Cargan a estados financiamiento de Ley Nacional de Ejecución Penal
Ciudad de México.- Con el voto a favor de la expedición de la Ley Nacional de Ejecución Penal, Héctor Adrián Menchaca Medrano, senador de la República, señaló que el Estado Mexicano debe brindar al interno adecuadas garantías y condiciones de vida, pues se encuentran bajo su custodia.
Sin embargo, luego de reconocer el trabajo legislativo, de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, llamó a la reflexión pues un adendum a uno de los transitorios de la misma, hace que la carga presupuestaria del sistema penitenciario se haga a cada entidad.
“Con estas disposiciones no se van a poder lograr esta Ley, los estados no tienen recursos, los estados están endeudados y ahora les cargan el financiamiento para llevar a cabo esta ley”, dijo
Luego de la modificación, el transitorio señala que para solventar las erogaciones que se generen por dicha Ley, cada entidad federativa deberá realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la misma.
Durante el posicionamiento al Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos; de Gobernación y de Estudios Legislativos, quienes presentaron el proyecto de decreto para expedir dicha ley, el Senador subrayó que velar por las condiciones de seguridad pública, los intereses de la nación y de la sociedad es una labor que todo Estado debe respaldar y asegurar.
Detalló que actualmente en el país existen 393 instalaciones penitenciarias, con una capacidad instalada para albergar a poco más de doscientos mil internos, por lo que se estima que existe una sobrepoblación nacional de 48 mil 907 espacios en 213 cárceles.
Menchaca Medrano recordó que la pena no es para castigar. El fin de las sanciones penales, además de restaurar los derechos de las víctimas y ofendidos es reinsertar a la sociedad a los sujetos activos de los delitos.
Hizo un llamado para mantener un debate serio acerca de que el sistema penal de nuestro país, no tuviese un fin puramente punitivo, y en cambio, debiera velar para que los Códigos Penales regulen y promuevan las sanciones alternativas a la de prisión, y sólo por delitos sumamente graves debe sancionarse con reclusión a las personas.
“En 2012, casi 16 por ciento de los sentenciados fueron reincidentes; lo que significa que su paso por los centros penitenciarios no los disuadió de cometer nuevos actos delictivos”, detalló que en la ciudad de México se reportó una tasa de reincidencia de 35.2 por ciento; en Colima y Yucatán las tasas fueron superiores a 20 por ciento, lo que significa que el Sistema no está funcionando.
Finalmente, dijo que La Ley de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.
