Alonso firma decreto para reformar Código Penal en beneficio de mujeres
Zacatecas, Zac.- El gobernador Miguel Alonso Reyes firmó el decreto para reformar el Código Penal en Materia de Reparación de Daños de los Delitos de Violación y Feminicidio, con el objetivo de garantizar una plena independencia de la mujer para que ejerza sus derechos en libertad.
En presencia de representantes de grupos defensores de los derechos de la mujer, integrantes de la Red Plural, el Jefe del Ejecutivo Estatal comentó que la administración que encabeza se ha dado a la tarea de mejorar continuamente las condiciones de vida de las mujeres y el respeto absoluto a sus derechos humanos.
En este sentido, Miguel Alonso mencionó que la reforma al Código Penal surge con el objetivo de armonizar el orden jurídico estatal con las disposiciones nacionales e internacionales, en esta materia.
Asimismo, reconoció el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil encargadas de velar por los derechos de las mujeres han realizado durante años, y del ejercicio plural en la Legislatura del Estado, para lograr concretar estas reformas.
Entre los artículos más relevantes reformados destaca el 234 y 235, en donde se deroga el delito de estupro, considerándose a partir de hoy como violación equiparada.
El artículo 237 tiene que ver con la violación equiparada y, a partir de la presente reforma, existirá la violación dentro del matrimonio; en el artículo 346, referente al incesto, la reforma considera el aumento de pena de 2 a 8 años al de 5 a 10 años.
El artículo 254 bis amplía las formas de violencia familiar acorde a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir la violencia económica y patrimonial.
Los artículos 268 al 271 derogan el delito de rapto, mediante el cual, si una persona sustraía o retenía a una mujer con fines eróticos, el delito desaparecía con el matrimonio; a partir de hoy, el Ministerio Público investigará estas conductas como privación ilegal de la libertad y violación, las cuales tienen una pena mayor.
Otro de los aspectos importantes es que a partir de la puesta en vigor de las reformas, a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá la pena máxima considerada en el Código Penal del Estado de Zacatecas, que es de 20 a 50 años de prisión, y se castigará también a las autoridades que encubran o entorpezcan su indagatoria.
Ana Hilda Rivera Vázquez, integrante de la Red Plural y Consejera de Derechos Humanos, dijo que otra de las virtudes que tienen estas reformas es la situación jurídica para la prevención, pero, sobre todo, para poner el énfasis en el castigo a la destrucción de un proyecto de vida de las personas violentadas.
María Luisa Sosa de la Torre, presidenta de la Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, comentó que el impulso de las reformas al Código Penal representa un gran acierto del Gobierno Estatal, ya que los derechos fundamentales de las mujeres siempre tienen que ser velados desde las instituciones del Gobierno.
Mara Muñoz, coordinadora del Centro de Justicia para la Mujeres, dijo que éste es un gran avance no solamente para las mujeres zacatecanas, sino de todo el país, ya que durante décadas se ha trabajado para lograr estas reformas.
Solicitó al gobernador que las reformas sean utilizadas como ejemplo ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, convirtiendo a Zacatecas en punta de lanza en materia de protección a las mujeres.
Las representantes de las asociaciones encargadas de proteger los derechos fundamentales de las mujeres felicitaron al gobernador por ser un impulsor de estas reformas, que, sin duda, son ejemplo de madurez en materia jurídica.
Para finalizar, el gobernador firmó el documento que avala el decreto para reformar el Código Penal, y que se publicará en el Periódico Oficial y de inmediato entrará en vigor.
En este evento estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Jaime Santoyo Castro; la procuradora general de Justicia, Leticia Catalina Soto Acosta; Perla Martínez Delgado, titular de la Secretaría de la Mujer de Zacatecas; el coordinador general Jurídico, Uriel Márquez Cristerna, y María Elena Ortega, integrante de la Red Plural.
LNY/Redacción
