Comité de la ONU actúa contra México por crisis de desapariciones
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
La grave crisis de desapariciones de personas en el país ha llevado al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a iniciar un procedimiento contra México, e incluso podría presentar el caso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU es el órgano de expertos independientes encargado de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte de los Estados Parte. Entre sus funciones están recibir denuncias individuales sobre desapariciones forzadas y admitir a trámite las peticiones de acción urgente.
Además, si el Comité recibe información que, a su juicio, presenta indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en un Estado Parte, y tras solicitarle toda la información relevante, podrá someter el asunto con carácter de urgencia a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través del secretario general.
Oliver de Frouville, presidente del Comité, informó durante el 28° período de sesiones celebrado en Ginebra que «se recibió información fundamentada que indica que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en México». Por ello, como parte de la apertura de este procedimiento, se solicitó al gobierno mexicano toda la información pertinente sobre esta situación.
La apertura de este procedimiento podría derivar en un escrutinio internacional, lo que obligaría al Estado mexicano a implementar una política efectiva en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de las desapariciones forzadas en el territorio nacional.
Tras conocerse esta decisión, organizaciones de la sociedad civil, centros de derechos humanos y activistas han manifestado su apoyo a que instancias internacionales examinen la crisis de desapariciones que persiste en el país y presionen a las autoridades mexicanas para erradicar esta práctica devastadora.
Sin embargo, también existen voces que se oponen a este procedimiento o lo cuestionan por considerarlo descontextualizado.
Algunos actores gubernamentales argumentan que no se trata de desapariciones forzadas, ya que, según las normas jurídicas internacionales y nacionales, estas son definidas como aquellas cometidas por agentes del Estado o por particulares con la aquiescencia, apoyo o consentimiento de servidores públicos. Afirman que lo que ocurre en México es atribuible principalmente a grupos del crimen organizado y que, por tanto, no constituye responsabilidad directa del gobierno.
No obstante, este argumento es falaz: independientemente de los autores materiales, el gobierno tiene la obligación de garantizar seguridad y justicia, erradicar el clima de violencia e impunidad que facilita las desapariciones, y proteger los derechos humanos de las víctimas y sus familias.
Es imperativo que el gobierno mexicano responda al Comité con información fidedigna, veraz y oportuna, sin evasivas. Los más de 356 mil casos de personas desaparecidas en el país son una realidad incontestable que no puede negarse ni ocultarse.
