De la impunidad al surrealismo
JUAN GOMEZ *Hace exactamente cuatro años que un incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora cobró la vida a 49 niños, en una de las tragedias más impresionantes en la historia de nuestro país.
Pero del drama hemos pasado a la indignación, por el tráfico de influencia, la complicidad gubernamental, la componenda política y la falta de aplicación de la Ley.
Porque no se explica de otra forma que a cuatro años del incendio de la guardería no exista un solo culpable detenido de alto nivel y menos aún, un solo gramo de justicia para los padres y madres de familia que perdieron en este drama a sus bebés.
Al gobierno de la República no le ha importado nunca impartir justicia en la sociedad, salvo que tenga dividendos políticos.
La tragedia generada durante la administración de un gobierno panista hoy no difiere mucho de la atención de un gobierno priista. Los colores no marcan la aplicación de la Ley. Son lo mismo, pero bajo siglas diferentes.
Los padres de los 49 niños muertos y de 104 lesionados han luchado durante cuatro años para que el gobierno (primero panista y ahora priista) no arroje al cesto del olvido y de la impunidad este trágico episodio que marcó sus vidas.
Agrupados en las organizaciones Manos Unidas por Nuestros Niños y Movimiento 5 de Junio, los padres de 24 niños y 25 niñas demandan que sus muertes no queden impunes.
Recuerdan que durante la campaña presidencial del entonces candidato priista a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, firmó un documento el 19 de junio en Ciudad Obregón, Sonora, en el cierre de su campaña electoral, en el que se comprometía a la reparación del daño y mantener vigentes las compensaciones establecidas en un decreto presidencial publicado el 20 de julio de 2010.
Sin embargo, dichos padres de familia aún están en espera de la reparación del daño y de la impartición de justicia hasta este momento.
Otro drama es el de las víctimas por las desapariciones forzadas en nuestro país, a causa de lo que en algunos medios han llamado “La Guerra del Narco”.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva calificó de inaudito el hecho de que no existan detenciones en nuestro país a causa de las desapariciones.
De acuerdo con el reporte de la CNDH se han generado 24 mil 800 en el país. En dos mil 443 casos se tienen indicios que hubo intervención de servidores públicos, mientras que en 30 casos hubo participación de elementos de las fuerzas policiales de los diferentes órdenes de gobierno.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido 30 recomendaciones a los tres niveles de gobierno sobre desapariciones forzadas, donde quedó de manifiesto la participación de servidores públicos en el delito. Pese a esto no hay nadie en la cárcel”. (Excélsior).
Existen investigaciones, denuncias, testigos, documentos, recomendaciones de la CNDH pero, por increíble que parezca, ni un solo detenido por esta causa.
En respuesta el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Procuraduría General de la República (PGR) ha dispuesto la creación de una Unidad de Investigación de personas Desapariciones, pero sin recursos, sin oficinas propias, sin personal.
El diario El País, en su versión digital publicó el pasado 28 de mayo la siguiente y elocuente información:
“Ocho días se había dado de plazo el Gobierno mexicano para la creación de un grupo especial de búsqueda de desaparecidos. Cumplió el plazo: la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas existe, efectivamente, desde este lunes 27, aunque solo de nombre. Por ahora no tiene responsable, ni presupuesto, ni sede.”
En la misma nota informativa el diario madrileño apunta lo siguiente:
“Las organizaciones de familiares, y de manera muy destacada el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta mexicano Javier Sicilia, denuncian sin cesar que las investigaciones de personas desaparecidas quedan a menudo abandonadas en tierra de nadie. La mayoría de los Estados no hacen un registro de víctimas, y “desde luego” hasta ahora no funciona nada parecido a un censo nacional, detalla Julio Hernández, abogado del movimiento ciudadano de Sicilia.”
El surrealismo también aparece en la ciudad de México, con la desaparición de 11 jóvenes del barrio de Tepito, quienes al parecer fueron secuestrados en el bar Even de la Zona Rosa el 26 de mayo pasado.
Y digo al parecer porque por un lado hay versiones que indican que fueron secuestrados por un grupo armado, pero por el otro las autoridades capitalinas dicen que no hay indicios de tal acción, y que no hay nada registrado en las cámaras sobre una eventual privación de la libertad con esas características.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, declaró que no ha sido informado por autoridades federales sobre la existencia de algún cártel en la ciudad de México.
“Nosotros no tenemos detectada ninguna presencia en ese sentido y cuando ha habido captura de grandes capos, estos han dicho que en la ciudad de México nunca se han asentado” (La Jornada, 5 de junio).
Y claro, los “capos” de la mafia siempre dicen la verdad y el Jefe de Gobierno capitalino por supuesto que les cree, porque no mienten.
¿Quién asesora al Miguel Mancera?
Si esas pifias se dan en el alto nivel de la política nacional, imaginemos los niveles de surrealismo que tenemos en los estados, en donde la dirección de Tránsito escolta a un autobús de exhibición bajo el argumento de que está cobrando el pasaje en el bulevar.
¿No es para Ripley?
Algunos le llaman surrealismo…
¿Usted cómo le llama?
