Desacreditan estrategia de la “guerra al narco”

LILIA ARELLANO *

La conciencia del peligro es ya la mitad de la seguridad y de la salvación: Ramón J. Sénder

Por fin el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció su estrategia contra la grave inseguridad que padece el país y anunció los ejes de su política en esta materia: Planeación, Prevención,  Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Coordinación y Transformación Institucional. En Palacio Nacional, donde se realizó la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, hubo fuertes críticas a la estrategia que siguió el gobierno de Felipe Calderón en la que se despilfarraron miles de millones de dólares sin resultados positivos y saldos totalmente adversos para el país. Aún así, destacó sin mencionarse el hecho de que los acuerdos a los que llegaron Calderón y Peña Nieto para una transición pacífica y sin sobresaltos, incluyeron la impunidad por la responsabilidad de los funcionarios calderonistas que propiciaron una masacre a lo largo del sexenio pasado.

Borrón y cuenta nueva es en esencia el principal anuncio gubernamental de este lunes. Lo pasado, pasado y a otra cosa mariposa. Aunque se respetan los acuerdos del gobierno de Felipe Calderón con George W. Bush y Barack Obama, en torno a la injerencista Iniciativa Mérida o Plan México, todo parece señalar que partimos de cero para contrarrestar la trágica ola de violencia que sigue tiñendo de rojo al territorio nacional. A lo más que se llegó ayer en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, fue a desacreditar oficialmente a los métodos seguidos y aplicados por los funcionarios del régimen pasado, principalmente a los operados por los ex secretarios de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina-Armada de México y la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal.

El hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong,  titular de la Secretaría de Gobernación, criticó que la publicitada captura de los principales capos de algunos de los cárteles de la droga propició la fragmentación de los grupos criminales, no su desaparición o extinción, lo que provocó mayor violencia y más inseguridad pública en diversas regiones del país. Reprobó que a pesar de que dos veces se aumentaron los recursos contra la delincuencia, dos veces también aumentó la tasa de criminalidad, al grado de que entre 2006 y 2012 se tienen un registro 10.56 millones de delitos. El ex gobernador subrayó que México enfrenta altos niveles de violencia, lo que reclama una acción coordinada para enfrentar este fenómeno. Sin duda que le faltó señalar que los capos sobrevivientes aumentaron su poder armamentístico y, sobre todo, económico. El lavado de dinero floreció y sus fortunas aumentaron inconmensurablemente. La revista Forbes lo ha corroborado año con año.

También el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al intervenir en la sesión extraordinaria del mencionado Consejo Nacional de Seguridad Pública, aseguró que la dependencia arrastra desde hace años una estructura que ya no responde a la impartición y procuración de justicia que requiere la sociedad mexicana. Destacó que la irrupción de una delincuencia con poder y dinero, propició que los gobiernos federales y de los estados se vieran obligados a actuar siempre en base a la coyuntura y sin una verdadera planeación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Recalcó que las instituciones de seguridad y las de procesamiento de información estratégica “padecen una desarticulación que impide la correcta y eficaz coordinación que es imprescindible para enfrentar con éxito sus funciones e impide también contar con objetivos claros y resultados medibles”. No mencionó la utilización que se hizo de esta dependencia para la persecución de fines eminentemente políticos, como en el caso del “Michoacanazo” o el “Moreirazo”, por citar tan sólo dos ejemplos diferentes, pero que contribuyeron a la putrefacción de la dependencia.

NUEVOS EJES

Ante todos los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y los miembros del gabinete de seguridad, el presidente Enrique Peña Nieto enumeró los ejes de su política en esta materia: Planeación, Prevención, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Coordinación y Transformación Institucional, y Evaluación, en las que destacan la creación de una Gendarmería Nacional y la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención del Delito. Antes, el titular del Ejecutivo Federal sostuvo una reunión con los mandatarios estatales y el jefe de Gobierno capitalino, con quienes abordó la necesidad de la reforma constitucional para contar con códigos penales y de procedimientos penales únicos en el país, así como la reforma para la unificación de los mandos policíacos.

Peña Nieto  sostuvo que la tarea de recuperar la seguridad, la justicia y la paz social para el país no debe tener colores ni intereses partidistas, y señaló que habrá una relación de respeto y corresponsabilidad en los temas de seguridad, justicia y paz, que son los reclamos de la sociedad. Advirtió que en las tareas por venir, todos son corresponsables y deben cooperar, no competir.  Aseguró que “no habrá improvisación, y habrá fechas precisas para evaluar las principales metas”, en las que los objetivos prioritarios son reducir la violencia, recuperar la paz y tranquilidad de las familias mexicanas, además de reducir los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones.

