Desesperados

LILIA ARELLANO

No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad y esa búsqueda es la que nos hace libres: Carlos Fuentes

La suma de esfuerzos de los líderes de la izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, para impedir la aprobación e implementación de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, que ha cristalizado en la recopilación de más de 1.2 millón de firmas en todo el territorio nacional para demandar una consulta pública sobre este estratégico sector, así como en los llamados a la desobediencia civil, y la exhibición de fuerza política y respaldo popular en el Zócalo capitalino en dos ocasiones, además de la convocatoria a un magno mitin más el 1 de diciembre, tienen sumamente nerviosos a los integrantes del gabinete peñanietista, que apremian a aprobar los cambios constitucionales en esa materia antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, pues en el fondo están conscientes del fracaso de su reforma fiscal y recaudatoria, que difícilmente podrá ingresar lo que proyecta, mientras que el gasto del gobierno federal no se altera en lo más mínimo.

Los analistas políticos del país no han logrado encontrar razones de peso que respalden con argumentos esa premura, esa urgencia de la actual administración federal por repartir las cuantiosas ganancias de la renta petrolera y de poner en mano de compañías trasnacionales el estratégico sector energético del país, que sumiría a la Nación en una peligrosa dependencia de las decisiones de los inversionistas de las grandes compañías trasnacionales no sólo petroleras sino también generadoras de energía eléctrica, que buscan con las reservas nacionales contar con garantías ante los organismos financieros internacionales para acceder a créditos extraordinarios que garanticen su operatividad en el largo plazo, así como el crecimiento e incremento de sus ganancias en los próximos años. Quienes crean y sostengan que vendrán a invertir están completamente equivocados.

Así, todo parece indicar que se trata de un despojo a la Nación, de un acto de “traición a la Patria”, por el cual Peña Nieto podría ser juzgado no sólo por la historia y la memoria popular, sino por las autoridades judiciales. Se trata, según han señalado Cárdenas Solórzano y López Obrador,  de un robo de gran envergadura, en el que están implicados desde los funcionarios de la administración federal –popularmente conocidos como tecnócratas- hasta legisladores federales de las tres principales fuerzas políticas, a pesar de que están ciertos de que entregar las reservas energética del país dejaría al pueblo de México y a su gobierno sin su mejor garantía para acceder a los créditos internacionales.

En la semana que concluye, la ansiedad y la urgencia les ganó a funcionarios como el cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, y Emilio Lozoya Austín, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), a los legisladores incluyendo al coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y el propio presidente de la Cámara baja, Ricardo Anaya, que con desesperación pugnaron porque la reforma energética de marras se apruebe ya, pero ya, rápido, sin demoras, “porque le urge al país”, cuando debieron señalar que la urgencia gira sobre sus intereses económicos particulares y políticos. La razón de la desesperación de esos funcionarios está en el músculo político que han exhibido tanto  el tabasqueño como el michoacano, cada quien por su lado, hay que decirlo, pero cuyos resultados sumados pueden frenar la intentona de entregar el petróleo mexicano a las trasnacionales.

Fiel a la práctica legislativa que se ha hecho costumbre durante la actual gestión priísta, la de negociar con la chequera y el intercambio de prebendas y privilegios, el sonorense Manlio Beltrones declaró ayer la disposición de su partido de aceptar que si para aprobar la reforma energética se necesita como condición votar primero la reforma política, “así se aceptará”. Señaló que “si tenemos que pasar por una reforma política y electoral, como un quid pro quo por parte de otras fuerzas políticas, habrá que hacerlo porque estamos intere$ados en tener esa reforma energética”. El pastor priísta aseguró que ya está todo platicado respecto a la reforma energética. Dijo que “esta sobre diagnosticada la necesidad de la reforma. Aprobarla es lo único que hace falta. En las seis sesiones que restan del periodo ordinario hay tiempo suficiente para aprobar lo que hemos de$eado durante tanto tiempo”.

Los panistas en el Congreso están en la misma tesitura. Ricardo Anaya, presidente de la Cámara de Diputados, promovió que con la reforma energética “el país podrá superar los agravios que padecen aún los mexicanos como resultado de que el esquema actual ya no es funcional”. Sostuvo que  ninguna reforma puede contribuir tanto como la reforma energética a aliviar la carencia de un verdadero crecimiento económico y la generación de empleos formales, por lo que ésta es necesaria. Explicó que los proyectos de reforma energética presentadas por las tres principales fuerzas políticas pueden diferir  en muchos puntos, pero el punto coincidente es que el esquema actual ya no es funcional para el país.

