Aprobación de Ley de Asociaciones Público Privadas generará impunidad
* El diputado petista sobre el riesgo de aprobar iniciativa enviada por el Ejecutivo
WENDY DINORA HUERTA
Zacatecas, Zac.- El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Figueroa Rangel, advirtió que de aprobarse la iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas enviada por el Ejecutivo Estatal se fomentarían la corrupción y la impunidad en la contratación de obra pública. Esto al equiparar este esquema a los denominados Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), mediante los que se construyeron Ciudad Administrativa y el Gasoducto Centenario al adquirir deuda a largo plazo.
Cabe referir que en días pasados el titular de la Coordinación Jurídica, Uriel Márquez Cristerna, informó a este medio sobre la remisión de dicha iniciativa a la LXI Legislatura y hasta al momento sólo el petista ha emitido una postura sobre el tema, a la que se sumó el perredista Iván de Santiago. El resto de los legisladores, según Figueroa Rangel, guardan silencio pues muchos de ellos estuvieron relacionados en su momento con los PPS.
Al respecto, comentó que la iniciativa del Ejecutivo pretende legalizar la asociación de capitales privados con los entes públicos para generar obras de infraestructura pública lo que provocaría daños al erario pues por un lado fomentaría el monopolio pero también la corrupción.
Agregó que el antecedente más directo fue la contratación de deuda por medio de los PPS durante la administración de Amalia García para la construcción de Ciudad Administrativa, y para cuyo pago el gobierno de Miguel Alonso se endeudó de nuevo por nueve mil millones de pesos. En tanto que en este año se contrató la misma modalidad para la construcción del gasoducto.
Figueroa Rangel manifestó que la LXI Legislatura debe desechar esta iniciativa pues de aprobarla no se apoyaría a los empresarios locales sino a los foráneos, mientras que las inversiones millonarias sólo les beneficiarían a éstas y a los funcionarios en turno, además del riesgo de endeudar a la administración y que no haya liquidez para obra pública o programas sociales.
LNY/WDH