Por lo que toca al primer eje de la nueva estrategia, la Planeación, Peña Nieto subrayó que no habrá improvisación, por lo que se darán fechas específicas para cumplir con los compromisos. Este fue precisamente uno de los puntos más criticados al gobierno anterior. Sobre el segundo eje, la Prevención del Delito, se atenderán las causas de los fenómenos criminales y no sólo sus consecuencias. Se aplicará un programa transversal que combatirá las adicciones, rescatará espacios públicos, ampliará la escuelas de tiempo completo y promoverá proyectos productivos. Este programa contará con un presupuesto de 115 mil 625 millones de pesos, además de que se propone la creación de un Fondo para la Prevención del Delito de 2 mil 500 millones de pesos.

Por lo que toca al tercer eje, protección y respeto a los Derechos Humanos, otra de las grandes fallas de la gestión calderonista, anunció que se pondrá en marcha un Programa Nacional de Derechos Humanos, se crearán los protocolos de actuación para todos los cuerpos policíacos del país, y se depurará el Instituto Nacional de Migración que se destacó precisamente por la infiltración de la corrupción y la negligencia en la atención a los migrantes centroamericanos. En la otra cara del mismo problema, la organización Oxfam México acusó que el actual gobierno federal no demostró interés en el tema de los migrantes que parten a Estados Unidos, a pesar de la reducción de remesas y el retorno de paisanos. Señaló que el Pacto por México no menciona el tema y el proyecto de presupuesto tampoco es alentador, dijo.

En cuanto al cuarto punto, la Coordinación, Peña Nieto aseguró que se fortalecerá el trabajo entre el Gobierno Federal, Estados, Distrito Federal y municipios. También reiteró el anunció de Osorio Chong sobre que el país se dividirá en cinco regiones operativas consensuadas con los estados para lograr mayor eficiencia operativa. Asimismo, pidió a la Secretaría de Hacienda revisar la situación de los fondos de seguridad pendientes de entregar a las entidades federativas.

En cuanto al quinto eje, la transformación institucional, urgente desde cualquier punto de vista, el presidente reiteró que la Secretaría de Gobernación se hará cargo de las tareas de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y que se reorganizará a la Policía Federal. Ordenó la creación de la Gendarmería Nacional, que será la responsable de fortalecer municipios e instalaciones estratégicas como aeropuertos, puertos y fronteras. Para su arranque contará con 10 mil elementos. También reiteró que las Fuerzas Armadas seguirán en las calles hasta que se consoliden fuerzas estatales. Se pondrán en operación cinco centros regionales para capacitar a policías y uno para formar a mandos. Asimismo, se crearán 15 unidades de la Policía Federal dedicadas a combatir el secuestro y la extorsión.

El sexto eje será el de la evaluación permanente, con indicadores claros para dar seguimiento al desempeño de autoridades, lo que permitirá retroalimentar y ajustar el curso de la política de seguridad.

Por desgracia, no se habló ni una palabra de llamar a cuentas a los funcionarios del sexenio anterior responsables del tiradero en que se encuentra el país en materia de seguridad y que fueron los que operaron la fallida estrategia contra  los cárteles de la droga y el crimen organizado que dejo 150 mil víctimas, más de 10 mil desaparecidos y más de 300 mil desplazados. Tampoco se mencionó la necesidad de investigar las fortunas de ex funcionarios y mandos que fueron permeados por el crimen organizado y que incurrieron en actos de corrupción.

En cuanto a los costos económicos, por cuyos daños tampoco ha sido llamado a cuentas nadie, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) reportó que el costo total que la inseguridad y el delito tienen en unidades económicas del país, es de 115 mil 200 millones de pesos al año, lo que equivale a 0.75 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2011, el 37 por ciento de las unidades económicas del país sufrió al menos un delito durante 2011.

RESPALDA PAN NUEVA ESTRATEGIA

Con toda desfachatez,  el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, rechazó que las cifras dadas a conocer sobre el incremento de la inseguridad y la violencia en el país en los últimos seis años, sean un “descrédito” al gobierno del que formó parte y rechazó que en la administración de Felipe Calderón se haya improvisado en la implementación de políticas de seguridad.

Justificó con gran teatralidad que la gestión calderonista encontró un “paciente moribundo, invadido de cáncer y nadie lo sabía”. Quien se vio más práctico y realista fue Luis Alberto Villarreal, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, que ni tardo ni perezoso ofreció el “respaldo absoluto” de su partido a las líneas de acción en materia de justicia y seguridad del presidente Enrique Peña Nieto que, dijo, tendrá toda la fuerza política y presupuestal. También negó que la estrategia anticrimen represente un “borrón y cuenta nueva”.

Por su parte, el coordinador del PRD, Silvano Aureoles, manifestó su confianza en que las acciones del nuevo gobierno den resultados y propuso que un grupo de legisladores de las comisiones de Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación se integren al Consejo Nacional de Seguridad Pública para dar seguimiento a la política en la materia.

