Corrupción e impunidad, los grandes males de México
ULISES MEJÍA HARO
La Organización Transparencia Internacional define a la corrupción como el abuso del poder público para beneficio privado, sin embargo esta definición abarca solo la esfera pública, quizá porque es donde más se manifiesta, pero también hay conductas de corrupción en la esfera privada entre particulares o de particulares al público, por ejemplo las gasolineras que cobran litros de combustibles de 900 ml, o en la venta de kilogramos de alimentos de 900 gramos, o en servicios de telefonía, internet o de la banca comercial con cargos no autorizados por el cliente, entre otros.
Son muchas las conductas que se tipifican dentro de la corrupción, las más comunes se recrean en el sector público principalmente ligadas a la obra pública, compras de gobierno y servicios públicos, como son los mentados “diezmos o moches”, licitaciones dirigidas y amañadas, tráfico de influencias, empresas fantasma para evadir impuestos, desvió de recursos públicos; también hay casos de corrupción en los órganos de impartición de justicia y electorales, partidos políticos, en los congresos de los estados y en el Congreso de la Unión para la aprobación de los presupuestos de egresos o de leyes “maiceadas”, en los trámites burocráticos de las dependencias de gobierno, en la aplicación de la ley de tránsito y vialidad, entre otros. En síntesis, hoy en día, los casos de corrupción campean de manera creciente en los tres Poderes y tres órdenes de gobierno.
La corrupción en nuestro país ha crecido exponencialmente no por una “cuestión cultural” como lo dijo Enrique Peña Nieto, sino por una sencilla razón, por el nivel alto de impunidad, porque no se aplica la ley y casi nunca se castiga a los corruptos, porque se les solapa, incluso en algunos casos se les protege por intereses políticos o económicos. El porcentaje de delitos cometidos y no castigados según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2015 fue del 96.5%.
Ejemplos de corrupción e impunidad son los que más sobran, por mencionar algunos están: los casos de más de una decena de ex gobernadores que asaltaron las finanzas públicas de sus estados sin que a la fecha en su mayoría no hayan sido castigados; el reciente caso del ex director de Pemex Emilio Lozoya, quien presuntamente recibió de la empresa Oderbrecht 10 millones de dólares para favorecer a esta constructora brasileña y destinar estos recursos al financiamiento de las campañas del PRI en 2012, presunto acto de corrupción que es investigado por la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Electorales (Fepade), y que su titular Santiago Nieto fue removido de su puesto el pasado 20 de octubre por revelar que Emilio Lozoya le pedía no se le inculpara en este caso de desviación de recursos con fines electorales, remoción autoritaria que denota un posible encubrimiento y además nombrar a un nuevo fiscal de la Fepade “a modo” para las elecciones de 2018. No es la primera vez que Pemex se ve involucrado en actos de corrupción para financiar campañas políticas, ya que en el año 2000 también se dirigieron recursos por 1400 millones de pesos de Pemex a la campaña presidencial del PRI sin que haya habido consecuencias para los infractores principales.
Bajo este contexto se explica que nuestro país es el campeón en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual México es miembro, es decir de acuerdo al IPC de Transparencia Internacional 2014, somos el país más corrupto de la OCDE. A nivel internacional México ocupó en el 2015 el segundo lugar en impunidad de 59 países del mundo, solo nos superó Filipinas.
La ciudadanía está harta por los altos índices de corrupción e impunidad en el país, lo que ha originado una crisis de credibilidad en los gobiernos, en los representantes populares, en las instancias de impartición de justicia, en los órganos electorales, en los partidos políticos y en los políticos en general. La falta de credibilidad en estos entes conlleva a una situación más preocupante, a la apatía de la ciudadanía en participar en la política, en la elección de gobernantes y de representantes populares, en la solución de los problemas de su colonia, comunidad, municipio, estado y país.
Ante esta situación, uno de los propósitos más importantes de los partidos políticos y candidatos a Presidente de la República, Senadores, Diputados federales y locales y ayuntamientos municipales en las elecciones de 2018 debe ser que al llegar a esos puestos de elección popular su objetivo primordial debe ser abatir los altos índices de corrupción e impunidad.
Combatir los cánceres de la corrupción e impunidad significa un crecimiento económico progresivo y sostenible, combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad social, mejorar los niveles de bienestar, abatir la violencia e inseguridad, el respeto a los derechos humanos, impartición de justicia pronta y expedita, mejorar los servicios de educación y salud, incentivar la inversión y el empleo, mejores índices de desarrollo humano, mayores oportunidades para todos, especialmente para nuestros jóvenes, entre otros beneficios.
Lo anterior solo se puede lograr con una ciudadanía participativa, proactiva, exigente, comprometida y organizada; la indiferencia, la apatía y la actitud contemplativa no abonan a la solución de los problemas del país, estado o municipio.
¡Construyamos juntos sociedad y gobierno EL MÉXICO QUE TODOS ANHELAMOS!
*Maestro en Administración
FB: @mejiaharo
