De acusador, al banquillo
JUAN GÓMEZ HERNÁNDEZ *
Paradogicamente el funcionario público más cuestionado de la actual administración del gobernador Miguel Alonso Reyes es, sin lugar a dudas, el Contralor interno Guillermo Huizar Carranza.
Pero además –y aquí reside lo paradógico- ha sido también el colaborador más apoyado por el mandatario estatal, quien en tres ocasiones le ha ratificado su apoyo político y personal, derivado de los cuestionamientos y errores en los que se ha visto inmerso.
Nuevamente el Contralor Interno entra en un escándalo político-administrativo, al ser denunciado por una colaboradora ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (la FEPADE) por acciones que podrían ser constitutivos de delitos electorales.
Una serie de yerros han acompañado al Contralor interno, producto no solo de su temperamento sino de su proclividad al autoritarismo y a la vendetta personal.
Y también de sus decisiones:
Con el sello del “Monrealismo” tatuado en la piel a Huizar se le hizo muy poco el haber sido designado comisionado político del Partido del Trabajo, luego de que ocupara la Secretaría de Finanzas, la diputación federal y la local.
Pactado un acuerdo entre el entonces dirigente David Monreal y el gobernador electo Miguel Alonso, Huizar Carranza fue designado Contralor interno de la actual administración.
Y desde ahí inició el fuego cruzado en contra de Amalia García Medina y sus más allegados colaboradores.
Su fracaso fue sonoro. La precipitación lo llevó a niveles insospechados a grado tal, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la ex mandataria zacatecana.
Sin embargo el apetito de venganza lo condujo a entregar el expediente al Procurador Arturo Nahle García, quien emprendió acción judicial en contra del ex oficial Mayor Eduardo Ruiz Fierro.
A este ex funcionario amalista se le exhibió ante los medios de comunicación y hoy se encuentra en prisión preventiva en el Cereso de Cieneguillas, mientras el Ministerio Público ejercita una prórroga para el acopio de pruebas que no han podido recopilar.
Pero la gravedad de la acusación que pesa hoy contra Guillermo Huizar Carranza transita en dos ámbitos:
En el administrativo, porque el responsable gubernamental de evitar que las dependencias de la actual administración ocupen recursos humanos, materiales y económicos para promocionar campañas electorales es él.
En lo político, porque el escándalo en el que se ve inmerso este funcionario público contribuirá a que los enemigos partidistas del gobernador la utilicen para golpear la imagen del mandatario y de los candidatos a puestos de elección popular.
El caso Huizar también puede ser utilizado en el proceso electoral presidencial para incorporarlo a los casos Moreirea y Yarrington, que han contribuido a desgastar la imagen del candidato de la alianza Compromiso por México, Enrique Peña Nieto.
En este contexto es importante destacar que la permanencia del Contralor interno no está solamente en el escritorio del gobernador Miguel Alonso Reyes, sino también en la decisión personal de Guillermo Huizar.
Así como fue sorpresiva la denuncia de una colaboradora en su contra, también lo podría ser la orden de aprehensión que dicte la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, si lo encuentra culpable, lo que sería un rudo golpe no solo en contra de la administración de Miguel Alonso, sino en contra de la campaña de Enrique Peña Nieto.
El delito electoral está tipificado como delito grave y por lo tanto, el Contralor interno no tendría derecho a fianza.
En poco tiempo, el acusador pasó al banquillo de los acusados.
*Periodista
