Contra la pobreza: una economía incluyente y sustentable
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
En su nuevo libro “El precio de la desigualdad”, Joseph Stigliz (Premio Nobel de Economía en el 2001), afirma que “el 1 por ciento de la población tiene lo que 99 por ciento necesita”. El economista norteamericano denuncia la “perversa injusticia” implícita en el sistema económico neoliberal que ha generado la actual crisis en el mundo. Al referirse a las políticas económicas aplicadas por diversos países, principalmente en Europa, basadas en recortes presupuestales y al gasto social, Stigliz puntualizó que “ojalá estuvieran rescatando a los países, a la gente, pero me temo que lo único que van a rescatar es a los bancos y al sistema financiero, aunque el precio lo pagará la gente mediante más recortes”.
Sin embargo, a pesar del empecinamiento de los gobiernos derechistas en aplicar las mismas recetas neoliberales, dada la magnitud de la crisis política, económica y social que vive Europa; en una línea contraria a esta doctrina, más de diez países han aceptado el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras, con el fin de frenar la especulación financiera.
Por nuestra parte, en México la tecnocracia mexicana persiste en su empeño de prolongar la concepción mercantilista de la sociedad pese a su fracaso. Por el contrario, parece ser que ya prepara otro ciclo de reformas de esta naturaleza, aunque disfrazadas con discursos “modernizadores” pero con el mismo objetivo de perpetuar el régimen de privilegios imperante en el país. Sin duda, una pretensión muy riesgosa.
Recientemente, Carlos Tello y Jorge Ibarra presentaron un libro titulado “La Revolución de los Ricos”, donde los autores aseguran que el neoliberalismo sólo favorece a los que más tienen y desprotege a las clases marginadas: “los que se benefician de él que son los ricos por eso el nombre del libro”, señalan. En México, este modelo “demostró que no es equitativo y ha producido una enorme desigualdad, pobreza y marginación en diversos países del mundo”, así lo afirma Carlos Tello, ex director general del Banco de México (BM) en 1982.
En efecto, la realidad es que la pobreza no ha dejado de crecer: a un ritmo de ocho mil mexicanos por día, 348 por hora, seis mexicanos por minuto se incorporaron a las filas de la miseria en una gestión sexenal que rindió culto a la variables macroeconómicas, mientras que la pobreza y la violencia son una amenaza para la gran mayoría de las familias mexicanas. Hoy nos encontramos ante un escenario donde además de la pulverización de los ingresos de la mayoría de la población en el país, la población trabajadora padece la aniquilación de sus prestaciones, conquistas y derechos laborales, como lo demuestra el crecimiento del outsourcing en 170% durante la reciente década, así como el crecimiento exponencial del empleo informal. Sumado a ello, ahora se pretende implantar un régimen laboral prácticamente desprovisto de obligaciones para los patrones y de protección para los asalariados.
En el transcurso de 10 años, el ingreso ha tenido una evolución que no ha sido capaz de contrarrestar los aumentos en la canasta básica mexicana, porque el acceso a los bienes de consumo supera el aumento promedio de los ingresos, acentuando la pobreza y la marginación a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta situación es confirmada por el reporte “Avances y Retos de la Política de Desarrollo Social en México 2012” del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual establece que existen 11.7 millones de mexicanos (10.4% de la población mexicana) en pobreza extrema, es decir, que no les alcanzan sus ingresos ni para comer. Por el contrario, sólo el 19.3% de la población mexicana no es pobre ni vulnerable a la pobreza, o dicho de otro modo, sí puede acceder a la salud, educación, vivienda, alimentación y a múltiples servicios porque sus ingresos para ello les alcanzan. Una de las consecuencias de esta pauperización generalizada, la encontramos en el empleo informal (mayor a los empleos formales de país); como un intento de la gente por hacerse de ingresos para sobrevivir y salir adelante ante la insuficiencia de nuestra economía.
Vale la pena señalar que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, la gasolina tuvo un incremento del 86%; las tortillas, 270%; el frijol, 167%; el arroz, 140; el jitomate 115; la leche, 73; y a nivel general, toda la canasta básica se ha disparado su valor, lo mismo que los energéticos. Estos últimos, en particular, representan uno de los embates más notables para la economía de las y los mexicanos; la realidad es que la gente ya no aguanta esta serie de aumentos porque están reduciendo drásticamente el poder adquisitivo, al producir alzas en todos los productos e impactando negativamente en el bolsillo de quienes utilizan el transporte público, así como en muchos otros bienes y servicios. Desgraciadamente, es muy probable que los costos de los combustibles sigan esta tendencia al menos hasta el 2014; con lo que se avizora un revés a la economía del sector industrial, pero sobre todo, para la población en general.
Un informe reciente del Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana (UIA) Puebla, señala que los mexicanos ahora pagan las gasolinas 86% más caras que al inicio del régimen. Este documento también detalla que el poder adquisitivo de los salarios –para compra de los bienes básicos, principalmente, los de origen alimentario-, ha caído un 32%, es decir, el salario mínimo es sumamente bajo en México. Durante estos seis años tuvo un incremento real del 28%, mientras que el precio de los productos de la canasta básica recomendable subió en promedio un 125%. De acuerdo con la capacidad de los salarios mínimos que se pagan en México, nuestro país se ubica en el penúltimo lugar de América Latina, “por debajo de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Venezuela y Bolivia, entre otros”.
La explicación a este deterioro, la podemos encontrar en la desigualdad que el neoliberalismo ha llevado a límites intolerables; en la ofensiva distribución de la riqueza concentrada en unas cuantas manos: México es la economía número 13 del mundo en cuanto a generación de riqueza, pero la 153 en términos de desigualdad social, como lo advierte el Observatorio del Salario.
Durante la hegemonía tecnocrática, de 1982 al 2011, México creció un 2,5% en promedio anual, lo cual refleja la incapacidad de la economía de mercado para otorgar el bienestar y crecimiento prometido, bajo la receta de entregar sectores estratégicos de la economía nacional al capital privado para “detonar el crecimiento”.
Ante este escenario, las fuerzas progresistas del país y el PRD en particular, tenemos que luchar por evitar un desgaste mayor de nuestro sistema político, fortaleciendo las instituciones democráticas y a través de ellas abatir las enormes desigualdades. Necesitamos plantear alternativas por la construcción de un proyecto de nación incluyente y opuesto al vigente; cambiar la lógica de la exclusión por una concepción política integradora. Para ello, como señala Susan George, presidenta de la Asociación para la Tasación de las Transacciones Finacieras y Ayuda a la Ciudadanía (ATTAC), se requiere subordinar totalmente lo económico a lo político, lo social y lo ecológico.
Bajo esta lógica, tenemos que reivindicar una economía moral en la sociedad que empodere a los espacios locales y recupere la fuerza productiva desde abajo. Un servidor ha venido insistiendo en la necesidad de dar un paso hacia esquemas gubernamentales marcados por un profundo sentido social; de largo plazo y dirigidos al fomento económico basado en el impulso a la educación y la innovación tecnológica, en el apoyo a nuestra base productiva local y en búsqueda del crecimiento pero con desarrollo y respeto al medio ambiente. En pocas palabras, en México y en Zacatecas requerimos de políticas públicas cuyos ejes sean la integración y no la exclusión, procurando la generación de riqueza para redistribuirla con equidad y, de esta forma, atacar de fondo la desigualdad, la marginación y la violencia; que hoy son la causa de un enorme sufrimiento para las mayorías.
* Diputado local
