Alarmante incremento de los secuestros
LILIA ARELLANO
Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería: Otto Von Bismark
El proyecto de seguridad nacional que ha sido vendido a los millones de indocumentados en Estados Unidos, como en el exterior, como una histórica reforma migratoria, fue aprobada por el Senado estadounidense que votó a favor de un endurecimiento inédito de la frontera con México. Con 68 votos a favor y 32 en contra de 100 senadores, fue avalada la norma partidista S. 744 –“Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de la Inmigración”-, que ahora pasará a la Cámara de Representantes, donde domina la oposición republicana, que se ha manifestado reticente a apoyarla.
El éxito de la norma, elaborada por el ”Grupo de los Ocho”, los senadores demócratas Chuck Schumer, Bob Méndez, Richard Durbin y Michael Bennet, y los republicanos John McCain, Marco Rubio, Lindsey Graham y Jeff Flake, todavía está lejos. El proyecto S744 hace énfasis en la seguridad de la frontera con México y en los controles laborales. Contempla duplicar los efectivos de la Patrulla Fronteriza, es decir aumentar en cerca de 21 mil agentes, con un coste que podría superar los 30 mil millones de dólares en una década. El texto estipula que se debe completar y reforzar la actual valla, que fue aprobada en 2006 y ya cuenta con cerca de mil kilómetros, a un total de mil 120 kilómetros, es decir, cerca de un tercio de la frontera de poco más de 3 mil 100 kilómetros que separan a Estados Unidos de México.
Asimismo, se contempla la construcción de 86 torres de vigilancia, 286 cámaras fijas, 232 sistemas de vigilancia móviles, 4 mil 595 nuevos sensores, cuatro aviones no tripulados (drones), más de 27 nuevos helicópteros, entre ellos 10 Blackhawk, 30 navíos, y una larga lista de artilugios tecnológicos. Lo que se pretende es capturar o disuadir al 90 por ciento de los inmigrantes que intentan cruzar ilegalmente. Estamos hablando de unas 300 mil personas que logran introducirse ilegalmente a suelo estadounidense, mientras que hace una década el número ascendía a un millón de personas. Adicionalmente, la ley S744 obliga a los empresarios a inscribirse en un programa hasta ahora voluntario, conocido como E-Verify, para controlar electrónicamente el estatuto migratorio de un trabajador.
La legalización de indocumentados que propone esa norma es sumamente complicada. Abre tres vías para la legalización. Los indocumentados tendrán un año para optar por una de esas opciones, una vez que la ley sea promulgada. Para los que puedan demostrar que estaban de forma continuada en Estados Unidos entre el 31 de diciembre de 2011 hasta la fecha que presentaron su demanda, el requisito será inscribirse y pagar inicialmente mil dólares de multa. Deberán esperar 10 años para obtener la “tarjeta verde” o residencia legal, aunque podrán trabajar si el gobierno aprueba su estatus provisional; los que demuestren que entraron a EU con menos de 16 años (dreamers) estarán exentos de multa y tendrán un camino especial, más rápido, de cinco años, para lograr la “tarjeta verde”. Si se alistan en las fuerzas armadas pueden obtener inmediatamente la ciudadanía; los trabajadores agrícolas que puedan demostrar que estuvieron empleados ilegalmente podrán lograr una “tarjeta azul”, válida sólo por ocho años, bajo previa multa de mil dólares. Tras cinco años, pueden solicitar la “tarjeta verde”.
Mientras dure su estatus provisional, los 11.5 millones de indocumentados no tendrán acceso a beneficios sociales como Seguridad Social, o programas sanitarios como Medicaid o Medicare. Todo el proceso de legalización está oficialmente supeditado a las condiciones de seguridad en la frontera. Habrá que tomar en cuenta que para cuando se tengan las tarjetas verdes en las mismas cantidades que el registro de ilegales actual ya el muro de la ignominia estará debidamente terminado. Si ahora se festeja esta reforma ¿quién o quienes pondrán los mariachis y los guisados para celebrar la conclusión de tan magna obra? Por cierto, como cuando construyeron la Muralla China, ahí también hay cadáveres a todo lo largo.
