Crisis Compartida

RAFAEL CANDELAS SALINAS

Por si fuera poco, a la crisis de credibilidad que enfrenta el Gobierno priísta de Peña Nieto ahora se le suma el desprestigio de una de las Instituciones más sólidas del Estado Mexicano, cómo lo es el Ejército Nacional.

Si bien es cierto que todo comenzó en el momento mismo en el que Felipe Calderón decidió sacar a los soldados a la calle para enfrentar la complicada situación que se vivía particularmente en Michoacán y Tamaulipas a inicios de su sexenio, también es cierto que desde entonces el Ejército no supo como reaccionar ante una nueva tarea para la que no esta hecho y ni siquiera le corresponde.

Por ello no es casual que a casi 9 años de distancia el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos haya tenido que salir a dar la cara por la Institución en una estrategia mediática para tratar de salvaguardar el prestigio de sus soldados, diciendo que el Ejército está haciendo labores de policía por obedecer una orden, pero que a ellos ni les gusta ni se sienten cómodos.

Desde aquel diciembre de 2006 e inicios de 2007 no faltaron las voces que alertaron lo que podría pasar, del grave riesgo en el que se colocaba al ejército al sacarlo a las calles para hacerla de policías, de agentes aduanales y hasta de tránsitos. El problema fue que quiénes lo señalaron pues no eran parte del círculo cercano de aduladores al que todo Presidente de la República tiene derecho y menos aún al provenir de personajes como Andrés Manuel López Obrador al que se le tacha de loco en todo lo que dice y de ser un peligro para México aunque con el pasar de los años el tiempo le de la razón.

Sin embargo hay que decir que no fue el único, hubo académicos, intelectuales, medios de comunicación y hasta políticos talentosos como el hoy dirigente priísta Manlio Fabio Beltrones que en aquel entonces también creían y declaraban que era un error, aunque hoy tristemente esté convertido en un simple aplaudidor de las políticas erróneas de Peña Nieto.

Entendemos que regresarlos a los cuarteles no es sencillo y más cuando estudiosos del tema como el reconocido Abogado Penalista Juan Velázquez nos dice que la policía en México es una de las 10 más ineficaces del mundo; la más ineficaz de América Latina; la segunda más corrupta mundialmente; que 400 municipios del país no tienen policía; que más de 800 policías no saben leer ni escribir; y que el 75% están infiltradas.

Así pues, ante esta realidad y los informes internacionales y nacionales que señalan a México como un país en el que no se respetan los derechos humanos, el gobierno de Peña Nieto no reacciona de la manera en la que la comunidad internacional espera sino acusando de tendenciosas a todas aquellas voces que no coincidan con el “Mexican Moment” que a fuerza nos quieren vender y que se ha caído a pedazos con casos como la matanza de Tlatlaya, la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la ejecución de 7 jóvenes del municipio de Calera, Zacatecas a mano del ejército y ahora con el informe “preliminar” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Presidente de la República debe entender –o por lo menos los que le aconsejan- que el desprestigio de su gobierno y el de México son su responsabilidad y que no hacer nada al respecto influirá en disminuir aún más el poco prestigio que les queda a algunas Instituciones cómo el Ejército, lo cual a nadie conviene.

Debe entender que no es tratando de sostener a costa de lo que sea la verdad histórica creada por el cansado Murillo Karam respecto a lo acontecido en Iguala, Guerrero como va revertir la percepción Internacional de que en México hay graves violaciones a las garantías individuales.

Debe entender que no es hablando de populismo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ni exponiendo en campañas mediáticas al Secretario de la Defensa Nacional cómo va recuperar la credibilidad perdida, y menos argumentando que de ninguna manera va aceptar que sus soldados declaren ante ningún Organismo Internacional (así, por sus pistolas) a pesar de que haya Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por el gobierno Mexicano y debidamente ratificados por el Senado de la República que lo obligan a cumplir ciertas recomendaciones que emitan organizaciones de este tipo.

Debe entender que no es reaccionando de manera viceral en Gobernación, ni en la Cancillería o en la representación de México en la OEA, ni mucho menos imaginando “complots” como va eludir las recomendaciones que emitan órganos como los creados por la Convención Americana de Derechos Humanos, sino aceptando, cumpliendo y enfrentando la realidad de las cosas. Una realidad que se ve tan obscura y preocupante como la credibilidad de nuestras Instituciones.