Democracia, justicia y desarrollo: antídotos contra la violencia
Nuestro país ha venido sufriendo grandes impactos derivados de la violencia y de la criminalidad, que han desestabilizado prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Desafortunadamente, la crisis y la pobreza, la delincuencia y la impunidad se han convertido en elementos que forman parte de nuestra cotidianeidad y del imaginario social; que se manifiesta en una sensación de vulnerabilidad que atrapa a los ciudadanos y que produce desintegración en el tejido social y debilita las bases institucionales y democráticas de nuestra sociedad.
Desafortunadamente, con frecuencia, en México se siguen presentando casos de arbitrariedad y de uso desmedido de la fuerza para responder a los reclamos sociales y a los múltiples problemas de seguridad y justicia que nos aquejan. En particular, la respuesta militar del gobierno federal en su estrategia de sacar al ejército a las calles y centrarse casi únicamente en acciones punitivas, ha resultado inefectiva y dolorosa para el país, porque adolece de un acompañamiento integral de políticas públicas dirigidas a extirpar las raíces del problema de la inseguridad. Tal y como afirma el historiador y politólogo Lorenzo Meyer: “el incremento de homicidios relacionados con el narcotráfico en México aumentó de 2 mil a 12 mil del 2006 a la fecha, debido a que el gobierno federal decidió empujar como su política central ‘la guerra contra el narcotráfico’. Casi 12 mil muertos en 2011 no demuestran seguridad”.
Bajo esta estrategia, militares y policías han cometido diversas violaciones a los derechos humanos y no todos los casos están siendo investigados adecuadamente, tal como lo denunció la ONG internacional Human Rights Watch, el pasado noviembre, en su informe “Ni Seguridad, Ni Derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”. Respecto a ello, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, ha señalado que “se puede convenir o no con las recomendaciones, pero en caso de que no fuere así se tendrían que proponer alternativas serias y fundadas. Lo que sí es necesario hacer es admitir que el informe es una muy seria llamada de atención a todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno para que en su ámbito competencial generen pesos y contrapesos institucionales al modo como se está conduciendo el actual modelo de ‘seguridad pública’ en todo el país”.
Resulta evidente que el aumento de la criminalidad y de las violaciones graves a los derechos humanos en los últimos años, ha venido acentuando la inseguridad en un círculo vicioso que no hemos podido romper; y lo más delicado es que afecta en mayor medida a los sectores vulnerables, tal es el caso de las mujeres, las niñas y los migrantes. Sumado a ello, la convicción de que el aumento de la violencia está directamente asociada al crimen organizado, obstaculiza el ya de por sí difícil y largo proceso de consolidación de la democracia, además de mermar a las fuerzas vivas de la sociedad y obstaculizar la actividad económica.
Pese a innegables avances institucionales y políticos importantes, tales como los diversos mecanismos creados para proteger los derechos humanos de las personas, el establecimiento de bases para la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas y una mayor apertura de espacios de participación ciudadana; éstos no han sido suficientes para abatir la inseguridad, ni para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país.
Entre los problemas para cumplir con estos objetivos, destaca la pesada herencia autoritaria que pervive en nuestro sistema político; este déficit democrático, aunado a la desigualdad socioeconómica imperante en el país, retardan el desarrollo económico e incrementan la exclusión y falta de oportunidades para amplios sectores de la población; especialmente los jóvenes, a quienes se les dificulta cada vez más acceder al mercado laboral, pasando a formar parte de la economía informal y, con mayor frecuencia, del ejército de reserva de la delincuencia.
Ante esta situación, demos darnos a la tarea de consolidar los procesos democráticos en el país y en Zacatecas, para evitar dilapidar los avances políticos conseguidos hasta ahora; vale la pena recordar que muchos de nuestros problemas -como el de la inseguridad, precisamente- están estrechamente ligados a la ausencia de un Estado de derecho. No tenemos otra opción que desarraigar por completo los mecanismos informales y “metalegales” con los que se ejercía el poder en el prolongado régimen posrevolucionario, paralelamente a fortalecer la rendición de cuentas e impulsar la participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida pública.
Como parte de este impostergable proceso democratizador del país, desde Zacatecas podemos hacer un aporte importante y ubicarnos a la vanguardia en la construcción de las reformas políticas que nuestro estado requiere, de acuerdo sus propias condiciones; y de esta forma, abonar a la gobernabilidad democrática. Por nuestra parte, las y los diputados del Congreso del Estado, tenemos esa convicción y en este sentido nos hemos manifestado.
Por último, cada zacatecana y zacatecano tiene el derecho a vivir bajo condiciones que le permitan su pleno desarrollo, con acceso a oportunidades de empleo, vivienda, salud, educación y donde se respete su integridad, sus libertades y sus bienes; objetivo que no podremos alcanzar, si no a partir de una democracia sólida e incluyente.