REFORMA EDUCATIVA CON EEG

Tal y como lo había adelantado la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),  la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto correrá de su mano,  a pesar de los señalamientos en el sentido de que ésta se oponía al liderazgo de doña Elba Esther Gordillo. La confianza de los maestros que lidera la chiapaneca está en que los cambios propuestos no podrán sostenerse si no es con el respaldo del magisterio nacional. Los que si se ampararon en contra de un ejercicio de evaluación que “no tiene reglas y criterios definidos”, son los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El propio Emilio Chuayffet, titular de la Secretaría de Educación Pública, confirmó que habló de la reforma educativa con Elba Esther Gordillo, con la que acordó una reunión próxima para tratar “los temas estrictamente operativos”. El funcionario resaltó que “la permanencia de los maestros es un derecho adquirido. Los derechos adquiridos no se pueden tocar retroactivamente”. Al terminar la XI Reunión Plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, destacó el acuerdo con el INEGI para iniciar el censo de maestros y alumnos en el país.

En dicha reunión, los secretarios de Educación Pública del país, reunidos en el Salón Hispanoamericano de la sede de la SEP, aprobaron respaldar la reforma educativa impulsada por el gobierno federal, que inicia con la modificación al Artículo Tercero Constitucional, para hacer obligatoria la evaluación de los maestros.

DE REGRESO AL ORDEN

Tal y como lo henos denunciado en esta líneas, el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, en Quintana Roo, ha sido reiteradamente saqueado. Son ya cinco trienios de impunidad y latrocinio. En esta entidad, que fue dotada de bellezas naturales como ninguna otra en nuestro país, se han visto casos de corrupción sorprendentes, no sólo en el pasado al que nos referimos, sino en el presente. Ahí está el caso de Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa de Tulum –la primera surgida por elección ya que el municipio es de reciente creación-, quien ya se encuentra tras las rejas acusada de diversos delitos que encuentran como vértice el mal manejo y el robo, de los fondos públicos.

La mañana de ayer fue detenido Carlos Trigos Perdomo, ex tesorero municipal de Benito Juárez, durante el trienio del ex inquilino del Penal de Nayarit, Gregorio Sánchez Martínez. Trigos se desempeñó en el mismo cargo en el municipio de Solidaridad (Playa del Carmen) durante el mandato municipal del hoy subsecretario de Turismo, Carlos Joaquín González. El enriquecimiento de este personaje ha mantenido a los ciudadanos durante años atentos a las acciones que ahora comenzaron a tomar forma dentro de la ley.

Habrá que puntualizar que Trigos es sólo una pieza que involucra al actual edil, Julián Ricalde., en los manejos a discreción del dinero público. Existe un manejo por 229 millones de pesos que Julián Ricalde no ha logrado aclarar y en el que se ven involucrados dos cabezas de ayuntamiento interinos: Latifa Musa y Jaime Hernández. Según las investigaciones, este trío: Sánchez, Musa y Hernández, utilizaron parte de ese dinero para sufragar los gastos de campaña de Julián Ricalde, de ahí la protección que a la fecha se les había otorgado.

La aplicación de la Ley no debería escandalizar a nadie sin embargo los actores de esta trama han comenzado su propio golpeteo y en el intentan sacar más nombres y asuntos a relucir que más tienen que ver con sus rencillas e intereses personales que con el seguimiento puntual a un asunto de pesos y centavos que provienen del erario público, de los créditos y también, porque no decirlo, de las permanentes extorsiones a las que estas autoridades han sometido a los benitojuarenses.

Este es apenas el principio de la historia pero ojala sea el principio de la entrada a una legalidad que impida que siga actuándose en contra de los ciudadanos, que se sigan robando el dinero público, que extorsionen y que tranquilamente nos abofeteen con su impunidad o logren evadir a la justicia con los clásicos argumentos de “campaña política en mi contra”.

DE LOS PASILLOS

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, sostuvo que es necesario hacer pronto una reforma integral porque en el país no se recauda la cantidad de impuestos que se debería. El funcionario señaló que la Ley de Ingresos 2013 aprobada por el Congreso y publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación, no modifica el esquema tributario, no se crean nuevos impuestos, lo que facilitó el trabajo de los legisladores.

El ex líder nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, señaló que se va del país después de la “terrible persecución” que el ex presidente Felipe Calderón ejerció en su contra por la deuda pública estatal. Moreira recordó que presentó una demanda ante la Corte Penal Internacional contra Calderón por la muerte de más de 100 mil personas, como parte de su guerra contra el narcotráfico.

El ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, no refrendó su militancia en el Partido Acción Nacional, con lo que le hizo un gran favor a este instituto político cada días más desprestigiado. El dirigente estatal del PAN en Yucatán, Hugo Sánchez Carrasco, descartó una eventual desbandada de militantes en ese partido… Amalia Terán Rubio, ex regidora de Huehuetlán, San Luis Potosí, fue asesinada en el local de su lavandería, con un arma blanca en un presunto asalto. La ex edil tenía relevancia como defensora de los derechos de las mujeres y activista social contra la violencia de género en la Huasteca… Un enfrentamiento entre soldados y un grupo de sicarios, ocurrido en las inmediaciones del municipio de San Lucas Camotlán, Oaxaca, dejó un saldo de al menos una persona muerta y cuatro más heridas… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancú00n y 100 en caja digital,  canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1

* Periodista