Arturo Nahle denuncia construcción deficiente y quebranto por 20.2 mdp en juzgados en Zacatecas
Zacatecas, Zac.- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, Arturo Nahle García, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado contra los responsables de la construcción de dos juzgados de lo laboral en la capital que resultaron deficientes, y por los que la institución pagó 20.2 millones de pesos.
La obra, adjudicada a la Constructora Sahara SA de CV fue objeto de un convenio entre el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Tello Cristerna, y el Poder Judicial con Armando Ávalos Arellano como magistrado presidente, pero la construcción no cumplió con las cláusulas del acuerdo, se construyó una sola planta con dos juzgados y ahora el segundo nivel no puede construirse debido a la deficiente cimentación, lo que ha llevado al magistrado a presentar la denuncia.
Nahle García explicó que su intención es hacer del conocimiento de la autoridad la acción constitutiva de un delito y por ello acudió a la Fiscalía no como representante del Poder Judicial, sino como un ciudadano.
Explicó que desde el 30 de junio de 2017 se suscribió un convenio que consta de 15 cláusulas en las que se expone las fases de programación y presupuestación de las obras, así como de los procedimientos legales de adjudicación, seguimiento técnico, supervisión, ejecución y cierre físico de la construcción de una torre de seis pisos.
“Este convenio fue para que las obras que requiriera el Poder Judicial las hiciera el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Infraestructura, a cargo de José Francisco Ibargüengoitia Borrego, con cargo al presupuesto del Poder Judicial. Ellos las diseñan, las proyectan, llevan a cabo la presupuestación, las licitan, las adjudican, las supervisan”, explicó el magistrado presidente.
La obra en cuestión fue adjudicada a la empresa Constructora Sahara, SA de CV, que tiene su sede en Zacatecas y era representada por Francisco Javier Bañuelos Acuña. Según los términos del acuerdo, se acordó que la cantidad de 20 millones 290 mil 536 pesos con 95 centavos, para llevar a cabo la ejecución de los trabajos sería financiada con recursos debidamente autorizados. El pago de esta cantidad comenzó en septiembre de 2017 y se dividió en 12 estimaciones para su finalización en diciembre de 2018.
“Acudimos a principios de 2019 a la inauguración de los juzgados y resulta que era un solo nivel. No es una torre de seis pisos, la torre de seis pisos no existe. Es una planta baja con dos juzgados, muy feos, muy mal hechos, pero evidentemente esos no pueden costar 20.2 millones de pesos y la respuesta que nos dieron fue que la mayor parte del dinero se fue en los cimientos porque va a ser una torre que requiere de cimientos fuertes que soporten seis niveles. En ese momento nos pareció una explicación lógica. Los 20 millones de pesos están enterrados en cimientos”, dijo el magistrado.
La construcción del segundo nivel ha sido suspendida debido a los problemas en su cimentación. Hoy la Secretaría de Obras Públicas ha notificado que es imposible continuar debido al estado estructural de la primera etapa del edificio. Se han detectado errores en la cimentación que fueron advertidos anteriormente y se sugirió la demolición, pero no se recibió respuesta favorable en su momento.
“El 8 de febrero del año en curso se hizo un recorrido al edificio para realizar una inspección visual del sótano y revisar la condición. Se observan grietas y fisuras de los encamisamientos, lo cual nos advierte lo deficiente de la construcción, por lo tanto, se concluye por inspección que las pilas de cimentación del edificio no son aptas para resistir la construcción de otras plantas. O sea, no hay cimientos que resistan, ni siquiera, un segundo piso”.
Según Nahle García, la persona encargada de supervisar la obra advirtió sobre el error en la cimentación y ordenó su demolición, pero su recomendación no fue tomada en cuenta.
El magistrado señaló que, a pesar de la advertencia, la empresa responsable de la construcción siguió recibiendo pagos hasta alcanzar el monto total de 20.2 millones de pesos. Ahora, cinco años después, se pretende construir un segundo piso en el edificio y se ha descubierto que la cimentación no es suficiente para soportar la estructura.
El magistrado expresó su preocupación por el estado del proyecto que estaba gestionando ante la STPS, ya que el mismo se ha caído y, como resultado, puede quedarse fuera del subsidio que estaba esperando.
En lugar de quedarse callado, el magistrado ha decidido cumplir con su obligación y denunciar la situación ante la Fiscalía, solicitando una investigación exhaustiva sobre quiénes fueron los responsables de autorizar y construir el proyecto, así como quiénes pagaron, solaparon, encubrieron o causaron el quebranto económico de 20.2 millones de pesos.
El magistrado también ha declarado su intención de acudir a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado para que tome medidas en este asunto. Con su denuncia, el magistrado espera que se haga justicia y se identifiquen a los responsables de las irregularidades en el proyecto.
LNY/Redacción
