Cultura, sustentabilidad y democracia
GILDA MONTAÑO
Para analizar sus diferentes y muy distintos problemas, debemos de entender a los indígenas. Mi peculiar visión de que no han podido resolverlo es por no haberlos escuchado, en ese sentido, no podemos entenderlos.
Para hacerlo, hay que entender también que, como dice Enrique Left: La cultura se ha vuelto política. Más allá de las políticas culturales que promueven y difunden la «cultura universal» y las expresiones folklóricas tradicionales, lo que hoy se reivindica es la cultura como un principio de significación y ubicación en el mundo, como un conjunto de valores, saberes y prácticas que organizan la vida social de los pueblos. El derecho a la diferencia se convierte en una valorización de la diversidad cultural, y promueve la multiplicidad de estilos étnicos y proyectos de vida comunitaria y social. Obviamente, la emergencia de estos nuevos derechos culturales son fuente de antagonismos frente a las reglas de organización del mundo a través de la preeminencia de las leyes del mercado, así como de la unidad e integración nacional, frente a la multietnicidad y la diversidad de proyectos culturales de una nación como México.
Frente al proyecto integracionista de los pueblos indígenas y la proclamación de una democracia representativa basada en el pluripartidismo y la transparencia cada vez mayor de los procesos electorales, hoy en día se perfila un nuevo proyecto de democracia, fundado en el derecho a la autonomía de los pueblos, a la reapropiación de la naturaleza y la cultura, y a la autogestión de sus procesos productivos y sus estilos de vida. Estos principios de autonomía y autogestión implican el reclamo de un derecho al control directo de la vida y la producción, a regir la vida social de acuerdo con valores consensuados por la comunidad y una ruptura con los esquemas de poder que han generado la destrucción de la naturaleza, la opresión de las culturas, el yugo de la ciencia objetivadora y cosificadora, frente a los saberes culturales que son fuente de significaciones y sentidos sociales.
Este es el drama político que hoy ejemplifica el movimiento del EZLN y de muchos otros pueblos indígenas de México, América Latina y el Mundo entero frente al Estado-nación. El Estado busca el control de la degradación ambiental a través de los instrumentos del mercado, políticas conservacionistas y normas ambientales; busca la remunicipalización, que implica la ramificación de los brazos de poder del Estado en la vida pública de los pueblos. En este contexto político, el concepto de autonomía plantea el desujetamiento de los pueblos del poder del Estado y del mercado para reorganizar su vida a partir de sus propios valores, normas y sentidos existenciales. Este es el sentido del reclamo de autonomía.
Hoy en día la cultura combate con la economía en la definición y delimitación de territorios como espacios de producción y de vida atravesados por estrategias de poder en torno a la reapropiación de la naturaleza. Las identidades culturales se están reconfigurando en el contexto de las políticas de la globalización económico-ecológica. Frente al discurso de la sustentabilidad que busca una ciudadanía global y una cultura ecológica homogénea, la lucha por las autonomías implica la definición de nuevas identidades culturales que se caracterizan por su diversidad y se construyen en relación directa con su entorno ecológico. Estas identidades emergen como la afirmación de una diferencia que lleva en ciernes un antagonismo potencial. Y es eso lo que hoy observamos con la politización de la cultura, donde se configuran nuevas identidades en torno a los derechos de las comunidades a apropiarse su patrimonio de recursos naturales y culturales, sus territorios étnicos como hábitat que implica el lugar donde se desarrollan las prácticas productivas y proyectos sociales para habitar el mundo. En este sentido, las luchas por la autonomía de los pueblos indígenas y los principios de una nueva racionalidad ambiental se demarcan de la concepción globalizadora de la naturaleza y la economía.
Hoy en día, la cultura se ha convertido en cultura política. Los nuevos derechos culturales se inscriben en un proceso de reconstitución de ancestrales identidades culturales que se dan en el contexto de un proceso de globalización que implica diferentes estrategias de apropiación y aprovechamiento de la naturaleza. En este sentido, frente a la ecologización de la economía, las luchas indígenas y campesinas por la dignidad y la democracia, por la autonomía y la sobrevivencia, implican también una lucha por la reapropiación de su patrimonio de recursos naturales y culturales. Frente al proceso de homogeneización cultural de los pueblos que induce la globalización económica, frente al embate contra los valores culturales que imprime la valorización económica de todos los órdenes de la vida, hoy se reivindica el derecho a la diversidad y a la diferencia. Este derecho a la diferencia no sólo se da en el nivel de las subjetividades individuales, sino que atañe a los derechos colectivos, que hoy en día se debaten por definir y legitimar procesos alternativos de asentamiento en el territorio y nuevas formas de aprovechamiento de la naturaleza.