Desarrollo local: Respuesta social frente al fracaso de un modelo económico excluyente
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
Hoy en día, México es uno de los países más desiguales del mundo; por ejemplo, las tasas de analfabetismo en algunos municipios mexicanos son comparables con aquellas de países con ingresos elevados como Noruega, pero en los municipios predominantemente rurales e indígenas del sur del país, las tasas de analfabetismo de las mujeres son similares a las de Malí, uno de los países más pauperizados. Las diferencias en los niveles de desarrollo social generan un acceso desigual a las oportunidades; es decir, el grado en el que las personas se encuentran limitadas en sus posibilidades de una vida digna a causa de diversos factores: el nivel socioeconómico, la condición racial o cultural, el género, o la ubicación geográfica.
En México, los factores que propician esta condición de inequidad en el acceso a las oportunidades no sólo prevalecen, sino que crecen y representan una de nuestras principales características como sociedad. Desgraciadamente, las diferencias entre los niveles de desarrollo de distintos segmentos de la población tienen efectos dramáticos en la vida cotidiana de las personas, ya que implican oportunidades y esperanzas realizadas para una minoría; pero perdidas, para una gran mayoría de ellas, tal como sucede en México. Es preciso señalar que a nivel estructural, tal desigualdad está directamente ligada con el fracaso de las políticas neoliberales aplicadas durante los últimos 30 años en el país.
Bajo este esquema, la contención de los salarios y el deterioro de las condiciones laborales, paralelamente al esquema de promoción de la inversión externa directa descuidando a la base productiva local, explican en buena medida el oneroso legado económico y social que se refleja en la combinación de una rampante riqueza en manos de unos cuantos, junto a un ofensivo aumento de la pobreza en el país.
Durante el foxismo, el PIB real medio anual apenas creció 2.4%; durante el ciclo neoliberal, 1982-2006, sólo 2.5; entre 1939 y 1982 fue de poco más de 6%. En cuanto la generación de empleos formales, tampoco las cifras son halagadoras: el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el foxismo fue de un millón 64 mil, 177 mil 214 en promedio anual, pero los empleos requeridos fueron de 7.2-7.8 millones, 1.2-1.3 millones por año; es decir, 6.1-6.7 millones de personas estuvieron desempleadas o subempleadas, siendo arrojadas a la informalidad.
Sin embargo, los impactos efectos del modelo neoliberal se han resentido con más rigor a lo largo del sexenio federal que está por concluir al quedar el país con un marcado estancamiento económico y mucho más mexicanas y mexicanos en la pobreza. No se combatieron en forma puntal muchos de los desequilibrios más preocupantes de la economía: por ejemplo, un segmento muy importante de la población (1 de cada 3), continúa laborando en el sector informal de la economía sin prestaciones sociales, ni cobertura médica. Sumado a ello, las familias mexicanas tienen que lidiar con una incesante caída del poder adquisitivo del salario, junto con un aumento constante de los productos que integran la canasta básica. Durante este sexenio, el salario mínimo cayó 43.1% para acumular una pérdida en 25 años de 79.11%, de acuerdo con un reporte elaborado por académicos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía (FE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De esta forma, en febrero de 2011, los productos que integran la canasta básica se adquirían en $522.80 y aumentaron a 564.67 en enero pasado; tan sólo en el último año del gobierno calderonista, el alza acumulada del precio ponderado diario de los productos que integran la CAR asciende a 12.6%, con tendencia al alza muy por encima del aumento directo a la percepción por día registrado durante 2012, de 4.2% (equivalente a dos pesos con 51 centavos); al pasar de 59.82 pesos a 62.33 de 2011 al presente año, es decir, que el aumento quedó nulificado al ser rebasado en un 8.4%.
A pesar de estar inmersos en este escenario tan adverso y a punto de finalizar su mandato, el titular del ejecutivo federal no cesa en su empeña de darle vuelo a sus impulsos oligárquicos al impulsar medidas abiertamente excluyentes y en perjuicio de los grupos más vulnerables de la sociedad. Prueba de ello, hace apenas unos días, el 1 de septiembre presentó con “carácter preferente” una reforma laboral que a todas luces atenta contra los derechos más elementales de la clase trabajadora. De entrada, dicha reforma viola los derechos de los trabajadores, al pasar por alto el artículo primero de la Constitución, pues no respeta los convenios internacionales que México firmó con la Organización Internacional del Trabajo (OIT); el 87, relativo a la libertad de asociación sindical y el Convenio 98 sobre contratación colectiva.