ELECCIONES LISTAS: IFE
Aunque el Instituto Federal Electoral (IFE) reportó este jueves que concluyó la entrega de los listados nominales definitivos a los órganos electorales locales donde habrá elección el 7 de julio, con lo que está prácticamente todo listo para que acudan a las urnas 30.5 millones de ciudadanos en 14 entidades, más el proceso extraordinario en Ciudad Obregón, Sonora, en varios estados se enfrentan dificultades por la contaminación de los comicios que ha efectuado el crimen organizado, por la intervención de los gobiernos estatales en las campañas electorales, por los escándalos de corrupción e investigaciones judiciales que se le siguen a ex gobernadores y por la violencia que impera a poco más de una semana de las elecciones.
El IFE reportó también que concluyó su tarea de administrar y vigilar la transmisión de los promocionales políticos, en los tiempos del Estado en la radio y la televisión, para el caso de las campañas locales. Informó que fueron pautados 3 mil 413 spots en cada una de las 15 entidades que celebrarán elecciones, mismos que se transmitieron en 1,451 medios de comunicación. Según el IFE, la industria de la radio y la televisión alcanzó un nivel de cumplimiento superior al 98% en esas transmisiones y destacó que, por primera vez desde que se aplica el nuevo modelo de comunicación política (2008), la transmisión de spots no fue causa de litigios con concesionarios y permisionarios.
A diferencia del panorama que en términos generales ofrecieron las autoridades del IFE a nivel general, en varias entidades los comicios enfrentan dificultades no menores por la intervención de los gobiernos estatales a favor de ciertos candidatos, por los escándalos en que se han visto involucrados, por la confrontación y “guerra sucia” entre aspirantes a cargos de elección popular, y por la acción del crimen organizado que no ha resistido la tentación de intervenir en los comicios a favor de abanderados afines con el fin de obtener en un futuro próximo protección para sus actividades criminales.
FOCOS ROJOS EN SINALOA
En Sinaloa, gobernada por Mario López Valdez y en donde se escenifica una lucha encarnizada por la búsqueda del poder político, hay focos rojos por la intervención de grupos criminales que incluso han atentado contra protagonistas de los procesos como el coordinador de campaña del candidato a la alcaldía de Sinaloa, Esteban López Beltrán, lo que hizo que la fórmula completa de la coalición “Unidos ganas tú”, se hubiese visto obligada a suspender sus actividades. En este, como en otros casos, hay pasividad de parte de las autoridades electorales y policiales del orden municipal y estatal y federal no se está haciendo mucho por esclarecerlo, e insisten en la cantaleta de que “todo está bien”.
El proceso comicial en Sinaloa se vio seriamente contaminado con la reaparición del agente de la Policía Estatal, Frank Armenta Espinoza, quien fue levantado el martes 5 de junio pasado por un grupo armado en Callejones de Guasavito, y a quien se le vio en un video donde denuncia la presunta complicidad del Gobierno estatal y en particular del gobernador Mario López Valdez, con el cártel de Sinaloa. Armenta Espinoza, quien se desempeñaba como escolta del gobernador, relata que acudió a una reunión de trabajo de su jefe en Quilá, donde también estuvo Ismael Zambada García, “El Mayo”, y Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
Relata que en dicho cónclave se trató la idea de formar un grupo para la seguridad del mismo cártel y que éste a su vez necesitaba el control absoluto del Estado y que para eso nombraron a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez como director de la Policía Ministerial, a pesar de que había tenido en su contra órdenes de aprehensión. Este a su vez nombró a Jesús Carrasco en la zona norte para que combatiera a las células contrarias al cártel de Sinaloa.
Por supuesto que el Gobierno del Estado refutó lo relatado por el ex escolta y pidió a la población “no dejarse engañar por quienes desde la ilegalidad” y la clandestinidad “pretenden confundir a la ciudadanía”, con materiales como ese video de 56 minutos de duración. De acuerdo con un comunicado oficial, el ex escolta “fue privado de su libertad”; “fue sometido y obligado a actuar de manera lastimosa y bajo mecanismos de tortura para preservar su vida”.
