Defendamos la vida institucional de México
MIGUEL TORRES ROSALES
La reciente renuncia del magistrado Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debe ser tomada a la ligera. Al contrario, es un hecho de suma relevancia y gran impacto para la democracia mexicana.
Dejar su alto encargo para sumarse a la campaña de la aspirante morenista a la Presidencia de México evidencia la simpatía de Zaldívar hacia un proyecto político y, por lo tanto, expone que sus decisiones en todo momento fueron parciales.
La Constitución Mexicana faculta al presidente Andrés Manuel López Obrador a integrar una terna para ocupar el espacio vacío.
Visceralmente López Obrador pretende aprovechar ese beneficio para imponer a una incondicional para apoderarse de la SCJN, la última instancia que con sus decisiones objetivas ha defendido la democracia y la División de Poderes, al tiempo que ha impedido el cumplimiento de sus caprichos absolutistas y la instauración de la dictadura.
Su propuesta es una burla por contemplar a tres morenistas: Bertha María Alcalde Luján, hermana de la Secretaria de Gobernación; Lenia Batres Guadarrama, hermana del Jefe de Gobierno de la CDMX; y su Consejera Jurídica, María Estela Ríos González. Ninguna garantiza la imparcialidad.
Esa es sólo una probadita de lo que el autócrata de Palacio Nacional desea hacer con el Poder Judicial. De ganar en el 2024 la mayoría en el Congreso de la Unión, Morena y sus partidos satélites tendrán la facultad de nombrar a cuatro nuevos Ministros y Ministras y no habrá nada ni nadie que les detenga para apoderarse del Poder Judicial.
En las Cámaras de Diputados y Senadores la mayoría oficialista ha tratado de hacer de las suyas. Sin embargo, la oposición hemos detenido reformas anticonstitucionales, como la eléctrica y electoral; así como la militarización y la democracia. AMLO criticó sus propias propuestas anteriores a la SCJN, alegando que “se olvidaron de defender el proyecto de transformación”, en lugar de alabar su valentía por defender la Constitución.
López Obrador se siente dueño de la nación y quiere arrasar con las instituciones que le estorban. Por ello, el Senado obstruye más de 100 nombramientos, provocando que desde hace meses existan 31 vacantes en tribunales electorales estatales; 73 puestos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tres, en el pleno del INAI. Ahora se suma el espacio en la SCJN.
De ese tamaño es la importancia de la decisión que en las elecciones del próximo año deberá de tomar el electorado. Ya no se trata sólo del partido o aspirante que ganará. Se trata de la defensa de la vida institucional y de los órganos autónomos que garantizan democracia, transparencia y derechos humanos.
Pido que en el 2024 con su voto fortalezcamos al Congreso de la Unión, manteniendo la pluralidad en la representación y rechacemos el Plan C de López Obrador por tener mayorías absolutas, a fin de mantener una oposición vigorosa y como equilibrio ante las decisiones presidencialistas dañinas para México.
