Del dicho al hecho
LUCÍA LAGUNES HUERTA
En una suerte de esquizofrenia, el Estado mexicano aplica el famoso refrán “candil de la calle, oscuridad de su casa”. Sí, mientras que en Uruguay reconoce lo importante que es para el desarrollo respetar los Derechos Humanos de las mujeres, incluido el aborto legal, en casa se siguen librando las batallas que criminalizan el derecho a decidir de las mexicanas.
Y si nos vamos más lejos podemos decir que esa misma esquizofrenia mexicana se repite en varias naciones latinoamericanas y caribeñas, donde a nivel internacional se muestran progresistas pero al cerrar la puerta de la casa, o sea, al llegar al país, el conservadurismo les aflora como en los mejores tiempos.
Sin duda haber logrado en la revisión regional de los 20 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo el consenso para garantizar el derecho al aborto legal, mejorar los servicios de salud para su práctica, y “considerar” modificar leyes que criminalicen la libre elección de las mujeres, es un logro para las ciudadanas mexicanas y latinoamericanas en general; el reto sigue siendo que lo escrito en papel se convierta en realidad en la vida cotidiana.
Por ejemplo, mientras este fin de semana el Estado mexicano firmaba el llamado Consenso de Montevideo para garantizar el aborto legal, en nuestro territorio lejos de los reflectores internacionales las mujeres siguen enfrentando batallas legales por haber elegido no continuar con un embarazo, o por haber tenido un problema médico que terminó en aborto.
Para darnos una idea de lo que viven las mexicanas, retomemos los datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización con 22 años de especialización en el tema y que ha documentado la detención y criminalización de las mujeres por aborto.
Según sus registros, 171 mujeres han sido consignadas por aborto, 151 llevan procesos penales y se han dictado 127 sentencias.
A la vergonzosa lista de 17 entidades que reformaron su Constitución para perseguir a las mujeres que deciden abortar, se suma Tlaxcala, donde se busca obligar a las mujeres a continuar con embarazos incluso cuando peligre su vida.
Sin duda para las organizaciones civiles es un logro haber conseguido el consenso de 38 países de la región para erradicar la desigualdad que viven las mujeres y avanzar al desarrollo pleno. En casa, es decir en su país, aún tienen que enfrentar el odio del sistema judicial y político que lleva a las mujeres a prisión por decidir no ser madres o por haber tenido un aborto espontáneo.
Hurras y fanfarrias por el avance en el marco internacional para todas las personas que construyeron el acuerdo. Ahora es necesario que se camine hacia la congruencia del Estado mexicano. Es decir que lo dicho en el papel y lo hecho cada día en todo el territorio nacional sea lo mismo.
* Directora general de CIMAC.
