Cumplir con la ley, único objetivo de detención de ex funcionaria: Alonso
El gobernador Miguel Alonso, dijo que si bien la detención de Sonia Villarreal Silguero, “es un caso particularmente llamativo, atractivo”, de ninguna manera, asentó tajante, “tienen otra consideración u otro tinte que no sea básicamente el de estar depurando y actuando conforme a la ley”.
Y es que, dijo el mandatario estatal, desde que inició su administración, cerca de mil órdenes de aprehensión han sido ejecutadas “y, precisamente, delitos que fueron en su momento presentados, a través de denuncias antes de que llegáramos como gobierno o a partir de que llegamos en septiembre 12, que iniciamos la nueva administración. Éste es uno de ellos”.
De esta forma se refirió el gobernador, a la detención de la ex coordinadora de Giras, Sonia Villarreal, quien permanece en el Cereso de Cieneguillas, desde el sábado pasado, detenida por el delito de robo de 72 mil pesos.
En entrevista colectiva, Alonso Reyes señaló que dicha detención, que hizo efectiva la Policía Ministerial, el sábado, fue derivada “de una denuncia de particulares por el delito de robo que fue interpuesta ante la Procuraduría en septiembre”.
Y agregó: “Nosotros tenemos el compromiso como gobierno de darle celeridad y salida a la mayor parte de este tipo de denuncias, a través, precisamente, de la solicitud al Poder Judicial, de obsequiar órdenes de aprehensión debidamente fundadas, debidamente motivadas, sustanciadas, para que se pueda ir reduciendo el rezago que existía en delitos donde los particulares presentan una denuncia y prácticamente viven el sueño de los justos. Se quedan ahí olvidadas, congeladas”.
El gobernador observó que la de Sonia Villarreal, ex colaboradora de Amalia García, “es una de esas denuncias presentada hace poco más de seis meses, y que en ese ánimo de no dejar un rezago se actuó de acuerdo a la ley y el Poder Judicial, a través de un Juez, quien determinó obsequiar la orden de aprehensión para que se actuara en consecuencia”.
Y agregó: “En el caso de la indiciada, se han dado todas las garantías del debido proceso en lo que corresponde al Ejecutivo del Estado. Está ahora en el Poder Judicial determinar el camino, el procedimiento conducente apegado la legalidad”.
Miguel Alonso dejó en claro que de parte de la Procuraduría, “con la indiciada se ha actuado buscando en lo posible generar las mejores condiciones, incluso, decirles que no se le ha sido privada la posibilidad de comunicación permanente, se le consultó a la indiciada si quería una audiencia pública o privada. Ella pidió que fuera pública”.
Para finalizar aclaró que este “no es asunto unilateral que le corresponde a la Procuraduría, al procurador, al gobernador, detener cuestiones por el estilo, sino que tiene que ver con todo un proceso en el que se involucran dos poderes, que es el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría, Ministerios Públicos, y el Poder Judicial”.
