Cuentas Claras: Que me mantenga el gobierno
HERACLIO CASTILLO VELÁZQUEZ
Este fin de semana el INEGI recién publicó la actualización de las estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, que para el 2016 ubica a Zacatecas como el segundo estado con mayor número de centros penitenciarios en el país y el tercero que más gasta en mantener a sus reos.
El estudio da cuenta de que en el sexenio anterior Zacatecas aumentó su capacidad instalada en 131%, que para finales del 2016 fue de 19 centros penitenciarios, pero esto también implicó un aumento del 78% de la población reclusa en el mismo periodo.
¿Por qué es importante revisar estas estadísticas? Quizás porque, como bien se indica en el análisis del INEGI, “la construcción de más recintos penitenciarios es una solución poco sostenible a lo largo del tiempo, es costosa y casi nunca logra la reinserción social”.
Algunos pensarían que la construcción de más centros penitenciarios puede contribuir a mejorar la percepción de seguridad, pero la estrategia debe ser más integral y al menos en el caso de Zacatecas, destaca como una de las 14 entidades donde no se cuenta con programas postpenitenciarios, lo que poco abona a la reinserción social.
Si a esto le añadimos que el 37% de los reos es reincidente por el delito de robo y que alrededor del 40% de las personas internadas no tienen sentencia, nos daremos una idea de cómo está la procuración de justicia en Zacatecas.
Por un lado, ante la falta de programas postpenitenciarios, no se inhibe la reincidencia en la comisión de delitos, sumado a la población en espera de sentencia que, normalmente (así lo apunta el INEGI), recibe una condena después de un tiempo en el centro penitenciario debido a que, para los jueces, es más fácil que enfrentar un “usted disculpe” por haber retenido a un inocente.
¿Hay datos positivos para el estado? Algunos que habría que considerar son, por ejemplo, ser la sexta entidad con menos tasa de reincidencia o ser el tercer estado con menor tasa de sobrepoblación en centros penitenciarios.
Pero estos datos se ven opacados sin tomamos en cuenta que por cada recluso el estado eroga unos 377.10 pesos al día, lo que equivale aproximadamente a poco más de cuatro salarios mínimos. ¿Se imagina? Es más rentable cometer un delito y que me mantenga el estado en un centro penitenciario a trabajar cerca de 34 horas para obtener ese ingreso.
Tal vez ese es el pensamiento de los jóvenes que incurren en algún delito. Por algo será que de los 1 mil 291 internos en Zacatecas, 571 sean jóvenes de 18 a 29 años de edad, es decir, el 44% de la población en los centros penitenciarios, la mayoría hombres.
Y no olvidemos el rezago en materia de derechos humanos, un tema en el que ha sido insistente María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la CDHEZ, aunque poca ha sido la voluntad para atender las recomendaciones a tal grado que para el 2016, solo 1 de cada 4 trabajadores de los centros penitenciarios tenía la capacitación para desempeñar su cargo.
Adriana Rivero Garza, titular de la Semujer, algo debería hacer también para proteger los derechos de las mujeres reclusas, pues para el 2016 se habían contabilizado al menos 3 menores de 6 años de edad viviendo en un centro penitenciario y no se tenía registro de alguna guardería, como sí ocurre en otras entidades.
Si hablamos específicamente del tipo de delitos por el que fueron procesados los internos, tenemos que 8 de cada 10 se refieren a delitos del fuero común, principalmente lesiones, robo, homicidio, secuestros y posesión simple de narcóticos, en orden de incidencia.
En el caso de los delitos del fuero federal, aunque se ha reconocido que Zacatecas no cuenta con centros penitenciarios para albergar a personas procesadas por este tipo de delitos, destacan en mayor medida por armas de fuego, explosivos y otros materiales destructivos, seguido por el comercio, transporte y posesión de narcóticos.
¿Qué nos dicen estas últimas estadísticas? Confirman, efectivamente, un problema en el consumo de drogas y la portación y uso de armas de fuego, pero también demuestran que las corporaciones de seguridad van detrás de los delitos “menores” y no se ve gran incidencia en el combate de delitos del fuero federal, lo que tampoco abona a mejorar la percepción de seguridad en el estado. Trabajemos diferente, pero en serio.
