Al tipificar feminicidio se debe garantizar evitar impunidad y proteger a mujeres
Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de conocer sus puntos de vista y conocer puntos a favor y en contra de las iniciativas para sancionar el feminicidio que actualmente se analizan en la LXI Legislatura, los presidentes de las Comisiones de equidad de género, Edith Citlalli Rodríguez González y de Justicia, Miguel Ángel Juárez Frías; se reunieron con quienes encabezan los titulares del Instituto de la Mujer del estado, Elsa Amabel Landín y del municipio capital, Verona Valencia; además de los jueces tercero y segundo de lo penal, Laura Delgado de Luna y Yuri Berhaud Reyes.
La presidenta de la Comisión de equidad, Edith Citlalli Rodríguez, expuso un comparativo de las tres iniciativas que actualmente hay respecto al tema en el Congreso, enviadas por el PVEM, PRD y el Poder Ejecutivo, para que una vez conociéndolas presentaran sus puntos de vista. La legisladora priísta señaló que el objetivo es dictaminar únicamente luego de conocer la opinión de expertos, que enriquecerán la iniciativa que llegue al pleno en el próximo período ordinario de sesiones.
Ratificó el compromiso establecido para que el tema se analice con responsabilidad, seriedad y profundidad, tal como lo amerita el caso.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Miguel Ángel Juárez Frías; agradeció la disposición a participar de todos los sectores, y reconoció que es un tema delicado en materia conceptual penal, por ello el interés de hacer una labor minuciosa que garantice evitar la impunidad y proteja a las mujeres de manera real, sin ambigüedades.
En su intervención, el juez segundo de lo penal, Yuri Berthaud Reyes; manifestó su coincidencia con varios de los puntos de las iniciativas presentadas, pero advirtió de la dificultad que existiría en la etapa de prueba, para comprobar el feminicidio, como tal; por lo que se mostró a favor de que se considere como una agravante más, lo que sumado a las ya existentes, obtendría una sentencia aún mayor a la prevista por las iniciativas del PVEM y el PRD.
Reiteró la dificultad que se enfrentaría para acreditar varios elementos, lo que teme, generaría impunidad, pues en caso de no comprobarse el feminicidio como tal, estarían después impedidos en reclasificar el delito como asesinato, lo que dejaría en libertad al presunto responsable del ilícito, por lo que pidió tener mucho cuidado en que la reforme sea clara y no tenga lagunas.
Por su parte la directora del Instituto de la Mujer del Estado, Elsa Amabel Landín Olivares; coincidió con quien lo antecedió en el uso de la voz en la postura de que la modificación considere esto como un agravante por la dificultad probatoria a la que se enfrentarían en un juicio.
Se pronunció además por incluir sanciones a las autoridades que sean omisas y no atiendan de manera oportuna las agresiones a mujeres. Agradeció la apertura del Congreso para abordar así los temas que preocupan e interesan a la sociedad como éste.
En su oportunidad, la Juez Tercero de lo Penal, Licenciada Laura Elena Delgado de Luna, consideró que el término feminicidio debe ser analizado a profundidad, pues sí no hay una definición clara, esto conllevaría a confusiones que podrían derivar en sentencias absolutorias al victimario, acotó.
Lo más viable, sostuvo la Juez, sería agregar una calificativa cuando se trate de un homicidio en contra de una mujer, y con ello se establecerían las penas bajo el criterio del juzgador.
Al hacer uso de la voz, la directora del Instituto de la Mujer del Ayuntamiento de Aguascalientes, Verona Valencia, insistió que el feminicidio deber ser un delito autónomo, que aunque no todos los asesinatos son de género, el procedimiento penal debe ser conducido de manera especial y con sanciones severas para el responsable, señaló.
La funcionaria municipal anotó que los jueces y demás autoridades deben abordar el feminicidio bajo la perspectiva de género, lo cual contribuiría a que los castigos sean más duros para aquellos que privan de la vida a una mujer.
Manifestó su preocupación porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica a México como unos de los principales países que poco atienden los casos de violencia contra las mujeres.
Por su parte, la activista social Marcela Martínez Roaro aseveró que los tipos penales que establece la legislación actual no han cumplido con su finalidad, pues no se castiga como se debe a quién comete un homicidio femenino.
También insistió que el feminicidio debe ser visto desde la óptica de conocimiento de género, porque así las sentencias condenatorias cambiarían su curso bajo este precepto, en pro de la justicia y la protección de la mujer.
A su vez, la Vocal Ciudadana del Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM), Carmen Jonás, consideró que las autoridades deben devolver la confianza al sector femenil para que se fomente la cultura de la denuncia.
Dijo además que la agresión y discriminación contra la mujer obedece a factores psicosociales que la misma sociedad ha establecido; agregó que el feminicidio es un fenómeno social alarmante por lo que ya debe ser juzgado bajo la perspectiva de género.
En seguida, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, diputada Citlalli Rodríguez González, externó su agradecimiento a los especialistas que en las dos reuniones han vertido sus opiniones, lo cual contribuirá a la construcción de un marco legal adecuado a las circunstancias sociales.
La legisladora abundó que este tema no es exclusivo del Poder Legislativo y por ello es que se toma en cuentan las observaciones de los diversos sectores y autoridades, porque es el firme objetivo de la LXI Legislatura de reflejar en las leyes las necesidades de la población, siempre apelando a la responsabilidad.
En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Miguel Ángel Juárez Frías, indicó que la protección de la mujer en la justicia penal es abordada con sentido social y responsable, por lo que no está cerrada la posibilidad de una reforma que salvaguarde la integridad y los derechos de este sector social.
Juárez Frías criticó aquella postura que su único propósito es buscar votos y no soluciones reales, abanderando causas sociales sin el previo estudio consensuado y profundo que requiere la materia.
Refirió que unos de los errores es tratar de gobernar con la norma penal, cuando esta deber estar exenta de cualquier política pública, pues basta ver como ciertos delitos menores ahora son considerados graves por el manoseo del que ha sido objeto el Código Penal.
El representante popular reiteró el compromiso de la LXI Legislatura de contribuir con el mejoramiento del marco legal, sin menoscabo de las opiniones de especialistas encargados de la impartición y administración de justicia; al tiempo de combatir eficazmente la impunidad cuando se trate de delitos de homicidios contra mujeres.
A los trabajos de la reunión, también se incorporó el diputado Netzahualcóyotl Álvarez Cardona, vocal de la Comisión de Equidad de Género.