La competida elección en Sinaloa fue afectada por la difusión de dicho video que fue reproducido por diversos medios locales, lo que sumado a la violencia que impera en el territorio estatal contamina la elección local. Diversas encuestas señalan lo cerrado que se encuentra la preferencia electoral y la competencia entre la alianza “Transformemos Sinaloa” integrada por PRI, PVEM y Panal, frente a la coalición “Unidos ganas tú”, conformada por PAN, PRD y PT. Los sondeos señalan que si las elecciones se hubieran realizado al momento de levantar las encuestas en los cinco principales municipios, la primera alianza ganaría tres de ellos, mientras que la segunda coalición triunfaría en dos.
De acuerdo con la intención del voto del sondeo realizado a finales de mayo por Línea Directa y Think Mercadotecnia, en el municipio de Ahome triunfaría Arturo Duarte García, de la alianza PRI-PVEM-PANAL, seguido por Ernesto García Cota del PAN-PRD-PT; en Guasave, alcanzaría la victoria Armando Leyson Castro, del PAN-PRD-PT, sobre Rosendo Camacho Luque, del PRI-PVEM-PANAL; en el municipio de Salvador Alvarado, se llevaría el triunfo Liliana Angélica Cárdenas, del PRI-PVEM-PANAL, seguida de Roberto Gastélum Castro del PAN-PRD-PT; en la capital Culiacán, el triunfador sería Sergio Torres, del PRI-PVEM-PANAL, sobre Eduardo Cruz del PAN-PRD-PT; y en Mazatlán, la victoria sería para Carlos Felton González, del PAN-PRD-PT, sobre Irma Leticia Tirado Sandoval, del PRI-PVEM-PANAL.
Esos resultados de intención del voto no son para nada definitivos, sobre todo por el escándalo en que se vio envuelto el gobernador y el desarrollo de las actividades proselitistas de los candidatos a cargos de elección popular, que han ido en muchos casos cerrando la ventaja que les llevaban sus competidores. A 10 días de las elecciones la moneda sigue en el aire y la violencia en la entidad sigue incontrolable.
Cabe recordar que Sinaloa es la tercera entidad en la que la alianza PAN-PRD se logró colocar como gobierno en 2010 y ahora está sujeta a su primer prueba en elecciones intermedias. Aproximadamente 1.9 millones de ciudadanos están en el listado nominal y estarán en condiciones de elegir a 18 presidentes municipales así como 24 diputados de mayoría relativa y 16 de representación proporcional. En la elección del 2010, el PRI ganó 9 municipios y el PAN también 9, y en el Congreso el PRI resultó ganador con 15 diputados de mayoría y 8 de representación proporcional, mientras que el PAN alcanzó 9 curules de mayoría y 8 de representación proporcional. En los comicios federales del 2012, el PRI volvió a ser la primera fuerza en la elección presidencial y la legislativa, pero hoy enfrenta nuevamente a una alianza PAN-PRD, lo que le complica el panorama.
MORENO VALLE EN CAMPAÑA
La elección en el estado de Puebla se ha caracterizado por el elevado activismo político del gobernador Rafael Moreno Valle a favor de los candidatos de la alianza PAN-PRD-Nueva Alianza, lo que ha sido denunciado reiteradamente por el PRI ante las autoridades electorales estatales. También se distingue por el alto abstencionismo que prevén los sondeos de opinión y que supera el 40 por ciento, lo que hace que las encuestas sobre la intención del voto tenga realmente poco valor dado el amplio universo de indecisos que pueden inclinar la balanza hacia un lado u otro.
