Desalojos y protestas
JUAN GÓMEZ *El gobierno de Miguel Alonso decidió actuar después de 39 días de que el Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano (MDMZ) tomara de manera indefinida la Plaza de Armas, en donde habían colocado mantas de protesta y denuncia, así como casas de campaña.
La madrugada del domingo un nutrido grupo de antimotines tomó por sorpresa a los líderes del movimiento y a las personas que realizaban el plantón desde el pasado 26 de octubre, a quienes desalojaron de la Plaza de Armas, sin que se registraran problemas de mayor magnitud.
La administración de Miguel Alonso Reyes ha decidido utilizar la fuerza pública para desarticular la estrategia de desgaste que utilizan algunas organizaciones políticas opositoras al gobierno en turno.
Durante la manifestación de los maestros de telesecundarias que bloquearon el bulevar Adolfo López Mateos durante los primeros días de octubre, por ejemplo, el gobierno del estado utilizó la policía antimotines para desarticular la movilización.
Esas manifestaciones y bloqueos que se generaron en el boulevard Adolfo López Mateos y que incluso llegaron a Ciudad Administrativa para bloquear el acceso a la Secretaría de Finanzas, la Procuraduría General de Justicia inició la averiguación en contra de seis maestros líderes del Sindicato Independiente de Telesecundarias del Estado de Zacatecas.
Sin embargo, quien fue detenido el 26 de julio fue el dirigente de los ex braceros, Efraín Arteaga Domínguez, por los delitos de atentado a las vías generales de comunicación, aunque solamente estuvo unas cuantas horas en cárcel preventiva.
Entre la espada y la pared se encuentra el gobierno de Miguel Alonso Reyes, pues mientras que los bloqueos a las principales vías de comunicación y los plantones recurrentes en la Plaza de Armas generan molestias a la ciudadanía, el mandatario estatal recibe fuertes críticas de sectores progresistas por reprimir la libertad de expresión y la crítica social.
En este contexto el pasado 13 de junio el entonces diputado del Partido del Trabajo, Benjamín Medrano Quezada, anunció en conferencia de prensa de su fracción parlamentaria, que enviaría una iniciativa de Ley para regular las manifestaciones públicas y evitar el caos vial que afecta a la ciudadanía.
La iniciativa contemplaba que los grupos de manifestantes estarían obligados a solicitar un permiso a la autoridad con anticipación, para poder realizar las manifestaciones públicas.
En el artículo 27 de la mencionada iniciativa de ley se dice que los representantes, líderes y participantes de una manifestación o reunión, serán los responsables de las alteraciones al orden público y a las afectaciones del patrimonio público o privado de terceros.
Se especifica en dicho artículo que las sanciones a que se harán acreedores los infractores a la mencionada ley, se impondrán respectivamente a la naturaleza de los hechos ya que de no dar aviso las autoridades tendrán el derecho de usar la fuerza pública para desalojar a los manifestantes.
Medrano Quezada planteaba en dicha propuesta legislativa que “En caso de que se viole la ley, autoridad municipal o en su caso la Secretaría de Seguridad Pública, podrá disolver la manifestación y adoptar las medidas convenientes con auxilio de las dependencias necesarias, para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley y restablecer el orden público”.
Sin embargo, el pasado 26 de octubre los diputados Noemí Berenice Luna Ayala, de Acción Nacional, y el diputado priista Roberto Luévano Ruiz, presentaron conjuntamente la iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas para el Estado de Zacatecas, bajo el argumento de “garantizar el derecho a la manifestación de los grupos sociales”.
Sendos legisladores argumentaron que dicha iniciativa de Ley se presentaba con la finalidad de garantizar el derecho a manifestación de grupos sociales pero también para salvaguardar el derecho de terceros.
La iniciativa en cuestión prohíbe proferir insultos, amenazas o usar la violencia contra personas o bienes o, la intimidación a las autoridades y prohíbe el bloqueo de vialidades. Además, los manifestantes tendrán que solicitar un permiso con 48 horas de anticipación, con la finalidad de informar previamente a la ciudadanía sobre la realización de manifestaciones y mítines.
La propuesta legislativa de los diputados Noemí Berenice Luna y Roberto Luévano, fueron duramente cuestionadas por el dirigente estatal perredista Gerardo Espinoza Solís, quien argumentó que eran violatorias de los artículos 6 y 7 constitucionales.
«Tales propuestas, según Espinoza Solís, trasgreden los derechos establecidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución del país, “quieren retroceder más de cien años violentando derechos conseguidos por el pueblo mexicano”. Refirió que incluso las autoridades de seguridad podrán disolver las manifestaciones y poner a los ciudadanos a cargo de la autoridad administrativa, esto si realizan una marcha sin previo aviso y sin permiso”. (La Jornada Zacatecas/7 de noviembre de 2012).
El dilema en el que se encuentra el gobernador Alonso Reyes no es sencillo de resolver. Por un lado tiene una ciudadanía cansada de las manifestaciones y de los bloqueos que alteran la vida cotidiana de los zacatecanos y por el otro, no se ha podido negociar con una oposición de izquierda mediante la cual, por cierto, se inició en la política.
La iniciativa de Ley para regular las marchas, mítines y plantones no ha avanzado, pero la utilización de la fuerza pública es cada vez más recurrente en un escenario en el que la negociación, el oficio político y la concertación, no han encontrado tierra fértil.
En una ocasión escuché decir en una entrevista periodística al profesor Carlos Hank González que en política, lo duro se quiebra y lo firme, es flexible.
¿Qué prevalecerá en Zacatecas?
Al tiempo.
* Periodista
