente en diciembre ya no estaban…
A fin de cuentas, lo que ocurrió fue un sainete (o casi, porque aún hay trabajadores universitarios que no han recibido el aguinaldo este día) en el que a fin de cuentas, el depósito llegó un día después del límite legal, y honestamente es muy probable que a la mayoría se le olvide y decida que lo mejor es no pedir cuentas a las autoridades de las diez universidades involucradas en temas que nada tienen que ver con la academia y que no deberían tener cabida en un ambiente que debería estar libre de cualquier sombra de corrupción, y en el que las personas deberían aspirar a una vida laboral sin presiones, sin la necesidad de recordar a cada rato que hay que ser “institucional” y ni siquiera mencionar las injusticias que saltan a la vista.
No se trata de pedir a los rectores que ganen poco. Se trata de exigirles que ganen lo razonable, que renuncien a los lujos, que si no pueden prescindir de éstos los paguen de su bolsa y que lo que quiten de su salario se reparta entre quienes tienen sueldos verdaderamente infames. Que quien estudia más, gane más, pero sin abusos y que quienes hacen los trabajos más humildes en las universidades puedan acceder a percepciones más dignas.
Que las universidades públicas de este país dejen de ser un lugar en el que reinan los egos y lo último que importa es el estudiantado. Que se toque la conciencia de los rectores y en lugar de exigir más presupuesto nos den cuentas sobre lo que hacen con los recursos que se les han dado a manos llenas, pero, sobre todo, lo que más se debe exigir en este momento crítico para la educación superior del país, es que quienes colaboran en las instituciones levanten su voz y exijan a sus autoridades cuentas claras. Que quienes han ocasionado los quebrantos financieros rindan cuentas ante la justicia y por fin los universitarios puedan trabajar con la serenidad que da saber que sus derechos laborales serán respetados. Que al menos en esto, sí ocurra una transformación.
¡Feliz Navidad a quienes tienen la paciencia de leer estas líneas!
