Adiós a un sexenio con mucha pena y poca gloria
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
“Pues bien, ya se llegó el tiempo de iniciar el juicio sobre el calderonismo. Habrá varios y quizá sean más los negativos que los positivos”, de esta forma, en una línea, el historiador y politólogo Lorenzo Meyer resume su balance respecto al sexenio que concluye.
De entrada, la economía no ha tenido un buen desempeño a lo largo de estos seis años. Así lo reconoce el propio sector empresarial del país a través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP); en su más reciente análisis semanal destaca que el ritmo de crecimiento de la economía permaneció en un nivel bajo con un crecimiento muy reducido a una tasa promedio anual de menos del 2.0%; lo que en buena medida explica el déficit existente respecto a la generación de empleos.
Precisamente, en este rubro el gobierno federal presume que se han creado 2 millones 200 mil empleos; sin embargo, queda a deber 5 millones 300 mil y más 14 millones de mexicanos fueron arrojados a la informalidad y al subempleo. De ahí que el CEESP concluya que “los avances no fueron tan buenos como se pretendía”.
El CEESP también hizo incapié en que en México seguimos bajo un sistema tributario poco eficiente “que muchas veces estimula la evasión y elusión fiscal, además de que depende en buena cantidad de los ingresos petroleros, por lo que es altamente vulnerable a eventos externos”. Desafortunadamente, la inequidad del régimen tributario es un problema persistente en el país y que responde a un orden de privilegios ilegítimos para los grandes poderes corporativos: “mientras un asalariado promedio debe entregar hasta 30 por ciento de sus ingresos por concepto de ISR, en 2010 las 30 principales empresas que operan en el país sólo pagaron en promedio el equivalente a 10 por ciento de sus utilidades”.
Por otro lado, el centro de estudios de la iniciativa privada agregó además que en materia de gasto público también debe hacerse una evaluación para detectar ineficiencias, tanto en los objetivos de los programas como en el ejercicio de los recursos o en su efectividad. Por lo cual, es preciso mencionar que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sancionó negativamente tres de los seis años de la administración del presidente Felipe Calderón (2007, 2008 y 2010) y además reprobó la Cuenta Pública de 2009 relativa al gasto en el segundo año del gobierno del presidente Felipe Calderón.
Así mismo, vale la pena destacar el enorme endeudamiento neto total del sector público federal (incluye la deuda del gobierno, paraestatales y la banca de desarrollo) durante la presente administración gubernamental; que ha registrado un crecimiento del 160%, aumentando la deuda interna en un 133% y la externa en un186%, según informes oficiales.
Como conclusión en el balance hecho por el CEESP en torno al sexenio federal, apunta lo siguiente: “es claro que a la agenda económica actual, además de crecimiento y la estabilidad macroeconómica deberán considerarse los temas que siguen pendientes, con especial énfasis en los asunto que empeoraron y los que simplemente quedaron igual”. Bajo esta tesitura, uno de los temas fundamentales en el cual no sólo no avanzamos sino que empeoramos, sin duda, lo encontramos en lo relativo al combate a la pobreza y la desigualdad.
A lo largo del sexenio, la política social implementada por el gobierno federal tuvo un desempeño marcadamente deficiente, en buena medida, debido a la baja calidad del ejercicio del gasto que reflejó en el aumento de la pobreza; es decir, el gobierno federal desperdicia y malgasta recursos públicos sin disminuir los niveles de marginación del país. Además de existir “un problema de calidad en el gasto”, como lo viene advirtiendo desde tiempo atrás el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal. Basta observar el siguiente dato: en el presente año, el presupuesto aprobado de los programas y acciones para superar la pobreza sumó un total de 317 mil 76.8 millones de pesos, 8.9% más que los 281 mil 249.4 millones de pesos erogados en 2011. Sin embargo, de acuerdo con el tema “Superación de la Pobreza” del 6 Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, entregado el sábado pasado al Congreso de la Unión; de enero a junio de 2012 se ejercieron 163 mil 222 millones de pesos, que representaron 51.5% del presupuesto total aprobado, es decir, que hubo un subejercicio importante.
Desde el año 2010, a través de la “Medición de la Pobreza Municipal 2010” el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), concluyó que en México no se ha implementado una política eficaz para resolver la situación crítica en la que se encuentran más de 1,000 localidades que cuentan con el 75% de su población sumergida en la pobreza, así como las 190 ciudades que actualmente concentran el 50% del total de los pobres del país. Dicho reporte brindó la posibilidad de contar con un diagnóstico más amplio de los resultados de la política social en los Municipios y evidenció la incapacidad del gobierno federal para resolver la grave pobreza que aqueja al 46% de las y los mexicanos; porque no se ha roto el esquema de aplicación centralista y bajo criterios político-partidistas de los programas sociales. Este fracaso es constatado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al señalar que entre el año 2008 y 2010 hubo un incremento de más de 3 millones 600 mil personas en condiciones de pobreza y cerca de 4 millones de indigentes.
