Claveles Verdes: El costo político del matrimonio igualitario

HERACLIO CASTILLO VELÁZQUEZ

En una democracia los absolutos no existen; las decisiones, en teoría, vienen determinadas por mayorías. Pero al tratarse de minorías, en teoría, debe prevalecer el interés por proteger a la persona frente a situaciones de vulnerabilidad para legislar al respecto. Las garantías individuales, en teoría, deben considerar los elementos que justifiquen la necesidad de ser concedidas para que todas las personas gocen de los mismos derechos. Sin embargo, en la práctica (e incluso en el discurso) no es así… o al menos no en el caso del matrimonio igualitario.

Esta semana, representantes del Frente Nacional por la Familia ofrecieron una rueda de prensa para exponer su postura en contra de la unión civil entre parejas del mismo sexo y a favor de “defender” el matrimonio entre hombre y mujer, unión a la que llaman “matrimonio natural” o “familia natural”. Me pregunto: ¿defender de qué?, ¿acaso el matrimonio igualitario es una amenaza, atenta contra sus derechos? Y cuando hablan de “natural”, ¿se refieren a la poligamia que existe en todas las especies de la naturaleza? Yo más bien pensaría que se trata de un “matrimonio tradicional” o una “familia biológica”.

Total, que estos representantes entregaron a la diputada local panista Lorena Oropeza, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia, 13 mil firmas de ciudadanos que se oponen al matrimonio igualitario (usamos este término de forma genérica para nombrar la reforma al Código Familiar que permitiría la unión civil entre parejas del mismo sexo) y en su discurso, la legisladora albiazul expresó que se tomaría en cuenta esta postura para que “toda la sociedad” esté de acuerdo en torno a esta figura o no. Le recuerdo a la diputada que en una democracia no hay absolutos, hay mayorías y que el matrimonio igualitario es una garantía individual, no colectiva.

En su actuar ha dejado ver su renuencia a siquiera tener la voluntad política para elaborar el dictamen en torno a la iniciativa presentada meses atrás por la diputada local perredista María Elena Ortega. Lo mismo ocurre con otros legisladores que integran las comisiones unidad de Seguridad Pública y Justicia y de Derechos Humanos. Los únicos que han asumido su labor como representantes populares han sido, además de la legisladora perredista, los diputados locales Geovanna Bañuelos, del PT, y Luis Medina Lizalde, de Morena.

Y esto me parece curioso porque, aunque en Morena sigue la discusión interna sobre esta figura, al menos el PRD y el PT, junto con el PRI, son partidos políticos que participan de la Internacional Socialista, un organismo internacional que trabaja en favor de lograr igualdad de condiciones para todas las personas y que en septiembre del 2013 emitió una clara postura a favor del matrimonio igualitario en los países miembro. Pero los diputados locales del PRI no han asumido esta postura…

En atención a este posicionamiento, el presidente Enrique Peña Nieto promovió la figura de los matrimonios igualitarios y la determinación fue respaldada por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde especifica que el matrimonio entre hombre y mujer es una institución que atenta contra los derechos de otras minorías que no se ajustan a ese modelo de familia y de ahí derivó el llamado a todas las Legislaturas locales del país para armonizar sus leyes al respecto.

Desde el 2015 el Congreso del Estado de Zacatecas ha ignorado esta resolución y ha postergado la armonización del Código Familiar, lo que podría generar futuras sanciones en caso de no acatar la resolución e incluso existe la posibilidad de iniciar un procedimiento penal por no atender la instrucción del máximo órgano de justicia en el país. No es advertencia, pero sí un llamado de atención a los diputados de la 62 Legislatura para que asuman su responsabilidad en el tema.

Si la preocupación de nuestros legisladores es el costo político de avalar esta figura, descuiden: el presidente Enrique Peña Nieto ya era impopular antes de impulsar la unión civil entre parejas del mismo sexo. Los partidos políticos (así como las instituciones encargadas de velar por la democracia) se han encargado de perder la confianza de los ciudadanos que votan (y de los que deciden no votar) por situaciones más alarmantes y graves que aprobar un derecho que es justo como el matrimonio igualitario.

Si más bien les preocupa el dilema moral entre aprobar o no algo en lo que no están de acuerdo, descuiden: el Infierno no está en la otra vida, en Zacatecas ya vivimos un infierno porque ustedes así lo decidieron, a pesar de que muchos de sus representados no estábamos de acuerdo. ¿Fueron decisiones personales o representativas? Ojalá que en la discusión sobre el dictamen de la iniciativa prevalezca la cordura y se tome en consideración la opinión de las minorías, que son precisamente las beneficiarias de esta iniciativa y las principales afectadas en caso de que no se apruebe. Sería lamentable perpetuar este sistema donde existen ciudadanos de primera y de segunda solo por una orientación sexual diferente.