Castigo de dos años de cárcel a quien obligue al pago de cuotas escolares
Zacatecas, Zac.- Luego de que los legisladores eligieran a la Mesa Directiva para el mes de octubre, cuya cabeza estará a cargo de la diputada migrante María Esthela Beltrán Díaz, los diputados José Xerardo Ramírez Muñoz y Jorge Álvarez Máynez presentaron al pleno la Iniciativa de Decreto,
Los diputados Xerardo Ramírez Muñoz y Jorge Álvarez Máynez presentaron una iniciativa en el Congreso local para que sean sancionados hasta con dos años de prisión, los directivos o maestros que obliguen a pagar cuotas a los padres de familia, para inscribir a sus hijos en las escuelas.
De aprobarse la propuesta de los legisladores, cometerían un delito quienes laboren en la educación pública y pretendan alcanzar una ventaja económica indebida a través de cuotas, que pudieran considerarse como obligatorias.
Con esta iniciativa se busca que no se condicione bajo ninguna modalidad el derecho y gratuidad a la educación consignado en el Artículo 3 de la Constitución Política de México.
“Al responsable o responsables de este delito se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cien a 200 cuotas, o trabajo a favor de la comunidad de 15 a 25 días”, dice el texto de su propuesta.
Para que pudiera perseguirse este delito debe haber una petición de la parte ofendida.
Una de las quejas recurrentes de los padres de familia al inicio de los ciclos escolares son las cuotas que les piden en las escuelas. A pesar de que las autoridades educativas aseguran que se tomarán medidas, no hay actualmente un marco jurídico para imponer sanciones
Modificaciones al Código Penal
Por su parte, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario Primero Zacatecas, en voz de su coordinador Felipe Ramírez Chávez, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el cual se modifican distintas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas. La iniciativa propone regular los delitos de Falsificación de títulos al portador o documentos de crédito, vales de papel o cualquier dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica.
La iniciativa también propone que se considere que comete delito de falsificación, quien produzca, imprima, enajene, distribuya, altere o falsifique vales de papel o cualquier dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica, emitidos por personas morales utilizados para canjear bienes y servicios cuando haya conocimiento de que son falsos, incluyendo tiendas y establecimientos que los aceptan con conocimiento de que son falsos.
