Claveles Verdes: Puntos pendientes en la agenda LGBT+

HERACLIO CASTILLO VELÁZQUEZ

El 2017 estuvo marcado por la iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado de Zacatecas para permitir la unión civil entre personas del mismo sexo. Sin embargo, no es el único punto en la agenda LGBT+, solo es el primero de tantos temas pendientes y aún falta un largo trecho por andar.

Ya esta semana la diputada local petista Geovanna Bañuelos de la Torre expresaba su temor ante la posibilidad de que dicha iniciativa sea enviada a la congeladora legislativa, como ocurrió desde el 2013 con la iniciativa para crear las Sociedades de Convivencia, una figura legal previa a la posibilidad del matrimonio civil igualitario y que tampoco vio la luz.

En este tema, aún queda una esperanza, pues hacia marzo comienza el siguiente periodo ordinario en la 62 Legislatura y habrá quienes busquen otro cargo de elección popular, lo que dejaría en manos de sus suplentes el dictamen de la iniciativa presentada desde agosto pasado por la diputada local perredista María Elena Ortega.

¿Qué panorama pinta para la comunidad LGBT+ en el 2018, año electoral, especialmente para Zacatecas? No hay noticias alentadoras. Entre los presidenciables, no han faltado las muestras de rechazo tan solo para el matrimonio civil igualitario, por mencionar solo un ejemplo. José Antonio Meade Kuribreña, en el discurso, ha sido políticamente correcto en sus cuestionamientos en torno a la agenda LGBT+, pero no hay un compromiso serio hacia este sector e incluso hay evidencia documental de su rechazo.

El panista Ricardo Anaya es un caso perdido, al igual que la supuesta independiente Margarita Zavala o el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, mientras que Andrés Manuel López Obrador, de Morena, ha expresado que el tema sería sometido a consulta popular, algo por demás grave si consideramos que los derechos no se someten a consulta e incluso existe ya una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para armonizar los códigos familiares de los estados con la disposición federal.

Respecto a las alianzas, no queda mucho por decir cuando el PRD se unió con el PAN y dejó fuera de la agenda el matrimonio civil igualitario y el aborto, en tanto que Morena unió fuerzas con Encuentro Social, partido político que también se opone a estos temas. Del PRI solo falta que Meade Kuribreña diga en Puebla que celebra la capacidad para cometer crímenes de odio por homofobia.

Para el caso local, los únicos que han asistido a las sesiones de las comisiones unidas de Seguridad y Justicia y Derechos Humanos son Geovanna Bañuelos, María Elena Ortega y Luis Medina Lizalde. El priísta Carlos Peña Badillo ha expresado públicamente su respeto a la diversidad sexual, aunque este respeto no se haya manifestado en la asistencia a las sesiones de las comisiones unidas.

Omar Carrera, de Morena, en un principio se aventuró a expresar que el tema sería sometido a consulta popular (¿les suena a alguien?) y luego reculó para asegurar que desde Morena había todo el respaldo para la comunidad LGBT+, afirmación que sí se ha llevado a la práctica en el caso de Mónica Borrego, del mismo partido. Lorena Oropeza, en cambio, es digna representante del PAN, pues en todo este tiempo solo ha dado la espalda, pero celebra las 13 mil firmas que reunió el Frente Nacional por la Familia para oponerse a la resolución.

Y aunque es muy pronto para tener candidatos locales, ya hay algunos aspirantes inscritos, de los cuales solo Ruth Velázquez, precandidata a diputada local por el PRD en el Distrito 3 de Guadalupe, ha expresado su apoyo hacia la comunidad LGBT+ y el compromiso por encabezar una agenda que garantice nuestros derechos. Quienes han tenido la oportunidad, como los seudopriístas Claudia Anaya o Benjamín Medrano, parece que solo buscan un respaldo que les reditúe en votos, sin un verdadero compromiso hacia la comunidad LGBT+ hasta el momento.

Además del matrimonio civil igualitario, quedan pendientes en la agenda LGBT+ las reformas o iniciativas necesarias para garantizar derechos a la comunidad trans*, como la Ley de Identidad de Género o la creación de un protocolo de atención en materia de salud; la adopción, la maternidad subrogada, la tipificación de crímenes de odio por homofobia, entre otros.

En la comunidad LGBT+ aún esperamos una altura de miras y seriedad de la clase política para garantizar nuestros derechos. Aunque minoría, muchos también hemos contribuido a que hoy ocupen diferentes cargos de elección popular. Nuestros políticos aún tienen una deuda pendiente. No nos fallen o les fallaremos en las urnas.