Acceso a la justicia, clave para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas
Zacatecas, Zac.- En el marco del panel “Experiencias en el acceso a la justicia para personas defensoras y periodistas”, la magistrada Ruth Lucio Sánchez, presidenta del Tribunal Especializado en Justicia Penal para Adolescentes, subrayó la importancia del acceso a la justicia como un derecho fundamental para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y la libre expresión.
El evento, organizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, sirvió como escenario para la presentación del informe “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, elaborado por Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Durante su intervención, la magistrada Lucio Sánchez destacó que, pese a que el acceso a la justicia está protegido por normativas internacionales, las agresiones contra defensores y periodistas siguen siendo una preocupación global. “Es imperativo que los casos de agresiones sean investigados de manera exhaustiva e imparcial. No solo es una obligación del Estado, sino una responsabilidad moral”, afirmó.
En este contexto, resaltó la relevancia de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual establece un mecanismo integral para salvaguardar la vida, integridad y libertad de quienes enfrentan riesgos por su labor. Este mecanismo, que coordina esfuerzos entre distintos niveles de gobierno y organismos públicos, busca implementar medidas preventivas y de seguimiento, así como facilitar la investigación de delitos cometidos contra estos actores.
Lucio Sánchez también hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia para que actúe con urgencia y diligencia en la recopilación de pruebas sólidas que permitan esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.
El panel puso de relieve las constantes amenazas, intimidaciones y ataques que enfrentan defensores y periodistas, situaciones que los colocan en grave vulnerabilidad. La magistrada enfatizó que, sin una respuesta efectiva del Estado, la labor de estos actores esenciales para la democracia seguirá estando en riesgo.
LNY/Redacción
