Día Internacional de la Juventud

LUIS GERARDO ROMO FONSECA *

El domingo pasado conmemoramos en el mundo el Día Internacional de la Juventud. Justamente, en un momento en que los jóvenes se encuentran en una encrucijada ante la pobreza, la violencia, el desempleo, la falta de oportunidades educativas y en un entorno abiertamente consumista y de deterioro ambiental. En nuestro caso, México no es ajeno a estas problemáticas y los jóvenes son quienes más las padecen; la mayoría de los habitantes del país.

De entrada, vale la pena mencionar que entre los años 2011 y 2020, cerca de 20.4 millones de mexicanas y mexicanos cumplirán 18 años. Todos ellos son parte del llamado “bono demográfico”; es decir, el hecho de tener una alta proporción de personas en edad productiva respecto a la población que hay que mantener. Sin embargo, para aprovechar esta condición, primero debemos incorporar productivamente a los millones de jóvenes del país a una educación de calidad y, posteriormente, al empleo.

Desafortunadamente, esta ventaja comparativa está siendo dilapidada a causa de la desigualdad y del mal desempeño económico de México, donde la población económicamente activa crece sistemáticamente a una velocidad superior a la de la creación de empleos formales (que además están mal remunerados). Hasta ahora, México pierde 2.8 billones de pesos anuales por no aprovechar su bono demográfico, “el cual irremisiblemente empezará a declinar en unos años”, alerta el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); en voz de su presidente, Gerardo Gutiérrez Candiani, ello obedece a que muchos mexicanos no encuentran empleo digno, ni oportunidades para vivir mejor y producir más.

Actualmente, la juventud mexicana tiene frente a sí un escenario muy adverso: existen 17 millones de jóvenes y 32 millones de menores que viven algún tipo de miseria, según señala el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía (FE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Así mismo, la cuarta parte de este segmento poblacional no cuenta con comida suficiente para una vida sana y activa; de los más de 36 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años, 9 millones padecen pobreza alimentaria (Pobreza “Multidimensional en los Jóvenes”. Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados). Indudablemente, los mayores afectados del actual modelo neoliberal son los jóvenes.

En materia laboral, los jóvenes están limitados a la oferta de trabajo de baja productividad y salario que no les garantiza un nivel de vida digno. Hoy en día, de los 16 millones que tenemos en el país en edad de trabajar, 1 millón y medio no encuentran una posibilidad de un trabajo; más de la mitad de los desempleados actuales tienen entre 14 y 29 años de edad, siendo el grupo de entre 20 y 24 años el más vulnerable, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). De esta forma, uno de cada cuatro jóvenes trabaja en la informalidad y más del 70% carece de servicios de salud otorgados por el empleador, con salarios precarios y sin protección jurídica; situación que les impide el goce de sus derechos laborales. Así mismo, al menos dos millones buscan empleo y sólo uno de cada tres lo encuentra en el sector formal. Cabe mencionar que tan sólo en la década pasada, la tasa de jóvenes sin empleo se duplicó a casi el 10.3% en México, según mediciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Paralelamente, el nulo crecimiento económico en México ha generado un mercado laboral cerrado marcado por la “precarización” del trabajo: únicamente 17 millones de los 48.4 millones de trabajadores cuentan con seguridad social. Entre ellos hay 15 millones que mantienen una relación laboral volátil con sus patrones por carecer de contratos legales; 14.2 millones trabajan en la informalidad, y otros 20 millones en micronegocios, tal como lo revela el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México. Esta disfunción del aparato económico no sólo está empujando a los jóvenes hacia el trabajo informal, sino también a considerar la posibilidad de participar de actividades delictivas. Basta observar que jóvenes de entre 14 y 21 años están involucrados en el 78% de los delitos cometidos.

Roberto García Salgado, profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, advierte que los jóvenes al mismo tiempo son víctimas y partícipes de la violencia: “viven un escenario de agresión estructural de Estado, dirigida hacia ellos, y algunos, por las condiciones geográficas y económicas en que se encuentran, se ven involucrados en el desarrollo de actividades como sicarios o en asuntos propios del crimen organizado”. Mientras nuestro país no crezca y no genere oportunidades de educación y ocupación suficientes para la juventud, ésta seguirá en riesgo de convertirse en ejército delincuencial de reserva.

