Desarrollo y cuidado de los niños: Nuestra máxima responsabilidad
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
El 30 de abril siempre es una fecha que nos llena de alegría por lo que representa felicitar y festejar a nuestros niñ@s. Sin embargo, esta fecha resulta agridulce debido a que millones de ellos se encuentran atrapados en un círculo de desigualdad, violencia y discriminación.
Lamentablemente, el Estado no está siendo capaz de cumplir cabalmente con su obligación de procurar la integridad infantil y su desarrollo pleno.
Por el contrario, es alarmante la cantidad de menores mexicanos que sobreviven en pobreza y sin poder siquiera satisfacer sus necesidades más elementales de alimentación, educación, salud, deporte y recreación: cerca de 21.4 millones de menores de edad (casi la mitad de la población infantil y adolescente) viven con grandes carencias y muchos de ellos padecen algún nivel de desnutrición.
No obstante, la población infantil de origen indígena es la más golpeada por la marginación: 1.5 millones niños viven en la más absoluta de las miserias.
Sumado a ello, en nuestro país tres millones de infantes son explotados laboralmente y casi esa misma cifra corresponde a los que tienen acceso a la escuela. Sin embargo, de los niños que reciben educación 7.5 millones son hostigados, intimidados, víctimas de discriminación o golpeados en su entorno escolar, tal como lo manifiesta Gerardo Sauri, secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
n los últimos 12 años se ha dado en México un incremento de 12% de menores de edad que trabajan para aportar al sustento familiar; según advierte Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 3 millones 50 mil niñ@s mexican@s trabajan en el sector rural desempeñándose como jornaleros a cambio de un salario mísero y, cerca de 900 mil, lo hacen en condiciones de precariedad al no recibir prestaciones laborales. En las ciudades, los niñ@s trabajan como “cerillos”, vendedores ambulantes, cargadores, “franeleros”, “limpiaparabrisas”, lavacoches, entre otras actividades por las que perciben menos de dos salarios mínimos.
Por otro lado, en los últimos años un problema adicional en la niñez lo observamos en la reducción del promedio de edad para consumir alcohol o drogas de carácter ilegal, sobre todo, los que viven en la pobreza extrema y quienes comienzan con estas adicciones desde los seis o siete años.
Si los niños crecen en un entorno de violencia a la sombra de maltratos, abusos, hambre o abandono, el miedo que sienten ahora puede convertirse en futura violencia para la sociedad. Entre los delitos más comunes contra los menores de edad destacan el maltrato grave, la omisión de un cuidado adecuado y el abuso sexual, siendo que en la mayoría de los casos las agresiones provienen del propio círculo familiar. Desgraciadamente, la violencia daña emocionalmente al menor y lo deja con secuelas que requieren de un tratamiento psicológico profesional. Por ello, es prioritario que las autoridades de todos los niveles atiendan a las poblaciones vulnerables como los niños de la calle, los hijos de migrantes repatriados, los niñ@s indígenas y los que carecen de cuidados paternos.
El cumplimiento de los derechos establecidos por la Convención de los Derechos del Niño y por la Constitución mexicana, nos obliga a emprender una acción colectiva donde participen gobierno, la sociedad civil organizada, los sectores académicos, la iniciativa privada, las comunidades y las familias.
Por otro lado, a pesar de representar el 34.9% de la población mexicana, la infancia y adolescencia en nuestro país tienen muy pocos espacios de expresión mediante los cuales influir en el accionar gubernamental y social para beneficio de su entorno. De ahí que resulta urgente elaborar una agenda institucional -con la participación de los tres órdenes de gobierno-, en la cual se integre la diversidad de perspectivas que ayuden al desarrollo de la infancia dando cause a su sentir, intereses y prioridades. Así mismo, debemos orientar las políticas públicas concibiendo a las niñas y niños no sólo como objetos de protección, sino básicamente, como sujetos de derechos.
Finalmente, tenemos que tratar a los niñ@s con la dignidad y respeto que se merece todo individuo y así lograr que en el futuro se conviertan en ciudadanos de bien. No olvidemos que la lucha por los derechos de la infancia es la mejor palanca de transformación social.
