Código de biodiversidad, el otro frente
GABRIEL CONTRERAS VELÁZQUEZ
La previsiblemente infructuosa batalla legal para legitimar la aplicación del Impuesto por la Remediación Ambiental por Extracción de Materiales Pétreos, no será la página que concluya la confrontación entre el Gobierno del Estado con empresas nacionales y transnacionales.
Una nueva etapa del conflicto se desarrollará en un terreno más favorable para la actual administración, ahí donde cuenta con herramientas legales suficientes –ahora en la desusada forma legal de “Código” de Biodiversidad- con las que pueda obtener un porcentaje de los recursos que dejará de percibir en la fórmula que respaldaba el popularmente conocido “impuesto ecológico”.
No sólo comenzará a poner en práctica las normas ya existentes para la protección y conservación del medio ambiente en el Estado de Zacatecas, sino que podrá incluso declarar Áreas Naturales Protegidas de corte local en forma de: reservas ecológicas, parques estatales, monumentos naturales, y sitios de conservación. Cada de estas tiene como objetivo limitar, en formas específicas, el aprovechamiento de los recursos naturales en diversas regiones.
La aplicación de sanciones por la afectación ambiental del aire, agua y suelo, mismas que pueden llegar hasta los 20 mil salarios mínimos -en su momento modificado por Unidades de Medida y Actualización- será la disposición más común que se imponga a las empresas que, pese a guiarse por los estándares productivos internacionales, rebasen los índices de contaminación fijados en el mismo Código.
De igual forma podrá sancionar a los inversionistas con la cancelación de las licencias, permisos, autorizaciones o concesiones que les fueron otorgadas para la explotación de los recursos cuando contravengan diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del Estado de Zacatecas.
Vaya, la administración pública local hará válida su condición de autoridad en materia ambiental y, ahora sí, velará por los intereses de las finanzas públicas antes que las prerrogativas de las inversiones de los particulares. Paradójicamente, la coyuntura suscitada por la Ley de Hacienda zacatecana donde se contemplan los polémicos impuestos a las mineras y cerveceras, y que fue controvertida por el Ejecutivo Federal, es la punta de lanza de la administración para mostrar una agenda de avanzada en materia de protección institucional del medio ambiente.
El tema no ha sido del todo abierto en los medios de comunicación. Hasta ahora los esfuerzos han sido dirigidos a conocer el estatus en que se encuentra la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental, encabezada por Salvador Esaú Constantino Ruiz, quien hasta hace poco se desempeñaba como abogado corporativo, regidor por el Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Morelos, y representante del mismo instituto político ante las autoridades electorales, en distintas ocasiones, a partir de 2015 (detalle que pasó por alto El Diario NTR).
Si bien el perfil del funcionario supone una mínima correlación con la procuración de las normas ambientales, el vigilar los intereses del estado en la aplicación del Código de Biodiversidad necesitará de una lectura diestra y política del mismo, ya que será la piedra de toque con la que las empresas cumplirán las obligaciones tributarias que evadieron con la controversia constitucional del pasado 14 de febrero.
Como se inscribió en este espacio a mediados de aquél mes (Mineras, la voracidad latente; 13 de febrero), en manos del Gobierno del Estado obran distintas pruebas de las prácticas irregulares con la que las empresas –principalmente afectadas por el impuesto minero- polucionan el suelo, el aire y el agua de distintos municipios zacatecanos.
Los materiales probatorios comenzaron a ser colectados como elementos para presionar a la industria extractiva y maltera, y denunciar ante la opinión pública la impunidad que habían gozado en todos estos años ante la falta de sanciones por la grave afectación del medio ambiente. Ahora esas mismas documentales darán sustento a las denuncias que ingresarán a la Procuraduría de reciente creación.
La nueva etapa del conflicto entre los capitanes de la industria y el gabinete del contador Tello avizora nuevas tensiones, producto de la protección que la federación les ha proporcionado. El gobierno estatal aventaja a los empresarios con un marco jurídico que difícilmente podrán eludir o cuestionar.
El panorama inicialmente asomó sus matices en Zacatecas durante la visita de Rafael Moreno Valle como aspirante a la candidatura presidencial en el Partido Acción Nacional. En la conferencia de prensa que otorgó el ex gobernador poblano señalaba que el ámbito de acción del “impuesto minero” podría reeditarse por la vía de las multas ambientales, ahí donde la federación no tiene injerencia.
Si el equipo de gobierno ha asimilado sus errores y excesos (los hubo en las declaraciones de algunos funcionarios durante la parte más álgida del enfrentamiento) aprovechará al máximo la oportunidad que se encuentra a unos meses de su alcance. La legitimidad del modelo de recaudación (activo electoral) los espera al otro extremo de la disputa.
Twitter: @GabrielConV
