Crematorios clandestinos: impunidad y barbarie
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
Nuestro país se encuentra sumido en una profunda crisis de inseguridad y criminalidad, que sume a la población mexicana en la desesperanza, la zozobra, el miedo y el terror, ante los hechos de extrema violencia y crueldad que ocurren y se incrementan día a día en todo el territorio nacional.
En este contexto, hemos sido testigos de noticias sobre personas ejecutadas, cuerpos decapitados y mutilados, cabezas humanas colgadas, masacres en bares y restaurantes, negocios incendiados, desapariciones forzadas y el hallazgo de fosas clandestinas.
Además, durante los últimos días, nos llegó la terrible noticia sobre el hallazgo de tres crematorios clandestinos, cinco lotes de restos óseos fragmentados o carbonizados, 400 prendas de vestir, zapatos, diversos objetos personales y 96 casquillos en un predio del municipio de Teuchitlán, Jalisco. Este lugar podría considerarse un campo de concentración y exterminio, comparable a los campos nazis que existieron en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.
Estos crematorios y fosas clandestinas encontrados en Jalisco podrían no ser los únicos, ya que, según versiones de integrantes de colectivos de personas desaparecidas, podrían existir otros similares en diversas regiones del país, incluido Zacatecas. Esto representaría un acto de barbarie y un auténtico infierno en la tierra para miles de jóvenes que, engañados con la promesa de un empleo, encontraron en su lugar un campo de adiestramiento y, finalmente, la muerte.
Este hallazgo es el resultado del incansable esfuerzo de un colectivo de madres buscadoras, cuyo espíritu inquebrantable por encontrar una pista, un detalle o un objeto que les permita conocer el paradero de sus hijos, hermanos, hermanas o esposos, hizo posible descubrir este lugar y revelar al mundo el grado de degradación humana que promueven los grupos del crimen organizado en México.
Estos colectivos de personas buscan tenazmente, arriesgando sus propias vidas, ante la ineficiencia, el desdén o la complicidad de las autoridades, que, inexplicablemente, no realizan búsquedas inmediatas ni investigan los casos de desaparición de manera pronta, expedita y con la debida diligencia. Como consecuencia, no existen condenas suficientes en proporción al número de personas desaparecidas, que hasta la fecha alcanza la alarmante cifra de 123 mil 700.
Este hallazgo no debe quedar únicamente en una nota periodística o en la indignación social. Es imperativo que se lleven a cabo investigaciones eficientes que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables —incluidas las autoridades que, por acción u omisión, permitieron estos graves sucesos—, detenerlos y presentarlos ante las autoridades jurisdiccionales para que sean sometidos a un proceso penal y, en el momento procesal oportuno, sean sancionados conforme a la ley.
Es momento de combatir la impunidad y la injusticia, sin simulaciones, complicidades u omisiones por parte de las autoridades, porque las víctimas y sus familias esperan hacer efectivo su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.
