Breves Recetas de Economía: Buenos para pedir, malos para pagar
JAVIER LARA CABALLERO
Si algo presumimos los mexicanos, y en especial los zacatecanos, es del valor de nuestra palabra, faltaba más. Palabra empeñada, compromiso sellado. En este espacio, somos críticos por naturaleza de las acciones de la autoridad, pero en esta ocasión, le daremos un giro para criticar a los mexicanos sin palabra que, por lo visto, son muchos. Y si cae una pedrada por ahí, pues habrá que aguantar vara y reconocer que nos pasamos de tueste.
Hace unos días nos enteramos a través de la Secretaría de Economía, de unos datos francamente decepcionantes. Son datos devastadores, terribles y, sobre todo, que colocan en un escenario muy negativo a una parte de la ciudadanía, que, además, suele ser de las más activas, críticas y demandantes de oportunidades, como lo son los microempresarios.
La historia comienza hace algunos años cuando el gobierno federal anunció con bombo y platillo que dado que el pueblo mexicano “es sabio, responsable, solidario y de palabra”, daría inicio a un programa denominado “crédito a la palabra”, que básicamente consistía en otorgar “préstamos” de 25 mil pesos, pagaderos a un año, con una tasa de interés muy blanda, para que con esos recursos, los beneficiarios pudieran salvar sus pequeños negocios afectados durante la pandemia y así amortiguar en algo los efectos negativos de la misma. Los requisitos eran mínimos, ya que de eso se trataba, de demostrar que el gobierno estaba siendo solidario y empático con la ciudadanía. El gobierno confiando en la palabra del ciudadano.
En total 1 millón, 457 mil 907 mexicanos fueron beneficiarios de ese programa, y aquí viene lo lamentable. La Secretaría de Economía reveló que, de ese universo, 944 mil 450 deudores ni siquiera hicieron un solo pago parcial al que se comprometieron, a pesar de habérseles concedido cuatro meses de gracia; 512 mil 77 han “pagado algo” y tan solo ¡680! ciudadanos, han liquidado su crédito. 680 de 1,457,907, representa un incumplimiento global del 99.96% de los beneficiarios.
En términos monetarios, tan solo se han logrado recuperar 2mil 836 millones de los 36 mil 447 millones prestados, lo que representa una moratoria ciudadana de más de 34 mil millones de pesos, lo que equivaldría más o menos a 8 veces el presupuesto anual de una Alcaldía como Gustavo A. Madero, o el doble de lo que se destina para el pago de las pensiones a personas con discapacidad en todo el país, o incluso es superior al presupuesto anual de entidades como Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, Baja California Sur o Tlaxcala. De ese tamaño es el boquete financiero del fracaso en la cobranza del “crédito a la palabra”.
Para cerrar con el circulo vicioso, el problema de fondo es que en realidad no existe un instrumento jurídico que obligue a los beneficiarios a cubrir sus adeudos, y la propia Secretaría de Economía los considera como “subsidios”, y un subsidio no puede generar una obligación crediticia.
Un caso similar sucedió con las famosas “tandas del bienestar” que a diferencia de el “crédito a la palabra”, se entregaban a ciudadanos que estaban atravesando problemas financieros por la crisis derivada de la Pandemia. En este caso el apoyo fue de 6 mil pesos, y el incumplimiento es de alrededor del 83 por ciento. Hace poco, el presidente volvió a declarar que “el pueblo pobre, cumple más que los de arriba”.
Los resultados demuestran que, a la hora de pagar, los microempresarios y el pueblo más pobre, simplemente, no tenemos palabra, y ese, es un hecho, no una aseveración al aire. Por fin ¿Vale o ha dejado de valer nuestra palabra?