Es evidente que esta situación se ha agravado en el transcurso de los 12 años de gobiernos panistas, pero aún más en el presente sexenio: cabe recordar que en el 2006, la canasta básica costaba 805 pesos, a finales de 2011 estaba en mil 67 pesos, un alza de 32%, es decir, que con menos se compraba más: con tres salarios mínimos (4 mil 380 pesos), se podía pagar una canasta básica similar a la actual e inclusive sobraban mil 316 pesos. En 2008 el número de pobres en situación de pobreza alimentaria era de 21 millones de personas; cifra alarmante si se considera que el sexenio anterior, 12 millones de mexicanos ingresaron a las filas de la pobreza (CONEVAL). Así mismo, mientras que los precios de los alimentos se han disparado más de 200% en el sexenio, el huevo ha triplicado su precio, pero el salario mínimo ha aumentado sólo un 28%. El Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana (UI), estima que los salarios cayeron 32% en promedio desde 2006 y que el poder adquisitivo de las y los mexicanos se redujo 4,2%, con un mayor impacto sobre los segmentos más pobres de la población. Esta caída del poder adquisitivo de los salarios en México, los ubican en los niveles más bajos a escala internacional; situación que también responde a una política deliberada de contención del ingreso, muy característica del esquema neoliberal.
Es indudable que la política económica y social (antisocial) del gobierno del presidente Calderón fracasó: la economía mexicana prácticamente no creció en los últimos seis años: sólo aumentó un 1.78% en promedio; y el calderonista, es el segundo sexenio de menor crecimiento en 30 años de neoliberalismo. Durante la presente administración, los más pobres en el país han tenido que cargar con una enorme presión del Estado, cuyas consecuencias se resintieron en el desempleo, despidos, recortes salariales, mayor explotación, ataques a los servicios públicos, entre otros aspectos; sin embargo, una de las expresiones más alarmantes la observamos en la muerte de miles de jóvenes a causa de la “guerra” contra el narcotráfico (tanto policías, sicarios o víctimas civiles inocentes).
Justamente, el periódico francés Le Monde, una de las publicaciones de mayor circulación en Francia, señala la cifra de 90 mil muertos, en México, la información oficial sobre el número de homicidios se oculta desde octubre del 2011, pese a que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ha ordenado a la PGR dar a conocer esta información a los ciudadanos. Inclusive, Le Monde calificó los efectos de esta “guerra” como una “espiral de la barbarie”, “auténtica hecatombe” y “gangrena que corroe al país”. Felipe Calderón inició una guerra sin análisis, ni diagnóstico y sacó al ejército a las calles para efectuar labores que no le corresponden; pero “simplemente decidió no usar la fuerza del Estado en un campo donde con menos sangre, con menos gasto y con menos violaciones de derechos humanos, hubiera podido dar golpes fuertes en la zona que más hubiera afectado a los señores de la droga: el del lavado de dinero”, tal como señala el ya citado Lorenzo Meyer.
La aplicación de esta estrategia puso de manifiesto la falta de compromiso presidencial con los derechos humanos. Esta situación la podemos confirmar en la controversia constitucional que el Ejecutivo presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Víctimas (aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión); al respecto, el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, lamentó la actitud del mandatario al señalar que su planteamiento sobre dicha ley “es una trampa, una simulación y una mentira de Calderón”.
Finalmente, sabemos que no todo es negro o blanco ni hay absolutos; sin embargo, pese a los aciertos que se hayan alcanzado en el sexenio que agoniza, la percepción generalizada indica que pesan más los malos resultados. Hoy en día, nuestro país enfrenta una problemática muy compleja y delicada, marcada por la desigualdad social y la pobreza, el desempleo, el rezago educativo, la corrupción, la violencia y ante el riesgo de una regresión antidemocrática todavía mayor en México.
De ahí que resulta urgente la suma de esfuerzos por parte de todos los sectores progresistas del país en defensa de los derechos sociales y en la lucha por cambiar el modelo económico imperante con su carga de exclusión y arbitrariedad, así como por la regeneración del conjunto de procesos institucionales y políticos de nuestra vida pública. No podemos renunciar a construir un futuro mejor, ni cesar en nuestro empeño por erigir de una vez por todas, un México realmente democrático, incluyente y justo; una Patria ajena a las calamidades que hoy son cotidianas y ante las cuales, hemos perdido capacidad de asombro; pero no por ello, nuestro sentido común y dignidad para denunciar su carácter repudiable e intolerable.
