Crímenes de Odio
RAYMUNDO MORENO ROMERO
El pasado miércoles 2 de septiembre la compañera Mireya Rodríguez Lemus, defensora de los derechos humanos de las personas trans, fue asesinada en el estado de Chihuahua. El 28 de agosto fue encontrado el cuerpo sin vida de Janine Huerta, promotora del derecho a la salud de las personas LGBTTTI en Baja California, presentó huellas de golpes y heridas por arma blanca. Se trató de dos crímenes de odio más que ponen en entredicho el supuesto compromiso de las autoridades locales y federales con la protección de las y los activistas en todo el país.
A los homicidios de Mireya y Janine, se suman al menos 19 crímenes de odio registrados por distintas Organizaciones de la Sociedad Civil solo en el estado de Veracruz, en lo que va de 2020. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio y la organización Letra S, 2019 fue el año con el mayor número de asesinatos reportados por la prensa. México es ya el segundo país más violento para las personas de la diversidad sexual en Latinoamérica.
Mención especial exigen los ataques contra defensores del medio ambiente. Se contabilizan más de 500 agresiones físicas y 86 homicidios de ambientalistas en los últimos años. Al menos un tercio de dichos asesinatos han estado vinculados con el desarrollo de proyectos energéticos.
Los crímenes de odio son una forma de violencia extrema que se comete contra ciertos grupos sociales por el simple hecho de ser quienes son, es decir, son homicidios dolosos perpetrados con un odio irracional, con especial saña y con alevosía. Zacatecas no se ha visto exento de dichos actos, activistas como Arturo de la Torre, compañero de la Red de Colectivos, han identificado al menos 18 casos en los últimos años en la entidad.
El origen de esta clase de crímenes es la discriminación y los discursos de odio que se viven y toleran cotidianamente en nuestra sociedad. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 2017), uno de cada dos mexicanos se ha visto violentando en su dignidad durante su vida. Si esto se traslada a las poblaciones históricamente vulneradas los números crecen hasta 8 de cada 10 ciudadanos.
Los discursos de odio, en muchas ocasiones disfrazados de convicciones políticas o religiosas, deshumanizan a las víctimas y justifican las agresiones. Es fundamental recordar que las palabras importan y que la libertad de expresión tiene un límite infranqueable: el respeto a los derechos humanos de todas las personas.
En días pasados varias compañeras y compañeros activistas, encabezados por Jazziel Bustamante en Veracruz, iniciaron una huelga de hambre y presentaron sendos oficios en la Fiscalía General de la República, a fin de exigir el cese de la violencia y la correcta aplicación del Protocolo de Actuación para casos que involucran a personas de la diversidad sexual. Este jueves 3 de septiembre la Secretaría de Gobernación se comprometió a dar seguimiento a dichas demandas.
Más allá de la lucha combativa, valiente y resilente del activismo pro derechos humanos a nivel nacional e internacional, es imperante que las autoridades cumplan con su responsabilidad constitucional. En el caso de Zacatecas urge que el Congreso del Estado restablezca la mesa de diálogo y dictamine la iniciativa que prevé tipificar el delito de crimen de odio en nuestro Código Penal. Es igualmente indispensable que el Ejecutivo, a pesar de las circunstancias financieras que vivimos, priorice y de pasos firmes en la lucha contra la discriminación.
Al final del día se trata de estar del lado correcto de la historia, de defender el derecho de todas y de todos a vivir en un entorno de paz, y de proteger las vidas de quienes alzan la voz por un México más justo, más libre y más igualitario. Al tiempo.