De aprobarse en sus términos, nuestro marco jurídico dejara de tutelar los derechos laborales para convertirse en protectora del capital y de los empresarios, al proponer cambios que sin duda acabarían con derechos fundamentales como el de huelga. Así mismo, abriría el camino para el outsourcing y plantea contratos temporales que abaratarían aún más las remuneraciones para el sector laboral; inclusive, si la plaza es de salario mínimo, los patrones podrían contratar por hora a los trabajadores a razón de 8 o 9 pesos: “o sea que se podrá decir contratada una persona que se lleve a su casa 18 pesos diarios, o mejor aún, 27 pesos por dos o tres horas de labor. Es inaudito el cinismo laboral de este gobierno”, así como lo advierten los expertos en derecho laboral, Manuel Fuentes, Arturo Alcalde y Néstor de Buen; quienes además afirman que esta iniciativa deja en evidencia “que lo único que importó al mandatario en este sexenio federal fue acabar con los derechos de los trabajadores”.
Por otro lado, pese a lo anterior, llama la atención las recientes declaraciones del presidente de la república, quien afirmó que en materia económica y de competitividad, México tiene una “muy buena posición” y va mejor que muchos otros países; incluyendo al grupo de las economías emergentes como el BRIC (integrado por Brasil, Rusia, India y China). Por supuesto, esta declaración parece muy desfasada de la realidad, debido a que la estabilidad macroeconómica de México no ha repercutido en una mejoría de los niveles de vida de los sectores mayoritarios de la población. Basta observar las estadísticas de la evolución económica en América Latina durante los últimos 20 años: mientras en la región se observó una tendencia hacia una mejor distribución de los ingresos la mayoría de los países redujeron sus índices de pobreza, México junto con Honduras, fueron los únicos con aumentos relevantes en sus porcentajes de pobreza. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el incremento en la pobreza de estas dos economías fue de 1.77 para México y 1.5 puntos porcentuales para Honduras. De esta forma, el promedio de la pobreza en la región fue de 31.4% para el año 2010, en el caso mexicano nos ubicamos en un 36.3%.
En contraste, Brasil ha tenido un desarrollo notable en los últimos años, ya que redujo la desigualdad económica de forma notable, así como sus índices de pobreza al sacar a 40 millones de esta condición en los ocho años de mandato del presidente Lula da Silva. Paralelamente, se elevaron los ingresos reales de los brasileños: el ingreso medio real subió un 28%, beneficiando a todos los estratos sociales, pero en especial, a los de menos recursos. De esta forma, desde el 2003 el salario mínimo mensual se fortaleció notablemente, al grado de que Brasil logró triplicar su ingreso per cápita en la última década a una base de 12.500 dólares por año.
En México, por el contrario, los efectos del modelo económico impuesto por el PRI y reforzado por el PAN (lo que en Latinoamérica se ha denominado el Consenso de Washington), son palpables en la muy desigual distribución de la riqueza y en la debilidad de la economía familiar, como consecuencia del estancamiento económico, el desempleo y la inflación; alimentando la descomposición generalizada de nuestro país. En palabras del rector de la UNAM, José Narro Robles: “a México le duele todo. Le duele la desigualdad social y económica, los problemas de antes y los de ahora, por ello el país requiere de un viraje sustantivo que lo lleve a resolver sus problemáticas”.
Es evidente que necesitamos reajustar democráticamente nuestro sistema político, empezando por replantear el modelo económico neoliberal, porque al finalizar el segundo gobierno federal panista, no estamos exentos de un desequilibrio mayor en la precaria y volátil estabilidad política de la nación.
En plano local, es necesario incorporar la dimensión territorial a nivel de las regiones para la construcción de las políticas públicas que contribuyan al proceso de depuración de las instituciones y generar los consensos necesarios en la vida pública y comenzar a dar una respuesta efectiva a las demandas de la población. Bajo las condiciones actuales, el potencial de un territorio o de una colectividad ya no puede residir únicamente en su capacidad de ajustarse a las reglas del juego y a la influencia de los grandes circuitos económicos externos; sino que debe impulsar sus aptitudes para establecer una dinámica de sociedad local que permita la innovación y la realización de proyectos colectivos y, con ello, la creación de espacios de autonomía.
Motivo por el cual, el Estado debe jugar un papel protagónico en la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo a partir de la articulación de las capacidades locales partiendo del Municipalismo. Lo anterior obliga a fortalecer la especificidad de las políticas regionales que tienen que ser complementarias y no una mera adaptación de las políticas del ámbito federal.
Debemos tener claro además, que el potencial de desarrollo de un territorio no sólo se establece por su localización geográfica o por la disponibilidad que tenga sobre sus recursos naturales, sino básicamente, en la capacidad de su población para construir y movilizar sus potencialidades para beneficio colectivo.
Justamente, esa es la única alternativa para tener un diseño de futuro viable para Zacatecas; en razón de ello, todas las y los actores políticos debemos comprometernos firmemente en la definición y puesta en marcha de un proyecto común de mejora económica y social desde el nivel local. Es preciso hacer de la sustentabilidad el eje de las políticas públicas en nuestro estado, como un esquema que trascienda la visión acotada al uso racional y renovable de los recursos naturales, sino más bien concebida como un modelo integral de evolución de un sistema socioeconómico en armonía con el medio ambiente y que procure la equidad social.
Como señala el teórico del desarrollo, Bernard Vachon: “los emprendimientos económicos no pueden florecer en un desierto social”.