Hoy en día, alrededor del 74% de la población económicamente activa sufre de rezago educativo: hasta el año 2008, 33 millones 429 mil 100 personas padecían de este problema, es decir, casi el 44% de la población de 15 años y más, y 74% de los 45 millones 200 mil personas que conforman la población económicamente activa. Conforme a lo anterior, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Juan de Dios Castro Muñoz, reconoció que la cifra oficial en cuanto al rezago educativo, actualmente es de 5.3 millones de personas analfabetas; 10 millones sin primaria y 16 millones sin secundaria. Vale la pena destacar que el sector más vulnerable es la población indígena que apenas cursa 1.5 años en la escuela, mientras que a nivel nacional el promedio alcanza los ocho años. Resulta preocupante que de los 660 mil mexicanos que abandonaron el país en 2011, poco más de 450 mil fueron jóvenes de 15 a 29 años de edad; y en las regiones con alta migración (como la nuestra), más del 40% de los jóvenes mayores de 15 años son susceptibles de abandonar la escuela para emigrar a los Estados Unidos.

En el nivel de la educación superior, hoy nos encontramos con una limitada capacidad de la educación pública para atender la demanda creciente de jóvenes que aspiran mejorar sus condiciones de vida a través del ejercicio profesional. No obstante, cada año miles de estudiantes son rechazados de las instituciones públicas: sólo el 20% de los aspirantes más pobres acceden a la enseñanza superior; en contraste, los estudiantes que cuentan con ingresos más altos tienen una probabilidad cuatro veces mayor de cursar una carrera universitaria. Por este motivo, las instituciones privadas han experimentado un crecimiento muy significativo y actualmente ya concentran un tercio de la matrícula de estudiantes de ese nivel (33.25%), es decir, un millón 180 mil 694 jóvenes. Según los especialistas, la demanda de acceso a la educación superior requiere aumentar la matrícula a un millón 700 mil estudiantes en el país. Ante estas cifras, es evidente que el estrato socio-económico en buena medida condiciona el destino educativo y laboral de los estudiantes de educación superior; la movilidad social en las universidades públicas se dificulta y persiste la inequidad en el acceso a este nivel educativo.

Justamente, el gobierno federal informó que este año se alcanzó el 32.6% en la cobertura a nivel nacional, pero todavía estamos por debajo de países como Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica, Bolivia y Venezuela. Esta insuficiencia también se explica por diversos factores; algunos de carácter regional, dependiendo del medio rural o urbano, así como por las condiciones imperantes en las zonas metropolitanas y de las características propias de cada entidad federativa. Como ejemplo, podemos observar que mientras en la capital del país el 57% de jóvenes acceden a la educación superior, algunos estados de la República mantienen tasas de cobertura que aún no alcanzan el 20%; entre los que podemos mencionar Querétaro, Oaxaca, Chiapas y, desafortunadamente, Zacatecas.

Como todos sabemos, la educación representa uno de los ejes más importantes del desarrollo de los pueblos; entre mayor sea la cobertura y mejor la calidad educativa, la sociedad de cualquier país tendrá mejores condiciones de vida. Tristemente, la tendencia en México a lo largo de las últimas tres décadas ha sido la contraria; y esta disparidad, podemos atribuirla al proceso de exclusión generalizada en el país. Ante ello, debemos trabajar para revertir las carencias y la violencia que tiene atrapados a miles de jóvenes; estamos ante la urgente necesidad de construir un modelo de nación incluyente que tenga como base la equidad social, mediante esquemas de política pública dirigidos al desarrollo integral de la juventud. Hasta la fecha, las instituciones públicas vinculadas a este segmento poblacional no han sido capaces de traducirse en un una mejora sustantiva de sus condiciones de vida. Tenemos que dejar atrás las estrategias gubernamentales que no pasan de ser medidas sectorizadas que sólo cubren -de manera clientelar- demandas coyunturales de algunos grupos.

Necesitamos cerrar las brechas de desigualdad; los jóvenes no pueden seguir siendo rehenes de la inseguridad y de la falta de oportunidades. No es posible tolerar más la erosión de sus condiciones de desarrollo y, con ello, cancelar desde ahora su futuro junto con el de México.

Tal como lo expresa el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon: “reconozcamos y celebremos todo lo que los jóvenes pueden hacer para construir un mundo más seguro y más justo y redoblemos nuestros esfuerzos por incluir a los jóvenes en las políticas, programas y procesos decisorios que benefician su futuro y el nuestro”. En sus propias palabras, los integrantes del movimiento #YoSoy132  reivindican con firmeza y claridad la capacidad transformadora de los jóvenes y su papel constructivo como agentes protagónicos de la sociedad:

“Somos aquellos que han encontrado nuevas vías de acceso a la realidad y nuevas formas de actuar. Somos no solo quienes estudian, sino que añoran estudiar y no tienen las oportunidades necesarias.

Figuras de lucha de conocimiento, de pasión, de energía y de un presente que nos reclama trabajar para dejar de ser el país de las oportunidades perdidas.

El movimiento reivindica día a día la construcción de un nuevo lenguaje, uno que asiente el valor de la pluralidad.

Somos quienes estudiaron y seguirán haciéndolo para ser mejores ciudadanos y para hacer de éste, un mejor país”.