Contra el racismo, la discriminación y la violencia de género
LUIS GERARDO ROMO FONSECA
El miércoles pasado, ocurrió un caso en extremo lamentable y vergonzoso en el municipio de Jalapa de Díaz, en Oaxaca; cuando Irma López Aurelio -una mujer indígena que estaba a punto de parir- llegó a solicitar apoyo médico de enfermeras y personal administrativo al Centro de Salud de la localidad, pero éste nunca llegó, y ella se vio obligada a dar a luz completamente sola en el jardín del nosocomio. Ahí están las imágenes que muestran con crudeza el drama de esta flagrante violación a los derechos humanos más elementales, perpetrada por los servicios de salud de aquella localidad oaxaqueña y, que indudablemente, pone de manifiesto un problema de fondo en nuestra sociedad: la persistencia de la discriminación por género, racismo y condición de pobreza.
Desgraciadamente, casos similares de discriminación como el de Irma no son aislados y en diferentes puntos del territorio nacional se han presentando con cierta frecuencia. Basta recordar al niño indígena discriminado en Nuevo León por hablar su lengua originaria, así como a otro niño también indígena que fue maltratado en el estado de Chiapas por parte de autoridades locales, entre otros tantos.
Es evidente que entre los sectores marginados y vulnerables, los más necesitados y que viven condiciones de oprobio; tenemos a los indígenas y en particular las mujeres. A nivel general, en México tenemos la asignatura pendiente de desarraigar aquella mentalidad retrógrada en amplios sectores sociales, consistente en aceptar la idea de que las mujeres están destinadas a ocupar una posición subordinada respecto a los varones por prejuicios diversos. El machismo es un rasgo imperante en nuestra cultura y, pese a los avances en materia de equidad de género; en muchos ámbitos, la mujer sigue siendo concebida y tratada con violencia y discriminación.
Las mujeres no pueden permanecer sometidas a una doble explotación; por un lado, en el empleo remunerado y, por el otro, en el seno del hogar. Este simple hecho las diferencia de las mujeres de países como el nuestro, donde queda mucho por hacer en el ámbito de la equidad de género y donde la discriminación femenina forma parte de las estructuras de una sociedad competitiva y patriarcal, que no les permite gozar de los mismos derechos ni las mismas oportunidades que tienen los hombres en la vida social, familiar y profesional.
Una de las expresiones más aberrantes de la violencia de género lo encontramos en el Feminicidio; delito que se funda en el “conjunto de violaciones reiteradas y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres y un estado de violencia misógina contra las mujeres que conduce a agresiones, ataques, maltrato y daños que culminan en algunos casos, en asesinatos crueles de las mujeres”, tal como lo define Marcela Lagarde, antropóloga y especialista en temas de género.
Como prueba, también podemos señalar otro dato verdaderamente aberrante: en México ocurren alrededor de 120 mil violaciones al año; es decir, una cada cuatro minutos, según estimaciones de la Secretaría de Salud. Encima de ello, nos encontramos con el problema de que no se brinda una atención integral a las víctimas y no se le da un seguimiento puntual a estos casos. Además de que sólo el 15% de estos delitos son registrados por las autoridades y, de esta cifra, un 5% se llega a disposición de un juez.
Estas condiciones de maltrato, a las que no hemos logrado poner fin; como tampoco a la complacencia social frente a los distintos tipos de la violencia a que son sometidas las mujeres, nos exigen un compromiso mayor como sociedad, así como acciones institucionales y de gobierno más enérgicas y eficaces. Una de ellas, precisamente, pasa por la aprobación las reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación por parte de la Cámara de Diputados, las cuales ya fueron avaladas en el Senado en el año 2010.
Por otro lado, la solución de fondo para erradicar este entorno tan adverso para las mujeres, sin duda, va directamente ligado al fortalecimiento de la educación en valores éticos y democráticos como pilar de construcción colectiva. Hay que romper el círculo vicioso de la violencia y recomponer el tejido social de México, transformando los esquemas culturales que propician el racismo, el machismo y la violencia; porque es evidente que los actuales patrones culturales y un bajo nivel educativo de nuestra sociedad, influyen para que la discriminación sufrida por las mujeres perdure.
Como ciudadanos conscientes de que la violencia es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la nación, tenemos que demandar a las autoridades gubernamentales una mayor atención sobre la problemática de género; el camino hacia la igualdad empieza por subsanar las carencias y el déficit en la materia. Sociedad y gobierno tenemos que luchar por arraigar una conciencia cívica colectiva como herramienta para promover la participación de las mujeres en la dinámica social y su integración equitativa en las esferas públicas: necesitamos revalorar el papel de la mujer en la sociedad y brindarle las herramientas necesarias para que acceda a mejores oportunidades y cambie su calidad de vida y la de sus hijos.
En esta lucha el PRD se ha distinguido y ha defendido firmemente esta causa que nace de una concepción ética y justa de la sociedad. Por supuesto, no es una tarea fácil pero sí inaplazable y el único punto de partida y condición indispensable para el bienestar social.
