Controversial entrega recepción

JUAN GÓMEZ

La disparidad que prevalece en la entrega recepción efectuado en la reciente transición municipal y en el congreso del estado, pone de manifiesto la debilidad de las instituciones públicas, la impunidad en el ejercicio de la política por encima de la Ley y la práctica de acuerdos entre quienes detentan una porción del poder público.

Si bien es cierto que la formalidad de la entrega recepción se llevó a cabo en los tiempos que establece la Ley, no sea transparentado el contenido de la entrega que hicieran los 58 ayuntamientos salientes, lo que sin duda evidencia connivencia entre las autoridades receptoras y las salientes.

La Auditoría Superior del Estado registró y documentó 968 millones de pesos de deudas en la mencionada entrega recepción, pero hasta el momento no ha informado sobre la situación que prevalece en la entrega que hiciera la 60 legislatura, pues ha depositado la responsabilidad de informar de esa situación a la 61 legislatura.

El caso de Zacatecas refleja en gran parte el modus operandi de las administraciones municipales, puesto que por un lado el alcalde saliente Arnoldo Rodríguez Reyes dio a conocer que dejó una administración con cuentas sanas y una deuda de solo 70 millones de pesos, lo cual es totalmente alejado de la realidad.

El alcalde entrante para el período 2013-2016 Carlos Peña Badillo, ha dado a conocer en entrevista con Pórtico On line, que el adeudo supera al informado por el edil saliente, pero evitó precisar una cantidad puesto que, argumentó, aún están recibiendo a proveedores cuyo monto eleva sustancialmente la deuda municipal.

Empero el alcalde priista no podrá evidenciar la realidad que recibió de su antecesor por varias razones, una de ellas tiene que ver con la pertenencia al mismo partido político, el PRI, que será como una especie de camisa de fuerza que impedirá que aflore la realidad financiera de un período municipal que fue el más cuestionado durante el pasado proceso electoral.

Mostrar la realidad financiera sería también un “disparo en el pie” del propio alcalde que tiene fuertes compromisos con su antecesor que operó políticamente en su favor, y que por lo tanto está obligado políticamente a mantener silencio ante un estado financiero que no le favorece en el arranque de su administración municipal.
Sin embargo la semana pasada la diputada Araceli Guerrero Esquivel, ex secretaria general del PRI, reveló el desorden administrativo que han encontrado algunos alcaldes entrantes, las “nóminas infladas” y el otorgamiento de plazas “al cuarto para las 12” que se otorgaron.

Guadalupe es un caso distinto, pero también hay factores que evitarán que el actual alcalde priista Roberto Luévano Ruiz pueda no solo evidenciar los excesos administrativos, sino deslindar responsabilidades a los presuntos responsables, Rafael Flores Mendoza, actual diputado que preside la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas en la 61 legislatura y Gilberto Álvarez Becerra, quien completó el período constitucional y operó en contra del candidato perredista a la alcaldía guadalupense, Gerardo Romo Fonseca.

Durante entrevistas previas a su toma de posesión el entonces presidente municipal electo de Guadalupe, Roberto Luévano, estimaba recibir una administración municipal con aproximadamente unos 150 o 180 millones de pesos de deuda.

Cabe mencionar que la ahora ex diputada panista Georgina Ramírez dio a conocer en su informe de labores al frente de la Comisión de Vigilancia, sanciones administrativas y resarcitorias por el orden de los 476 millones de pesos, en tanto que el ex Auditor Superior del Estado, Jesús Limones Hernández, dio a conocer denuncias penales por más de 20 millones de pesos ante la Procuraduría General de Justicia, de las cuales el procurador Arturo Nahle García no ha reportado ningún avance sobre su actual estado y menos aún, sobre su ejecución en alguna acción jurídico penal.

Por otro lado la situación en el congreso del estado no difiere mucho de las irregularidades administrativas en la mayoría de las presidencias municipales zacatecanas. La actual 61 legislatura analiza el reporte de la revisión documental de entrega recepción que entregó la Auditoría Superior del Estado (ASE) a cargo del contador Raúl Brito Berumen.

Es importante recordar que la diputada priista Ana María Romo Fonseca entregó un informe sobre la situación financiera de la 60 legislatura, la cual es revisada y se prepara un dictamen respecto a su contenido, pero han trascendido discrepancias entre lo informado y la realidad financiera.

Por ejemplo todo parece indicar que el fondo de apoyo municipal fue cobrado con anticipación por parte de los integrantes de la pasada legislatura, lo cual asciende a una cantidad millonaria considerable.

Es por ello que algunos legisladores tienen serios problemas para comprobar sus ingresos que percibieron en el período 2010-2013, en tanto que la rebelión de los diputados suplentes que sustituyeron a los propietarios durante el pasado proceso electoral, interpusieron una demanda de juicio político por las irregularidades administrativas que les afectaron la integración de sus respectivos sueldos. La demanda, obvio, fue rechazada por el pleno de la LX legislatura en una sesión extraordinaria, pero esta semana será presentado el amparo en contra de la decisión de los legisladores.

Tanto los ayuntamientos de Zacatecas como la 60 legislatura terminaron sus respectivos períodos, envueltos en serias controversias administrativas producto de los excesos, omisiones, abusos y opacidad en los que han caído por un lado los responsables de gobernar a los municipios y por el otro los diputados que deben vigilar la eficiente y honesta aplicación del presupuesto estatal.

¿Realmente se aplicará la ley ante esta situación que hoy tiene al estado de Zacatecas en una de sus más profundas crisis de administración financiera?
Al tiempo.

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) Georgina Ramírez Rivera, presidenta de la Comisión de Vigilancia aseguró que quedó abatido un rezago histórico al aprobar un total de 274 cuentas públicas municipales y estatales, dictaminadas con total apego a la legalidad, y procurando justicia, y por las cuales se establecieron sanciones administrativas y resarcitorias por 475 millones 987 mil 751 pesos, recurso que deberá ser utilizado para la creación de obras en beneficio de la población, declaró.