A propuesta de Benelly Hernández, diputados perfilan multas por injurias al presidente
Ciudad de México.- La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que incrementa sanciones por “injuriar” al presidente de la República. La propuesta es de Morena y presentada por la diputada por Zacatecas, Bennelly Jocabeth Hernández, fue aprobada sin discusión con 19 votos a favor del bloque mayoritario y uno de Movimiento Ciudadano, nueve en contra de la oposición y cero abstenciones.
El proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Delito de Imprenta también multiplica siete veces las penas pecuniarias a medios impresos por injuriar a secretarios de despacho, al Fiscal General de la República, a los gobernadores, al titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a los legisladores.
Por lo que hace al Artículo 33, que contempla el castigo para quienes cometan ataques contra el orden y la paz pública, propone sancionar las injurias al presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, con multa que va de cinco a 40 UMA.
La misma sanción se impondrá para las ofensas a un magistrado de la Suprema Corte, magistrado de circuito o del Distrito Federal o de los estados, juez de distrito o del orden común ya sea del Distrito Federal, de los territorios o de los estados, a un individuo del Poder Legislativo federal o de los estados, o a un general o coronel, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, o contra cualquier otro cuerpo público colegiado distinto de los mencionados en las fracciones anteriores ya sean de la Federación o de los Estados.
También, se castigarán con la misma multa los casos de injurias a naciones amigas, a los jefes de ellas o sus representantes acreditados en el país.
En tanto, las cometidas contra secretarios del despacho, al fiscal general de la República o directores de departamentos federales, gobernadores, titular de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, o a los tribunales o legislaturas, la pena irá de cinco a 10 veces la UMA.
Los mismos montos se aplicarán a las injurias al que mande la fuerza pública, a uno de sus agentes o de la autoridad, o a cualquiera otra persona que tenga carácter público y no sea de los mencionadas en las cuatro fracciones anteriores, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
De acuerdo con el proyecto, los ataques al orden público o a la paz pública se castigarán con pena de prisión de seis meses a un año y una multa de entre cinco y 40 UMA, es decir, de entre 481 y 3 mil 848 pesos, tomando en cuenta que, para el mes de febrero, el valor de dicha Unidad será de 96.22 pesos.
Para el caso de los secretarios de despacho, gobernadores, legisladores y titular del Gobierno capitalino, la pena de prisión seguirá siendo de tres meses a un año, mientras que la multa se eleva de cinco a 40 UMAS.
En el caso de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de circuito, jueces, generales y coroneles, las injurias serán sancionadas con pena de prisión de entre uno y seis meses y con multas que van de 481 a tres mil 848 pesos. Actualmente, las multas para estos casos son de entre 50 y 300 pesos.
“Si la injuria se verificare en una sesión del Congreso o en una audiencia de un tribunal, o se hiciera a los generales o coroneles en una parada militar o estando al frente de sus fuerzas, la pena será de dos meses de arresto y dos años de prisión y multa de cinco a 40 UMAS”, agrega.
Para este caso, la multa actual se establece entre 200 y dos mil pesos.
La propuesta señala que para quien injurie a un mando policial, a uno de sus agentes, a la autoridad o a cualquier otra persona que tenga carácter público, la multa será de entre 481 y 962 pesos. La ley vigente la ubica en entre 25 y 200 pesos.
Finalmente, plantea que las injurias a las “naciones amigas”, a sus mandatarios o a los representantes acreditados en el País, se castigarán con pena de prisión de uno a 11 meses y multa de entre 481 y tres mil 848 pesos. Hoy en día estas sanciones son de entre 50 y 500 pesos.
Según la exposición de motivos, es necesario modificar la Ley sobre Delitos de Imprenta, porque es anacrónica e insuficiente.
El dictamen advierte que las multas que establece van de 25 a dos mil pesos y las penas de prisión no rebasan los dos años, lo que ha impedido que funcionen como un inhibidor en la comisión de delitos contra del orden público.
“Reiteramos que las multas que se aplican son demasiado laxas por lo que no aluden a desincentivar a cometer los ilícitos, por lo que se debe actualizar, de otra manera no habrá coerción para aplicar sanciones y se contrapone con las sanciones del Código Penal, por lo que también deben reformarse”, sentencian.
LNY/Redacción
