Denigraron la política
HÉCTOR A. ALVARADO GÓMEZ
Los diputados que integraron la 60 Legislatura, titulares y suplentes, siempre se caracterizaron por el escándalo, su mal desempeño y ser comparsas del Poder Ejecutivo. Lo demostraron desde el primer día de su periodo constitucional, pero ahora también pasarán a la historia como una de las legislaturas con los diputados más corruptos de la historia.
El audio que circula en redes sociales (http://www.youtube.com/watch?v=K1JNSSmiXpc), no sólo revela una reunión en donde los ex diputados Gerardo Romo Fonseca, Felipe Ramírez, Jorge Luis García Vera, Noemí Luna, Geovanna Bañuelos, Xerardo Ramírez, Alfredo Barajas, Osvaldo Contreras y Saúl Monreal Ávila se reclaman unos a otros por la entrega de cien mil pesos que se les daría por la aprobación del Presupuesto de Egresos 2012 del Gobierno del Estado, sino que también evidencia que los ex representantes populares negociaron una posible evasión fiscal, recibieron becas que nadie conoce su destino, y además obtuvieron recursos públicos para financiar las campañas electorales de quienes fueron candidatos en el pasado proceso electoral, al habérseles anticipado el pago de las herramientas legislativas.
Los corrompidos ex diputados manifiestan en el audio del escándalo que los corruptores habrían sido el Secretario General de Gobierno, Francisco Escobedo y el Secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta. El primero lo negó, el segundo no ha fijado postura pública al respecto.
Las reacciones a este audio que circula por las redes sociales desde el martes 24 de septiembre, han sido de todo tipo, desde la negativa de los hechos por parte del Secretario General de Gobierno, Francisco Escobedo; el deslinde y negativa de que fueron beneficiados por parte de los ex diputados Geovanna Bañuelos y Saul Monreal; el retardado boletín del gobierno del estado, emitido tres días después de haberse revelado el escándalo, donde niega que alguno de sus funcionarios haya participado en la compra-venta de los votos legislativos; hasta la exigencia Gerardo Espinoza Solis y el PRD porque se abra una investigación y se sancione a los responsables de este hecho, adicionando la promesa de que serán expulsados del sol azteca quienes se hayan prestado a los actos de corrupción.
Por mucho que se quiera minimizar y apostarle a la desmemoria, lo ocurrido es un asunto muy grave y lamentable que debe investigarse y sancionarse. Es la gran oportunidad del gobernador Miguel Alonso Reyes, de los nuevos diputados de la 61 legislatura, de la Auditoría Superior del Estado, y de todos los partidos políticos de reivindicarse y demostrarle a la ciudadanía que los hechos de corrupción son inaceptables y deben castigarse.
Fue muy desafortunado el boletín que emitió la Coordinación de Comunicación Social, la noche del viernes, en el que sólo dice que “la administración estatal en ningún momento ha incurrido en prácticas irregulares” y “rechaza el supuesto ofrecimiento de dinero a los ex diputados de la 60 legislatura”. El mandatario no puede dejar pasar esta oportunidad de demostrar que él es diferente al resto de los políticos y que no tolerará esos actos y sería conveniente ordenar una investigación a fondo que realmente clarifique que ocurrió.
Pero más allá de los deslindes, el audio es prueba fehaciente del maiceo que recibieron los ex legisladores zacatecanos. Es un golpe contundente que terminó por podrir el sistema político de nuestros estado, fracturó severamente la credibilidad en el gobierno del estado, de la legislatura local y de los partidos políticos, sin excepción, pues revela la forma en que se realizan las negociaciones en Zacatecas, la acción realizada por los funcionarios y los ex diputados eliminó toda división de poderes. Los integrantes de la 60 Legislatura fallaron a su obligación de ser representantes populares, se corrompieron y se pusieron a la disposición del Poder Ejecutivo.
Por supuesto que estos hechos han generado una gran indignación social, pues no sólo se devaluaron ellos como servidores y funcionarios públicos, sino que denigraron a la política entera. ¿Qué ciudadano de a pie se atreverá a asumirse como simpatizante o militante de cualquier partido político, si sus representantes fueron evidenciados como voraces y vulgares depredadores del presupuesto público?
La sociedad zacatecana está enojada e indignada con lo que ocurrió, lo más conveniente sería investigar y deslindar responsabilidades, por el bien del gobierno, por el bien del Congreso, por el bien de los partidos políticos y por el bien de la misma política.
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