Durante una reciente visita a Puebla, el dirigente nacional del PRI, César Camacho, calificó al gobernador Rafael Moreno Valle como “delincuente electoral”, porque “sigue inaugurando obras, sigue haciéndose acompañar de sus candidatos y sin ningún recato y alto nivel de cinismo dice que la ley no lo prohíbe”. Camacho resaltó que en repetidas ocasiones el PRI ha pedido piso parejo en Puebla, ya que les preocupa que haya ciertas condiciones en la política local que no abonan a la transparencia y buen desarrollo del proceso electoral, además de la parcialidad que ha demostrado el Instituto Electoral del Estado (IEE).
En el contexto de la competencia estatal electoral destaca la elección en el municipio de Puebla, capital estatal en donde cualquiera puede ganar dado que hay más de 40 por ciento de electores indecisos y los sondeos dan una inclinación de 40 a 43 por ciento, dependiendo de la casa encuestadora, a favor tanto del candidato del PAN-PRD-Nueva Alianza, Antonio Gali FAyad, como del aspirante priísta Roberto Enrique Agüera Ibáñez, que encabeza la alianza “5 de Mayo”, conformada por PRI y PVEM.
El resultado es tan incierto que el propio dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, quien estuvo en la entidad esta semana, convocó a los panistas a convencer a los indecisos y asegurar el triunfo de Gali Fayad. Madero señaló que tienen la oportunidad de consolidar a Puebla como uno de los principales bastiones del PAN en el país.
En la tierra de los camotes, alrededor de 4.1 millones de ciudadanos tendrán la oportunidad de acudir a las urnas para elegir a 217 alcaldes y 26 diputados de mayoría, así como 15 diputados de representación proporcional. Del total de municipios la alianza PAN-PRD tiene 105, incluyendo la capital y el PRI 104. El Congreso local es dominado por la alianza PAN-PRD que tiene 14 curules de mayoría relativa y 7 de representación proporcional, mientras que el PRI cuenta con 12 de mayoría y 6 de representación proporcional.
HARTAZGO EN VERACRUZ
El pésimo trabajo de los gobiernos priístas, el federal que encabeza Enrique Peña Nieto, y el estatal al frente del cual está Javier Duarte, impactará en los resultados electorales del próximo 7 de julio, lo que puede favorecer las aspiraciones de los panistas. De acuerdo con diversas encuestas, tanto el gobierno federal, como el estatal y los municipales, muchos de ellos en manos de políticos panistas, tienen una calificación negativa por parte de la ciudadanía, en la cual el sentimiento predominante es el hartazgo lo que abona al abstencionismo. De hecho sólo 20 por ciento de la población declara su interés en ir a votar, mientras que del otro 80 por ciento la mitad no está dispuesta a participar y la otra mitad está indecisa, lo que hace impredecibles los resultados.
El panorama pinta para que se den elecciones muy reñidas, particularmente en los principales municipios, y en los distritos de la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, y todo parece indicar que una gran parte de las posiciones en disputa se van a resolver en los tribunales y se van a tener que hacer recuentos voto por voto. La sociedad veracruzana ya ha experimentado la alternancia en los gobiernos municipales y federal y se dio cuenta de que todos los partidos cometen los mismos errores.
Las campañas se han caracterizado por disputas todos los días en los medios de comunicación, por graves acusaciones de corrupción, lo que contribuye al hartazgo de la población. Las campañas no se han destacado por las propuestas de los candidatos, de hecho reciclan las mismas promesas, las de siempre, acompañadas por proyectos que nunca concluyen o ni siquiera inician. La inseguridad prevalece en el territorio estatal y el miedo predomina entre los ciudadanos quienes temen ser víctimas de la delincuencia, problemática que es considerada la más grave en el estado.
La tendencia del voto no está definida debido al gran número de indecisos. Sin embargo, los sondeos apuntan a una cerrada disputa por el puerto de Veracruz entre Rafael Acosta Croda, abanderado del PAN, y Ramón Poo Gil del PRI, pues la intención a favor de uno y otro no rebasa los 3 puntos porcentuales, por lo que cualquiera podría ganar, mientras que el candidato del PRD, Julio Saldaña, se ha rezagado en la preferencia electoral.
