Crímenes contra periodistas; arista del Estado mexicano
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
El día de ayer, fue una jornada tristemente memorable por el derramamiento de sangre en el país: por la mañana, autoridades policiacas encontraron 49 cuerpos mutilados en la ciudad de Monterrey y, por la tarde, fue encontrado muerto el periodista, abogado y dirigente de la Asociación Nacional de Emprendedores por la Nación, A. C., delegación Morelos, René Orta Salgado. El periodista se encontraba desaparecido desde la madrugada de este sábado; desafortunadamente, este lamentable asesinato es parte de la escalada de violencia desatada en el país y que reconocidos periodistas han padecido en las últimas semanas.
Hace unos cuantos días, el 3 de mayo, precisamente en la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, fueron encontrados los cuerpos de los fotorreporteros Gabriel Huge Córdova y Guillermo Luna Varela; del ex-fotógrafo del diario AZ, de TV Azteca, Esteban Rodríguez y de Irasema Becerra, empleada administrativa del diario El Dictamen, de Veracruz. Previamente, unos pocos días antes, el 28 de abril fue asesinada en Xalapa la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en su domicilio.
Cabe recordar que en nuestro país, del 2001 al año 2012 han ocurrido109 asesinatos y desapariciones de periodistas; 79 se cometieron en la actual administración del presidente Felipe Calderón, situación que representa un incremento de 2 mil 500% en la tasa de agresiones contra el gremio periodístico, respecto del sexenio presidencial correspondiente al periodo 1994-2000. Desgraciadamente, hoy en día, México es considerado el país más peligroso del mundo para ejercer del periodismo. Según la Comisión de Derechos Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 80 comunicadores han sido asesinados y al menos 14 han desaparecido en México durante la última década; la mayoría de ellos relacionados con investigaciones sobre el narcotráfico y la corrupción gubernamental. Sin embargo, es a partir del 2006 cuando se empiezan a registrar los niveles más elevados de atentados contra periodistas: de diciembre de ese año a la fecha, el número de este tipo de asesinatos ha crecido 246% comparado con el sexenio anterior.
Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un ofensiva contra los cárteles de la droga, se estima que más de 60,000 personas han muerto; entre las que se incluyen presuntos delincuentes, sicarios, policías, soldados, marinos y civiles (“daños colaterales”, según el gobierno federal), periodistas y defensores de los derechos humanos. Indudablemente, los ataques contra medios de comunicación y periodistas se deben, en gran medida, a los altos niveles de impunidad; en la medida que no se aplica y no se castigan los delitos entonces incide la violencia de la que son objeto los medios de comunicación. El abogado penalista de la Universidad Iberoamericana (UIA), Julio Hernández Barros, afirma que -según sus investigaciones- en México el 98% de los actos delictivos no se sancionan; “y eso quiere decir que ninguna pena y ninguna amenaza del Estado funcionará mientras se tengan esos índices de impunidad”. En el mismo orden de ideas, el jurista Miguel Carbonell advierte que los delitos cometidos que no llegan al conocimiento de la autoridad alcanzan el 75% del total de los perpetrados en México; es decir, que 3 de 4 delitos no se denuncian. Así mismo, del 25% de delitos que sí son denunciados solamente se concluye la investigación ministerial en el 4.55%, pero se pone a alguna persona a disposición de los jueces solamente en el 1.6% del total de delitos cometidos. Esto significa que solamente el 1.6% de cada 100 delitos llega ante un juez; las condenas judiciales abarcan tan sólo el 1.06%, propiciando que la impunidad alcance un escandaloso porcentaje del 99% (Corrupción judicial e impunidad: el caso de México).
Por su parte, Darío Ramírez, director de la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica atribuye esta situación, precisamente, a los niveles de impunidad que prevalecen en el país: “el silencio y la complicidad de las autoridades propicia que este contexto de inseguridad y agresiones a la prensa se perpetúe como un ciclo absoluto”. Es evidente que si los culpables de agresiones y crímenes contra periodistas no son sancionados; la lógica de intimidación a los medios seguirá en aumento. En este sentido, el politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Crespo advierte que “los medios no son un daño colateral, sino un objetivo especifico para incidir en el mensaje y la información que puedan manejar. Con los medios se utiliza normalmente el garrote y la zanahoria, por un lado el intento de coptación no son solo de gobiernos, sino de empresas e incluso del poder delictivo, entonces puede haber simplemente la coptación acordada o pacifica o la violencia e intimidación y en el caso del narcotráfico es plata o plomo”.
Ante la sucesión de asesinatos de periodistas, cuatro relatores de la (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hicieron un enérgico llamado al gobierno mexicano para que aplique de manera rápida y efectiva la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El problema es que no sólo los periodistas se encuentran en un estado de indefensión, sino la gran mayoría de mexicanas y mexicanos. Esta deplorable situación marcada por el debilitamiento de las instituciones, la fragmentación del Estado y el fortalecimiento de los grupos delictivos, es el resultado de la equivocada estrategia del gobierno federal en materia de seguridad. Tan sólo basta observar los inéditos niveles de violencia y barbarie para percatarse de ello; que definitivamente han multiplicado el dolor y el sufrimiento en México.
Por último, sin lugar a dudas, los avances en la optimización de los marcos normativos conforme a las necesidades sociales, es de primera importancia; en nuestro caso, Zacatecas ya cuenta con una legislación que establece la obligación del Estado de implementar medidas de prevención y protección a la vida, integridad, libertad y seguridad de comunicadores y activistas de derechos humanos. Sin embargo, para resolver de fondo esta lamentable espiral de violencia y corrupción que prevalece en el país, tenemos que empezar a construir una política integral en materia de seguridad, de largo plazo y que vaya dirigida a erradicar los actuales niveles de impunidad; el Estado debe invertir en educación y salud, así como en infraestructura pública y social para reactivar la base económica y generar empleos, paralelamente a mejorar los programas de desarrollo social.
En el corto plazo, no queda más que hacer un llamado al gobierno federal y a las autoridades estatales y municipales, para que cumplan cabalmente con la ley y promuevan la integración de propuestas de acción conjuntas entre el Estado, los medios de comunicación y la sociedad civil; para que de una buena vez, quiénes se desempeñan en la labor periodística cuenten con garantías de seguridad en el ejercicio de su oficio.
