Alejandro Tello sí contrató gran parte de la deuda de Zacatecas 

Zacatecas, Zac.- La deuda pública del estado de Zacatecas se incrementó en seis años de dos mil 200 millones de pesos heredados por la ex gobernadora Amalia García Medina del PRD, a más de 12 mil millones de pesos en la administración que en tres meses dejará Miguel Alonso Reyes del PRI.

Su delfín y probable sucesor, Alejandro Tello Cristerna, candidato a la gubernatura por la coalición PRI-Verde y Panal, contrató una parte importante de esta deuda, cerca de cinco mil millones de pesos con distintas instituciones bancarias, cuando fue secretario de finanzas estatal del 2010 a 2012, endeudando a Zacatecas hasta el año 2028.

De acuerdo con la información contenida en los mismos contratos de empréstito que a nombre del gobierno de Zacatecas, Tello Cristerna firmó con la banca comercial y la banca de desarrollo, una parte importante de los ingresos estatales y federales deberán destinarse en los próximos dos sexenios para pagar la deuda multimillonaria y sus intereses.

Varios de los documentos tienen como base legal, para ser contraídos, el decreto número 206 del congreso local, publicado el 6 de julio del año 2011 en el periódico oficial del gobierno de Zacatecas, donde se autorizó a Miguel Alonso Reyes a contratar “uno o varios empréstitos, hasta por cuatro mil 897 millones de pesos.

La mayor parte de los contratos los firmó Alejandro Tello Cristerna como secretario de Finanzas, cargo que ocupó hasta principios del año 2012, cuando fue postulado por el PRI para ser candidato a senador por Zacatecas. Antes de incursionar al ámbito político, el ahora candidato a la gubernatura por el PRI, fue directivo regional de BBVA Bancomer.

Tello Cristerna firmó el 19 de agosto del 2011 en la Ciudad de México un contrato con Banorte por la cantidad de 3 mil millones de pesos, pagadero “con afectación a las participaciones federales del estado de Zacatecas”, y con fecha límite de pago al 31 de agosto del 2028. Por Banorte signaron el documento sus apoderados legales David Alberto Salazar Vite y Roberto Aranda Gallegos.

Luego el entonces secretario de Finanzas signó dos contratos fiduciarios, con Nacional Financiera S.N.C. y número F/80176. El primero por un monto de 222 millones 322 mil pesos, con plazo de vencimiento al mes de marzo del 2015, y pactando para su pago un porcentaje de afectación del 5.22 por ciento sobre las participaciones federales del estado de Zacatecas.

El segundo documento contratado con Nacional Financiera S.N.C. fue por 173 millones 333 mil pesos, con plazo de vencimiento a diciembre del 2013 (se ignora si éste se cubrió en tiempo, pues el gobierno del estado no ha informado nada al respecto), con un porcentaje de afectación del 5.50 por ciento a las participaciones federales de la entidad.

Posteriormente, el 19 de octubre del 2011 Alejandro Tello Cristerna contrató un fideicomiso con Fiduciario Bajío/CPS por 1 mil 358 millones 389 mil pesos, con fecha de vencimiento a noviembre del año 2028 y con un porcentaje de afectación del 15.00 por ciento a las participaciones federales del estado de Zacatecas.

Asimismo Tello Cristerna firmó otro fideicomiso más, el número 1121 con Banco Invex S.A. por 1 mil 576 millones 575 mil pesos, con plazo de vencimiento a octubre del año 2028, con un porcentaje de afectación del 30 por ciento a las participaciones federales del estado de Zacatecas.

Sólo unos días después, el 31 de octubre del 2011, el mismo Alejandro Tello Cristerna celebró un “convenio modificatorio al contrato de Fideicomiso Maestro”, donde Banco Invex S.A. y Banorte -en su carácter de fideicomisario en primer lugar-, para modificar la cláusula segunda del contrato de fideicomiso. Con esta modificación eliminaron del contrato la obligación del fideicomitente (gobierno de Zacatecas) de inscribir en el registro estatal y en el registro federal dicho fideicomiso, “en razón de que dicho estado (Zacatecas), no tiene la obligación de inscribir dicho contrato de fideicomiso”. El convenio modificatorio se agregó al documento crediticio como Anexo E.

Con estos antecedentes el 1 de diciembre del año 2011, Grupo Financiero BBVA Bancomer abrió un crédito simple por 750 millones de pesos, para que de ese dinero el propio gobierno de Zacatecas cubriera a esa misma institución bancaria una deuda de 222 millones 322 mil pesos que en el año 2010 dejó sin pagar el gobierno de Amalia Dolores García Medina.

Los restantes 527 millones 677 mil pesos, serían destinados a cubrir por parte del gobierno de Zacatecas “necesidades de infraestructura” requeridas por el gobierno.

Posteriormente el 5 de enero de 2012, Alejandro Tello Cristerna firmó aún como secretario de Finanzas un “crédito simple” con Francisco Gamboa Domínguez, delegado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), por un monto de 1 mil 147 millones 850 mil pesos. Después, el 08 de diciembre del 2012 la legislatura del estado emitió un nuevo decreto, el número 464, donde los diputados locales autorizaron al gobierno de Miguel Alonso Reyes a contratar un nuevo crédito, hasta por 307 millones de pesos, con cargo a las participaciones federales de Zacatecas.

Para esa fecha Alejandro Tello Cristerna ya había sido sustituido por Fernando Soto Acosta como secretario de Finanzas, y con esta investidura contrató un nuevo crédito con Banobras por un monto de 276 millones 728 mil pesos. Sin embargo ésta vez esos recursos se etiquetaron para ser usados en forma específica en obras de infraestructura, que previamente fueron aprobadas por el congreso de Zacatecas:

“Hasta 203 millones de pesos para financiar la ejecución del proyecto ‘Sistema de Transporte Integrado en Zacatecas’ – Guadalupe”, es decir un Metrobús. Sin embargo a sólo tres meses de que concluya el sexenio de Miguel Alonso Reyes y a pesar de la aprobación y ejercicio de dicho crédito, la obra-proyecto es inexistente.

Asimismo se indica en el texto, se canalizarían 14 millones 220 mil pesos “para financiar la segunda etapa del proyecto de construcción del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses”. A dicho instituto de ciencias forenses se le canalizaron 65 millones de pesos del presupuesto federal en el año 2011 (recursos de la secretaría técnica para la implementación del nuevo sistema de justicia penal), pero al final de este sexenio, ésta obra es una más que sigue sin concluirse.

LNY/LaJornada