Cuentas Claras: “Cuando el gobierno sí trabaja”
HERACLIO CASTILLO VELÁZQUEZ
Con frecuencia este espacio ha sido una crítica al quehacer gubernamental, sustentado en cifras y estudios oficiales, con la finalidad de exponer algunas fallas en diversas estrategias y tratar de proponer alternativas de solución a esas deficiencias. Sin embargo, cuando ha sido menester también se han reconocido los casos en los que el gobierno trabaja de forma positiva, como el que comentaré en esta ocasión.
La semana pasada la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, dirigida por Everardo Ramírez Aguayo, convocó a diferentes organizaciones de la sociedad civil a la integración del primer Protocolo de Atención a Víctimas de la Comunidad LGBT+ en conjunto con representantes de todas las dependencias del Gobierno del Estado para trabajar en cinco temas fundamentales: seguridad, justicia, salud, educación y trabajo.
Durante los trabajos pude darme cuenta de varios puntos a considerar y que me parecen fundamentales para lograr el avance esperado en la lucha por garantizar todos los derechos para la comunidad LGBT+:
* Hay una apatía muy marcada de la propia comunidad LGBT+ para trabajar en la defensa de sus derechos. A las mesas de trabajo únicamente asistimos, exagerando, unas diez personas de esta comunidad. Me pregunto ¿dónde estaban las miles de personas que cada año participan en la llamada “Marcha del Orgullo LGBT+”? Reitero mi crítica ya publicada en este mismo medio bajo el título “Y la marcha también fue carnaval y putería”.
* Fue evidente el desconocimiento sobre el organigrama de todas las dependencias de gobierno, sus funciones, atribuciones, marco jurídico y normatividad existente. Y esto aplicó en varios casos tanto para los representantes de las diferentes áreas gubernamentales como para la comunidad LGBT+ y las organizaciones de la sociedad civil que asistieron. Este desconocimiento motivó en algunos momentos discusiones álgidas en torno a casos considerados “crímenes de odio” que no están tipificados en la legislación local y, en consecuencia, limitan el actuar de las autoridades, pero no es responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo. Por eso es que se registran casos de discriminación indirecta, por las llamadas “omisiones legislativas”.
* Se convocó a la integración del Protocolo sin tener un diagnóstico previo que ofreciera estadísticas más precisas sobre la incidencia de actos discriminatorios en áreas específicas. Todo parece indicar que el único fundamento fue la Investigación sobre la Atención de Personas LGBT en México, elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); coordinado por la especialista Gloria Careaga y publicado en diciembre del 2015. Y aunque el estudio ofrece un panorama general del país, se centra especialmente en el caso de la Ciudad de México, que dista mucho de la realidad de Zacatecas.
* Los trabajos en la mesa de salud quizá fueron los más complicados, a tal grado que en el último día cambiaron a los representantes y enviaron a personal jurídico, que no necesariamente ofrece atención directa al usuario e ignora los protocolos de atención en el sistema de salud de Zacatecas. Interesante el compromiso (o la falta de) de Gilberto Breña Cantú. Eso de que sus representantes afirmaran que “si se tienen vacunas para perros y gatos, ¿por qué no habrían de brindar atención a gays y lesbianas?” me pareció una desafortunada comparación y, como se imaginarán, derivó en una acalorada discusión que terminó muy mal.
Aunque hubo otros puntos, los ya mencionados nos dan una idea de por qué no se ha tenido el avance esperado en la protección de derechos para la comunidad LGBT+ en Zacatecas. Personalmente reconozco la voluntad del Gobierno del Estado para trabajar también en favor de este sector.
Creo que a excepción del personal de los servicios de salud, los representantes de las demás dependencias participaron de forma propositiva, con paciencia y la disposición para aprender un poco sobre la diversidad sexual y con la misma actitud para enseñar a esta comunidad parte del quehacer y funcionamiento de cada área de gobierno. Fue un ejercicio enriquecedor que dejó algo positivo para ambas partes.
Ahora, una vez concluida la propuesta de Protocolo, el siguiente paso es revisar los documentos emanados de las mesas de trabajo y someterlos a la consideración de los titulares de las diferentes dependencias para su aprobación, ante lo cual el comisionado Everardo Ramírez Aguayo se ha mostrado optimista y como prueba, el compromiso de tener representantes de todas las áreas de gobierno involucradas.
Platicando con estos representantes, varios hicieron la petición de que la misma sociedad civil organizada ayude al gobierno en la tarea de informar a la comunidad LGBT+ sobre la integración y las funciones de cada área de gobierno para evitar casos de discriminación conforme al marco normativo vigente.
Los trabajos también permitieron ver en qué áreas y en qué casos es necesario integrar iniciativas de ley o de reformas a legislaciones locales para que los diputados también contribuyan a reducir la discriminación indirecta por “omisiones legislativas”, como la tipificación de los “crímenes de odio” que deriven en un protocolo específico (como ocurre ya con los feminicidios), la aprobación del matrimonio civil igualitario que permita a las parejas del mismo sexo acceder a otros derechos (como la salud mediante el Seguro Popular o el IMSS), una Ley de Identidad de Género que permita a la comunidad transgénero y transexual tener una vida digna acorde con el género con el que socialmente se identifica (y que también le permita acceder a otros derechos fundamentales), por mencionar algunos.
En esta ocasión sí puedo decir que la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas trabaja diferente, pero en serio.
