Celebrar el 66 aniversario del voto, pasa por revisar la violencia política

SOLEDAD JARQUÍN EDGAR

Se cumplieron 66 años del voto femenino y universal en México. Desde entonces el recuento ha sido ir para delante de manera permanente y constante. Se han modificado una y otra vez las leyes electorales para hacer realidad la presencia de las mujeres en la toma de decisiones y en las leyes con esa visión necesaria, incluyente de lo que necesitamos las mexicanas.

Así llegamos al 2014, el año en que se aprobó la Paridad en las candidaturas, lo que hasta 2018 se concretó en Congresos locales y el Congreso de la Unión hay igualdad o mayoría de mujeres legisladoras. Como ciudadanas eso nos llena de orgullo, vemos sus esfuerzos por hacer leyes más justas para las mujeres en todas las materias necesarias.

Una de ellas, la otra paridad. Me refiero a la reforma que aprobó la Cámara de Diputados y Diputadas el 23 de mayo de este año, para garantizar la paridad de género en todos los cargos públicos de los tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes de Gobierno. Vamos para adelante.

Sin embargo, tenemos que mirar el costo que aún se paga por ello. El año en que se aprobó la paridad Elisa Zepeda Lagunas se había empecinado en defender el derecho a la participación social y política de las mujeres en su municipio, Eloxochitlán de Flores Magón, la cuna sí, de los hermanos Flores Magón, anarquistas revolucionarios de vital importancia en nuestra historia.

El 14 de diciembre de 2014, la hoy diputada local por Morena, sufrió agresiones violentísimas. Iban por ella, como ya ha explicado incontables veces. La violencia que sufrió, ella y su familia, es reflejo de la impotencia de algunos hombres que piensan y siguen pensando que las mujeres no deben estar en los espacios de decisión, en los espacios públicos y menos si se trata de los espacios políticos.

El resultado de los graves hechos consignados por todos los medios, por la CNDH, por las autoridades de procuración de justicia y de impartición de justicia fueron: el asesinato de su hermano Manuel, así como de su amigo Gustavo Estrada, a su madre y a ella las golpearon con palos y machetes, hasta darlas por muertas, lo que les salvó irónicamente la vida. Así como la quema de sus viviendas y las viviendas de otras mujeres que pertenecían a su grupo.

Hay que decir que Elisa Zepeda ni siquiera buscaba entonces ser presidenta municipal ni nada, solo apoyaban a un candidato a alcalde, porque esta figura de gobierno municipal favorecería trámites para un proyecto de vivienda que estaban por emprender.

Lo que siguió es tan difícil como lo primero. Años de gestiones para llegar a condenar al menos a seis de los muchos responsables de aquellos hechos sangrientos y detestables. Sin embargo, el lunes pasado, por presiones de organizaciones no gubernamentales en medios de comunicación y confeccionando una historia a modo, como señala la propia Elisa Zepeda, Miguel Ángel Peralta Betanzos, a quien ella reconoce plenamente como uno de los agresores tanto en el delito de tentativa de homicidio contra ella y su madre, como en el delito de homicidio, de su hermano y amigo, quedó libre. Esto pese a una sentencia condenatoria por 50 años que ya tenían los implicados.

El caso de Elisa Zepeda, no es lamentablemente el único en Oaxaca y en otras muchas entidades del país. Para los hombres el hecho de que las mujeres busquen participar en política atenta contra la hegemonía que habían mantenido en el poder durante años. Pero también mediante instituciones electorales que siguen considerando que la incursión de las mujeres debe ser despacio, poco a poco, sobre todo en los sistemas normativos internos, forma de elección mediante la cual, en el caso de Oaxaca, se eligen autoridades en 417 municipios.

Esa consideración de quienes están al frente de las instituciones es muy parecida a las que se emitían en el siglo pasado las iglesias y conservadores cuando las sufragistas mexicanas plantearon su interés de participar en la vida política, lo que significó décadas de demandas, planteamientos, cartas y otras acciones.

Algunas mujeres han sido asesinadas en contextos electorales en el país. A otras les han arrebatado la vida ya cuando han sido electas, otras han sido perseguidas, ofendidas, agredidas físicamente y hasta obligadas a vivir la simulación de sus mandatos cuando detrás de ellas hay señores gobernando.

Recientemente la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca dio a conocer que tan sólo este año han presentado denuncias por violencia política seis presidentas municipales, tres síndicas, 28 regidoras, dos ex aspirantes, cuatro ciudadanas y una empleada municipal. La violencia la ejercieron en la mayoría de las ocasiones presidentes municipales, integrantes de los cabildos (sindicaturas y/o regidurías), cinco partidos políticos y cuatro asambleas comunitarias. Los partidos políticos son: seis casos Morena, cinco PRI, dos PSD, cuatro PRD, dos PNA y otro no definido.

Los feminicidios por violencia política

Carmela Parral Santos, munícipe de San José Estancia Grande, Oaxaca, había sido reelecta como abanderada del PRD, fue asesinada en agosto pasado.  Es el mismo lugar donde en septiembre de 2004, fue asesinada la entonces candidata por ese mismo partido Guadalupe Ávila Salinas y en junio de 2018 fue asesinada la candidata a segunda concejala, Pamela Terán Pineda, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Fue un triple asesinato, las otras víctimas María del Sol Cruz Jarquín, fotógrafa, y el chofer de la candidata Adelfo Guerra.

Ese mismo 2 de junio, fue asesinada la candidata a la diputación local de Puebla, Juana Maldonado. En ese proceso electoral 2017-2018 un total de 17 políticas que aspiraban a un cargo fueron asesinadas.

En abril de este año en Mixtla de Altamirano, Veracruz, fue asesinada la presidenta, Maricela Vallejo Orea, militante de Morena. Antes en Tlacojalpan, Veracruz, fue asesinada en 2012, Mary Sol Mora Cuevas.

Gisela Raquel Mota Ocampo, asesinada horas después de tomar protesta como munícipe en Temixco, Morelos, en 2016.

Entre los ex alcaldes, en 2011 fue asesinada Silvia Moreno Leal, quien había sido munícipe de Balleza, Chihuahua; en 2012, María Santos Gorostieta, ex munícipe de Tiquicheo, Michoacán.

Pero la violencia tiene muchos rostros, los arriba señalados son algunos de los casos de violencia extrema que terminaron con la vida de estas mujeres que aspiraban a ocupar lo que constitucionalmente les corresponde y que el pasado 17 de octubre cumplió 66 años de vigencia en México.

Sintomática impunidad para las mujeres

Retomo el caso de Elisa Zepeda, con amplitud, porque resultará emblemático con el paso de los días si la absolución de uno de sus victimarios no se “endereza”, será una muestra más de la permisividad que en México existe. Ella dijo: Frente a mis ojos la justicia se desvanece. Como están desvanecidos el resto de los casos de violencia que hoy siguen impunes.

Y también es simbólico por el mensaje que las autoridades dan a las mujeres. Elisa Zepeda es diputada local, ¿qué se puede esperar de la justicia en Oaxaca para quienes no están dentro de algún poder político? Es sin duda sintomático.

Celebramos el 66 aniversario del voto universal de las mujeres (1953), un logro histórico, tanto como la paridad (2014), pero no perdamos de vista las múltiples dimensiones de la violencia política y la impunidad que en ella subyace, las pésimas investigaciones de las fiscalías, que para empezar se niegan a reconocer los feminicidios, y las malas decisiones de los tribunales que como en el caso de Elisa Zepeda, absuelven a un perpetrador.