En Boca del Río el panorama es similar. Hay una reñida disputa entre Miguel Ángel Yunes Márquez del PAN y Sergio Pazos Navarrete del PRI, toda vez que la preferencia electoral para uno y otro no supera los dos puntos porcentuales. También en el caso del distrito Veracruz Urbano son menos de dos puntos porcentuales los que separan a las dos punteras, Anilú Ingram del PRI y Maryjose Gamboa del PAN. En el distrito Veracruz Rural, aventaja la panista Gabriela Reva seguida por el priísta Tonatiuh Pola. En Boca del Río va adelante el priísta Raúl Zarrabal Ferta, pero con una ligerísima ventaja sobre el panista Hipólito Deschamps Espino Barros.
La guerra sucia ha sido tan intensa que ha puesto en peligro el Pacto Veracruz que firmaron los nueve partidos políticos de la entidad con el gobierno estatal para atender denuncias y asegurar la imparcialidad de las elecciones del 7 de julio. El PRD y el Partido Alternativa Veracruzana han amenazado en diversas ocasiones con abandonar dicho pacto de civilidad política por las anomalías cometidas durante el proceso electoral. Han denunciado la falta de equidad en la contienda y el uso excesivo de recursos por parte de los candidatos del PRI. También ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) han denunciado al sindicato petrolero de desviar recursos para los candidatos priístas, sobre todo en el municipio de Minatitlán.
En Veracruz el listado nominal lo conforman 5.5 millones de ciudadanos, que representan el 6.7 por ciento del listado nacional, y que estarán en posibilidad de sufragar para elegir a 212 presidentes municipales, 30 diputados de mayoría relativa y 20 diputados de representación proporcional. De los 212 municipios que están en disputa, el PAN tiene 93, el PRD 32 y el PRI 85, incluida la capital; de los 50 diputados en el Congreso local, la mayoría la tiene el PRI con 29, seguido por el PAN con 14.
Durante las últimas elecciones, en 2004 y 2010, el PRI obtuvo el triunfo para gobernador por un escaso margen sobre el PAN; en la federal de 2012, el PRI gana la elección de diputados y el PAN la presidencial, lo que habla de la reñida competencia entre estos dos institutos políticos en Veracruz. Cabe destacar que en los comicios intermedios, en 2007 y 2009, el PRI triunfo claramente.
El tema de la seguridad es tan preocupante que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció ayer que los gobernadores de las 14 entidades que tendrán comicios el próximo 7 de julio se reunirán el lunes próximo para evaluar si requerirán apoyo de seguridad federal durante el proceso electoral.
DE LOS PASILLOS
El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, rindió su declaración preparatoria por el segundo delito que se le imputa en el Reclusorio Oriente, ahora por defraudación fiscal. La PGR acusó al ex mandatario tabasqueño por una defraudación fiscal de sólo 2 millones 156 mil 489.13 pesos, que se refieren al ejercicio fiscal 2009; y el Ministerio Público pidió que se embargaran sus bienes para garantizar la reparación del daño. La defensa de Granier analizaba al cierre de estas líneas si paga o no esa cantidad, tras verificar si dicho monto no fue pagado durante ese ejercicio fiscal.
A contracorriente de los informes oficiales, el observatorio Nacional Ciudadano reportó que en los primeros cuatro meses del año, los secuestros presentaron un incremento de 16.9 por ciento, siendo el delito de alto impacto que más ha aumentado en los últimos 16 meses. En el periodo comprendido entre enero de 2012 y abril de 2013 la privación ilegal de la libertad creció 31.4 por ciento.
Oscar Pimentel González, coordinador general de Atención a Emergencia y Consejos de Cuencas de la Comisión Nacional del Agua, confirmó que durante el presente sexenio promoverán la intervención de la iniciativa privada en los organismos encargados de la operación del servicio público del vital líquido. Lo anterior a pesar de que no hay evidencias que comprueben que la operatividad de servicios públicos en manos de la iniciativa privada garanticen su eficiencia y pese a que han propiciado la proliferación de prácticas corruptas.
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