Buscan garantizar protección a niños que viven con sus madres en prisión
Ciudad de México.- Para garantizar los derechos humanos de los niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios, los senadores del PRI presentaron un punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al gobierno federal y a las autoridades estatales, implementen las medidas necesarias, a fin de salvaguardar las garantías constitucionales de estos menores de edad.
En su iniciativa, consideraron de gran importancia atender cuanto antes la situación de este grupo de infantes en situación de vulnerabilidad, para hacer valer sus derechos humanos y garantías individuales que el Estado mexicano les concede.
Para ello, es necesario identificar el número exacto de niños que viven en los centros de readaptación social, así como su situación, con el objetivo de crear políticas públicas que permitan su desarrollo integral, destacaron los legisladores.
Lo anterior, agregaron, en virtud de que la vida de un menor en prisión cambia en todos aspectos, la situación en la que se encuentran, dificulta que puedan tener un desarrollo integral y atenta contra sus derechos humanos y garantías individuales establecidas en nuestra Constitución.
Pusieron como ejemplo que en los 53 de los 389 penales verificados por la CNDH, en los cuales se permite la estancia de menores de edad, no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y/o educación básica mientras permanecen en esos lugares.
Asimismo, la mayoría de establecimientos visitados no cuentan con atención médica para las niñas y niños que viven con las reclusas, abundaron los senadores de la República.
En este contexto, recordaron que entre sus derechos, que deben ser resguardados, se encuentran: la satisfacción de sus necesidades de alimentación, el acceso a los servicios de salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Además la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 23, que este sector de la población tiene derecho a convivir con sus familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad y, que las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este derecho,
Incluso, indicaron los senadores del PRI, deben establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se realice de forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables.