La desesperación de los tecnócratas peñanietistas es tal que los lleva a realizar declaraciones tan absurdas como las de Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien afirmó que para que la paraestatal pueda concluir la construcción de la reforma Bicentenario en Tula, Hidalgo, se requiere de la aprobación de la reforma energética, cuando lo único que se necesita es voluntad política y vocación de servicio para realizar el proyecto y terminar con el gran negocio de algunos funcionarios y políticos-empresarios que han hecho de la importación y venta de combustibles una lucrativa industria, que además no tiene riesgo alguno pues cuenta con un mercado cautivo, protegido por la propia administración federal en turno. Lozoya aseguró que el proyecto calderonista no se había cancelado y que sigue su plan de negocios, que incluye la inversión de 4 mil millones de dólares.

Por su parte, Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía, pidió a los empresarios asistentes al Vigésimo Congreso Anual del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior que promuevan la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto para evitar que prevalezcan los argumentos de quienes la rechazan. Señaló que: “yo creo que el sector privado puede hacer una  gran contribución, particularmente explicándole a la sociedad la importancia que va a tener esta reforma para mejorar la competitividad de las empresas y del país, y esto en gran medida va a generar empleos que va a beneficiar a más mexicanos”. El cozumeleño desarrolló 20 puntos a los exportadores en torno a los objetivos de la reforma energética.

El ex gobernador de Quintana Roo insistió en que si bien México es un país libre y democrático, “lo importante es no dejar que prevalezca  únicamente los argumentos de quienes se oponen a las reforma sino que también las voces que ven beneficios en la reforma, es importante que salgan a expresarse”. Según este funcionario es cuestión de días para que la reforma energética de Peña Nieto sea aprobada en el Congreso de la Unión. Ante el hecho de que la recolección de firmas ciudadanas que realiza el PRD para solicitar una consulta pública al respecto e impedir que salga este año, Pedro Joaquín recalcó que “es urgente y no debe esperar porque está en peligro la seguridad energética del país”. Aseguró que de acuerdo con los cálculos del gobierno federal, con la reforma energética se generará un incremento del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y la creación de 500 mil empleos en este mismo sexenio pero, aclaró, dos años después de que sean publicadas las leyes secundarias.

El titular de la Sener aceptó que las fuerzas políticas que disienten con la reforma energética “están en su derecho de pedir una consulta pública”. Apuntó que “no estamos en plan de pelear, sino de dialogar. Nos parece que las razones de la izquierda tienen todo el derecho a expresarse, como también las voces que están a favor”, porque, advirtió, “está en riesgo la seguridad y la competitividad energética nacional, ante las tendencias decrecientes en sus productos petrolíferos y con elevadas tarifas de luz”.

Así, es clara la preocupación y el nerviosismo del gabinete presidencial de Peña Nieto ante la creciente inconformidad con su reforma energética y el próximo 1 de diciembre quedará ratificado como ha crecido está ola en contra de la iniciativa de modificaciones constitucionales en materia energética, particularmente en los artículos 27 y 28. Como lo señaló López Obrador, el pueblo de México esta harto de “30 años de retrocesos y privatizaciones que han causado la ruina de las actividades productivas, el desempleo, el empobrecimiento, la descomposición social, y la violencia”; de una minoría rapaz que “busca despojarnos del sector energético nacional”.

DESAPARECIDOS, SIN SOLUCIÓN: PGR

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, se manifestó ayer frente a la Secretaría de Gobernación, para exigirle al gobierno de Enrique Peña Nieto que de solución a los miles de casos de desaparecidos en el contexto de violencia por el combate al crimen organizado. Apenas el pasado día 13 de este mes, la organización Human Rigths Watch había insistido a la actual administración federal que el proceso para crear una base nacional de datos sobre desaparecidos sea “exhaustivo, eficiente y transparente”, con base en investigaciones rigurosas mediante las cuales se logre determinar el paradero de las víctimas.

También, durante meses e incluso años, han sido constantes los reclamos de familiares de víctimas y organizaciones sociales para que el gobierno federal atienda esta sentida demanda, sin que hasta el momento hayan tenido una respuesta satisfactoria. Por el contrario la respuesta oficial no sólo ha sido insatisfactoria sino totalmente inaceptable. A la fecha se ha llegado al grado de parte de funcionarios federales ligados a la administración y procuración de justicia, de proponer un “borrón y cuenta nueva”, ante los obstáculos que se han enfrentado en la depuración de la base de datos que heredó el calderonismo a la actual gestión federal.

Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), admitió que la depuración de la lista de 26 mil víctimas de desaparición en el país, dada a conocer en febrero de este año por la Secretaría de Gobernación, está tardando demasiado tiempo, por lo que, propuso, una alternativa sería elaborar un nuevo listado en vez de corregir el que ya se divulgó. Dijo que con la nueva Ley de Víctimas puede llegar a ser más fácil establecer  una metodología para generar un solo registro, que tratar de depurar y explicar uno que está tan “conflictuado y complicado”

De lo que si está preocupada y ocupada la Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Jesús Murillo Karam, es de que el fenómeno de las autodefensas, surgidas por la ineficiencia de los tres ordenes de gobierno y de la complicidad con organizaciones criminales, no se extienda a más municipios en el país. El procurador garantizó que no se extenderán los grupos de autodefensa y aseguró que Michoacán se encuentra en proceso de recuperación y que en esa entidad hoy se puede circular, “pero faltan aspectos por resolver para garantizar la plenitud de la seguridad”.

Murillo Karam hizo referencia a las fosas clandestinas localizadas en La Barca, Jalisco, y señaló que hasta la mañana de ayer se habían localizado 31 cuerpos, pero aclaró que ninguno de ellos pertenecía a los dos policías federales ministeriales que desaparecieron en Vista Hermosa, Michoacán.

Otro aspecto que también debería llamar la atención de las autoridades judiciales del país fue revelado por la Primera Encuesta Nacional Universitaria, realizada a mil 500 estudiantes, catedráticos, investigadores, directivos y rectores de 80 instituciones de educación superior, que confirmó que la mitad de estudiantes universitarios ha tenido acceso a algún tipo de droga durante lo que va de 2013. Los datos levantados señalan que el 70 por ciento de los universitarios ha sido victima de algún tipo de violencia y 76 por ciento ha sido victima o ha tenido conocimiento de algún delito.

DE LOS PASILLOS

Hasta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se vio obligada a reducir, por cuarta ocasión en este año,  su pronóstico de crecimiento económico para México al pasar de 1.7% a 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) para este 2013. Esta estimación oficial se encuentra ligeramente por encima del consenso del mercado que espera una expansión del PIB de 1.2 %. Cabe destacar que la estimación oficial de las autoridades económicas y hacendarias era de 3.5% del PIB.

Analistas del sector privado destacaron que  considerando que la economía mexicana creció a una tasa anual de 0.6% en el primer trimestre; 1.5% en el segundo; más la expectativa de 1% en el tercero, el promedio de lo que va de los primeros nueve meses arroja una expansión de 1%, que es la menor desde 2009.

En el Senado de la República, la fracción parlamentaria del PRD solicitó la intervención de la PGR  para iniciar una investigación sobre la presunta extorsión de diputados federales a Alcaldes a cambio de la entrega de recursos. Mientras, el principal presunto implicado en este escándalo, el jefe de la diputación del blanquiazul, Luis Alberto Villarreal, anunció que su bancada impulsará echarle tierra a este asunto a través de la propuesta de crear un nuevo ramo de infraestructura que evite suspicacias en el manejo de los recursos.

Por su parte, Manlio Fabio Beltrones, el jefe de la bancada del PRI en la Cámara baja, calificó de “chismes”  el que el senador panista Ernesto Ruffo Appel lo vinculara con el escándalo de los “diezmos” o “moches” que diputados cobran por asignar recursos a municipios. El sonorense justificó que “los únicos que pueden asignar y licitar obras son los municipios, los estados y la Federación. Todo lo demás son chismes de chismosos”.

Este jueves continuaron las movilizaciones de los maestros disidentes. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron una marcha hasta la Secretaría de Gobernación desde el Hemiciclo a Juárez… Y mientras el conflicto magisterial sigue sin resolverse, la Secretaría de Educación Pública, bajo la irresponsabilidad de Emilio Chuayffet, reveló que pagó 14 millones 210 mil 825 pesos a instituciones que colaboraron en la redacción de libros de texto gratuitos que se imprimieron y distribuyeron con faltas de ortografía, o sea que esa suma se tiró a la basura y como es costumbre nadie es responsable.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com  en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital,  canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1