Balance postelectoral 2015

Tras concluido el proceso electoral 2015, ahora viene la necesaria y urgente reflexión de lo que sucedió y sus respectivos resultados. Todo a modo de un análisis que nos muestre un panorama más amplio de lo que en materia político electoral sucede en México.

En este balance político electoral no se puede dejar de lado, por ningún motivo, el reconocimiento lamentable de que en esta nación tenemos una de las democracias más caras del mundo.

La relativa impunidad ante las violaciones de la ley y el alto costo de las elecciones inciden en la desconfianza que los ciudadanos le tienen al Instituto Nacional Electoral (INE), al gobierno y a los partidos y políticos.

Efectivamente, el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para que el INE organizara los comicios fue superior a los 18 mil millones de pesos y para que sólo saliera a sufragar el 47.7 por ciento de los 83 millones de votantes registrados.

Aunque, es cierto, para la inacabada democracia mexicana la participación electoral del casi 48 por ciento de la ciudadanía fue altamente positiva. Además, el INE cumplió su función de que los comicios se realizaran, incluso en Guerrero donde era más fuerte la oposición.

Con esa respuesta ciudadana se constató el fracaso del boicot que intentaban hacer a los comicios los grupos sociales radicalizados y dirigentes e intelectuales moderados que convocaron al voto nulo como protesta contra el sistema político mexicano.

Pese a que hubo una participación histórica, en general la desconfianza de las y los electores se manifestó en la jornada del pasado 7 de junio, ya que sólo un tercio de los mexicanos creen que hay democracia y la mayoría está inconforme con ella.

Esa desconfianza está motivada por el tipo de gobierno federal, el bipartidismo PRI-PAN y su excluyente programa neoliberal, que ha deteriorado el bienestar de la mayoría de la población mexicana.

Es necesario reconocer que la democracia electoral mexicana tiene un alto déficit en la libertad para elegir, debido a vicios tan añejos y arraigados, como la compra y coacción de votos con dinero privado y programas sociales de gobierno; robo de urnas; destrucciónde papelería electoral y de inmuebles; y presiones diversas contra ciudadanos.

Esas acciones antidemocráticas practicadas por grupos políticos y sociales pretenden evitar mediante la fuerza el triunfo de sus adversarios y hacer cumplir la voluntad popular.

Otro punto que se debe destacar del pasado proceso electoral, cuando se votó para renovar a los 500 diputados de la Cámara Baja, 9 gobernadores, 871 alcaldes, 600 diputados locales y 16 jefes delegacionales, es la violencia política que se vivió y que también frenó la libertad de elegir.

Datos confiables indican que durante el proceso al menos 21 políticos fueron asesinados, decenas sufrieron diversas agresiones y se registraron más de mil acciones de violencia ligadas al proceso electoral.

Además, sobresalió la debilidad y parcialidad del INE para sancionar la violación de la ley en los casos de la promoción mediática de partidos y candidatos, como fue con el PVEM.

Por ello, la tarea inmediata para evitar la tentación de violar las leyes, es que nuestro régimen jurídico deberá imponer sanciones con muy altos costos, como la pérdida del registro, ante la reincidencia de ilegalidades.

Lamentablemente y derivado de las situaciones mencionadas, el bloque neoliberal mantuvo su dominio y una vez más, desde 1982, el resultado electoral fue favorable al conjunto de los partidos neoliberales. PRI, PAN, PVEM y Panal alcanzaron el 60.89 por ciento de la votación nacional y tendrán 368 diputados federales.

Aliados, podrán continuar con sus reformas constitucionales para ampliar su proyecto privatizador a la salud, educación y agua. Sin embargo, el PRI podría prescindir del PAN para concretar reformas legislativas, pues con el PVEM y el Panal logrará una mayoría simple en la Cámara.

Con el 28.19 por ciento de los votos, el conjunto de las izquierdas logra conservar un porcentaje similar al obtenido en la presidencial del 2012, muy cercano al PRI y superior al del PAN. Este bloque izquierdista contará con 117 diputados, de los cuales el PRD tendrá 56; Morena, 35; y Movimiento Ciudadano, 26.

El PRD se mantuvo como la primera fuerza política de izquierda en 13 entidades: Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Edomex, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

Los mejores resultados del PRD fueron en Michoacán, donde recuperamos la gubernatura, y en Tabasco, Oaxaca, San Luis Potosí y Edomex.

En proyección hacia  2018, para el conjunto de la izquierda los resultados son alentadores, pues contrario a las tendencias decrecientes del PRI y del PAN, el conjunto de las izquierdas muestran una tendencia a su fortalecimiento electoral, pues en el 2015 superaron al PAN y casi empatan con el PRI.

Ya empezada la carrera para las presidenciales del 2018, queda claro que para las izquierdas la unidad es una condición estratégica para llegar fortalecida, y con altos niveles de competitividad para conquistar la presidencia de la república. Y este será nuestro reto.