Campañas electorales inéditas
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
El 30 de marzo del presente año iniciaron formalmente las campañas electorales federales de las personas candidatas a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), magistrados y magistradas de circuito, así como jueces y juezas de distrito. Estas campañas tendrán una duración de 60 días.
Las candidaturas corresponden a 881 cargos, entre los que se encuentran 9 espacios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de las salas regionales del TEPJF, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces y juezas de distrito.
Lo anterior representa un total de cinco mil 374 candidaturas, distribuidas de la siguiente manera: 81 para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 45 para el Tribunal de Disciplina Judicial, 18 para la Sala Superior del TEPJF, 135 para las salas regionales del TEPJF, dos mil 784 para magistraturas de Circuito y dos mil 316 para jueces y juezas de distrito.
Estas campañas electorales son inéditas debido a sus numerosas restricciones en comparación con las de los poderes ejecutivo y legislativo. Estas limitaciones severas plantean dificultades y grandes retos tanto para las candidatas y candidatos como para el electorado, lo que probablemente afectará los niveles de participación ciudadana durante la jornada electoral.
Esto significa que las personas candidatas podrán dar a conocer su trayectoria profesional, méritos y perspectivas sobre la función jurisdiccional, así como presentar propuestas para mejorar la impartición de justicia y otras manifestaciones protegidas por el derecho a la libertad de expresión. No obstante, toda difusión deberá ceñirse estrictamente a los parámetros constitucionales y legales establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Durante el periodo de campaña, la propaganda electoral únicamente podrá consistir en materiales escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones o proyecciones que contengan propuestas para mejorar el sistema de justicia. Estas podrán difundirse a través de recorridos, eventos presenciales y publicaciones orgánicas en redes sociales, quedando prohibido cualquier otro medio o formato de difusión no expresamente autorizado.
Sin embargo, las actividades de campaña están sujetas a importantes limitaciones. Los candidatos no podrán contratar, directa o indirectamente, espacios en radio, televisión o medios impresos y digitales para promocionar sus candidaturas, ni adquirir publicidad en redes sociales como Facebook.
Adicionalmente, se prohíbe estrictamente la entrega de cualquier material que implique beneficios directos o indirectos, ya sea en especie o en efectivo. Esta restricción incluye la distribución de artículos promocionales como llaveros, gorras, plumas u otros objetos similares.
En cuanto a la propaganda permitida, las candidaturas solo podrán utilizar material impreso en papel reciclable y biodegradable, libre de sustancias tóxicas o nocivas para la salud y el medio ambiente. Esta propaganda deberá ajustarse al periodo legal de campañas y deberá ser retirada con al menos tres días de anticipación a la jornada electoral.
Además de las restricciones mencionadas, existe otra limitación significativa: los candidatos no pueden recibir financiamiento público ni privado para sus campañas. Solo pueden utilizar recursos personales para cubrir gastos de campaña, viáticos y traslados dentro de su ámbito territorial correspondiente, siempre respetando los topes de gastos establecidos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) fijó los siguientes límites de gasto para las diferentes candidaturas: para integrantes de la SCJN, TDJ y Sala Superior del TEPJF el tope es de un millón 468 mil 841 pesos, para la candidatura de magistratura de la Sala Regional del TEPJF la cantidad de 881 mil 304 pesos, para la candidatura del Tribunal Colegiado de Circuito la cantidad de $413 mil 111 pesos y para candidatura del Juzgado de Distrito la cantidad de 220 mil 326 pesos. Estas cantidades representan un desafío económico considerable para la mayoría de los candidatos.
Este marco regulatorio plantea múltiples interrogantes: las estrictas limitaciones a las campañas, la prohibición de financiamiento externo y la falta de experiencia en actividades proselitistas dificultan que los candidatos puedan darse a conocer y presentar sus propuestas. Surgen entonces preguntas fundamentales: ¿por qué el legislador estableció un marco jurídico tan restrictivo? ¿Estas normas realmente benefician a la democracia? ¿Se está fomentando verdaderamente la participación ciudadana?
En este contexto, adquiere especial relevancia el micrositio «Sistema Conóceles» implementado por el INE, donde los ciudadanos pueden consultar información sobre la identidad, perfil, trayectoria académica y profesional, así como las propuestas de todos los candidatos.
A pesar de las dificultades de este proceso electoral, es crucial que la ciudadanía se interese en conocer a los candidatos de su ámbito territorial. En el sitio https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/ pueden encontrar información valiosa para ejercer un voto libre e informado.
