Aplicación llana de la justicia
MIGUEL TORRES ROSALES
En medio de una atroz inseguridad que azota al estado y una larga lista de homicidios dolosos registrados en los 19 meses del gobierno de Morena, que ya supera las mil ejecuciones, Zacatecas ha sido sacudido por el asesinato del abogado y músico, Raúl Calderón Samaniego.
El homicidio a balazos del joven de 37 años, en el interior de un domicilio, ubicado en la capital zacatecana, hubiera sido una estadística más en la entidad, de no ser por los personajes que presuntamente le arrebataron la vida: el entonces Presidente Municipal de Guadalupe y su esposa Presidenta Honorífica del SMDIF, hoy identificados simplemente como Julio César “N” y María de Jesús “N”.
Las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) son las que deberán arrojar la luz sobre los acontecimientos violentos, suscitados el 31 de diciembre del 2022, en contra del ex bajista de los Románticos de Zacatecas, por los delitos de homicidio culposo y robo calificado.
Todos los elementos de la investigación de la FGJEZ deberán ser aportados al Poder Judicial de la entidad para determinar la culpabilidad o no de las dos personas señaladas, siempre respetando la presunción de inocencia, consagrada en nuestra Carta Marga, hasta que un juzgador emita la sentencia de este caso.
Aunque la fiscalía haya dado a conocer que fue por motivos relacionados a los sentimientos, dicho asesinato también toma tintes políticos, porque se trata de un reconocido militante de Morena, a quien el Congreso del Estado ya le retiró el “fuero” para que enfrente el proceso penal que se lleva en su contra.
Quiero reflexionar profundamente sobre este lamentable suceso que cimbró a la sociedad zacatecana, porque desde mi óptica muestra la descomposición del tejido social en la entidad, ya que al estar involucrada la clase gobernante se visibiliza la gravedad de la problemática que vivimos en Zacatecas, al ser inconcebible que quienes eran responsable de garantizar la seguridad de la población fueron quienes posiblemente le arrebataron la vida a un ciudadano.
De ser comprobado lo anterior, el temor ante la inseguridad será todavía mayor, porque se visibilizará el estado de indefensión en el que está la ciudadanía, si es que la amenaza proviene desde la autoridad, desde el propio Poder.
Es por esto, que hago un llamado a las y los zacatecanos para no convertirse en “jueces” y acusar a priori. También pido a la FGJEZ realizar una investigación concisa y objetiva. Y solicito al Poder Judicial del Estado que, en uso de su independencia, dé la justicia que corresponde a la familia de la víctima y castigo a responsables.
Y exijo a quienes representan a las autoridades federales en la entidad y al Gobierno de Zacatecas que mantengan las manos fuera de este proceso judicial. No imiten el comportamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que a lo largo de su gestión aplica la frase, supuestamente atribuida a Benito Juárez, “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Convoco a la aplicación llana de la justicia para todas y todos.
