Contralorías municipales, SFP y diputados, por ineptitud o complicidad, no castigan corrupción: López de Lara
ZAcatecas, Zac.- Arturo López de Lara, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, dejó en claro que en Zacatecas se ha mandado una «pésima señal para los ciudadanos», pues mientras en se trata de avanzar en el combate a la corrupción y a la impunidad, a través de la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción, «las Contralorías Municipales, la Secretaría de la Función Pública y la propia Legislatura son omisas y por ineptitud, complicidad, dolo o desconocimiento dejan de castigar a los servidores públicos que hacen mal uso de los recursos de todos los zacatecanos”.
Una prueba de ello es el enorme rezago en la ejecución de las Promociones de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha iniciado en contra de tres mil 745 servidores públicos desde el 2000 a la fecha, los cuales no han sido castigados.
En conferencia de prensa, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) informó que en el periodo 2016-2017, la ASE ha presentado 52 Promociones de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas ante la LXII Legislatura del Estado en contra de 715 servidores públicos de elección popular.
Y detalló además que existe otra Promoción que involucra a cinco funcionarios públicos del Ejecutivo estatal, y un total de 42 asuntos más ante las contralorías municipales en contra de 141 servidores públicos de los ayuntamientos.
Recordó que, por la falta de refrendo por parte de quien entonces fungía como contralor en el 2011, la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley de Responsabilidades de los Servidores, por lo que lamentó que 15 años de trabajo de la ASE se fueran a la basura por la falta de esa firma, pues dos mil 884 servidores públicos evitaron ser sancionados.
En el 2013 se promulgó la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, razón por la cual señaló que no hay pretexto para que las autoridades responsables dejen de cumplir con su obligación de dictaminar y en su caso sancionar a los servidores públicos que incurrieron en responsabilidad.
LNY/Redacción