Alcalde de Villa Hidalgo tendrá que pagar multa a CEAIP; pierde amparo
Guadalupe, Zac.- El presidente municipal de Villa Hidalgo, Javier Huerta Garza, perdió el amparo que interpuso ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, para evitar el pago de una multa impuesta por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), por haber incumplido la norma de transparencia estatal.
La autoridad judicial federal notificó a la Comisión, la resolución que deja sin efecto el juicio de amparo número 528/2015, promovido por el actual munícipe de Villa Hidalgo, para evitar pagar con su patrimonio una multa por 33 mil 225 pesos, impuesta por la CEAIP el pasado marzo, debido a que el Ayuntamiento incumplió parte de las responsabilidades establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
Dicha sanción fue interpuesta contra el alcalde debido a que el portal electrónico institucional de Villa Hidalgo, no contaba con la información de oficio, es decir, aquella que por ley deben difundir todas las autoridades públicas en Zacatecas, incluyendo a los Tres Poderes del Estado, partidos políticos y órganos garantes. La Ley de Transparencia, establece sanciones directas en contra de las autoridades que no den a conocer a la sociedad dicha información.
Ante lo anterior, Huerta Garza, solicitó el amparo y protección de la justicia federal para evadir la sanción económica y evitar cumplir con las obligaciones que establece la norma estatal. Sin embargo, en la resolución del citado juicio la autoridad federal dio a conocer que las evidencias aportadas por la CEAIP probaron que las autoridades públicas en la entidad, incluyendo los ayuntamientos, están obligadas a respetar el derecho a saber, garantizado en Zacatecas en una norma especial y a nivel federal en el Artículo Sexto de la Constitución.
Al respeto, el Pleno de la Comisión, integrado por Raquel Velasco Macías, Norma Julieta del Río Venegas y José Antonio de la Torre Dueñas, señalaron que el fallo del Tribunal a favor de la transparencia, demuestra por un lado que las resoluciones de la Comisión estuvieron apegadas a la Ley y por otro, que los servidores públicos están sujetos a la rendición de cuentas a través de la transparencia, pues los recursos que utilizan no son de su propiedad, ya que provienen del bolsillo de los ciudadanos.
